En una decisión unánime de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, se concluye que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal no se hicieron en violación a la Cláusula de Nombramientos de la Constitución Federal, ya que el organismo creado bajo la Ley federal PROMESA atiende temas estrictamente de Puerto Rico.
Básicamente, el máximo foro judicial de Estados Unidos concluye que las tareas de la Junta son territoriales y/o locales, por lo que sus miembros no requieren confirmación del Senado federal.
“Concluimos, por las razones indicadas, que la Cláusula de Nombramientos de la Constitución se aplica al nombramiento de funcionarios de los Estados Unidos con poderes y deberes en y en relación con Puerto Rico, pero que el proceso ordenado por el Congreso para la selección de miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico no viola esa Cláusula. Ante esta conclusión, no necesitamos considerar la solicitud de algunas de las partes de que anulemos los muy criticados “Casos Insulares” y su progenie “, expresó el Juez Supremo Stephen Breyer en la opinión del Tribunal.
Por su parte, Breyer destacó en su escrito que la jueza Sonia Sotomayor en una concurrente, indicó que no era necesario entrar en cuestiones relacionadas a la aplicación de la Ley de Relaciones Federales. Los jueces Sotomayor y Clarence Thomas realizaron expresiones concurrentes a la determinación.
“Seguramente nuestros fundadores, habiendo trabajado para lograr tal reconocimiento de autodeterminación, no verían ese mismo reconocimiento con respecto a Puerto Rico como un mero acto de gracia. Sin embargo, debido a que estos problemas no se presentan adecuadamente en estos casos, renuentemente estoy de acuerdo en el juicio”, expuso Sotomayor, quien en su opinión concurrente resume la historia de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos.
De esta forma, el Supremo estadounidense revocó una determinación del Primer Circuito de Apelaciones.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, uno de los que presentó este caso ante el Supremo, reaccionó reconociendo el trabajo realizado por sus abogados, Rolando Emmanuelli y Méndez Colberg, asegurando que se hizo lo correcto de su parte y que “hay que seguir”.
En el 2019, ante un pedido de un grupo de acreedores y la UTIER, solicitaron que se analizara los nombramientos de la Junta por estos no pasar la aprobación del Congreso, cosa con la que la totalidad de los jueces rechazaron ya que los mismos son para asuntos estatales y locales.
La vista de argumentación en este caso fue el pasado 15 de octubre.
Lee aquí la determinación:
18-1334_8m58 by Metro Puerto Rico on Scribd
Te podría interesar:
This browser does not support the video element.
