A dos años de que se desembolsaran sobre $224,100 en fondos públicos para la compra de una guagua blindada –que originalmente se pensó para el uso del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares–, las agencias de ley y orden apenas han indagado en el asunto pese a que, al día de hoy, el gobierno no ha recibido el vehículo y ni siquiera mantiene comunicación con la compañía encargada de hacerle las especificaciones.
El secretario de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, dijo anoche en el programa Jugando Pelota Dura que hoy hará un referido formal al Departamento de Justicia para que investigue los pormenores de la transacción, para la cual la Oficina del Gobernador hizo un pago de $165,950 el 9 de marzo de 2018, que fue complementado el 26 de octubre de ese año por el Negociado de la Policía mediante otro desembolso de $58,150.
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El 17 de julio de 2018, tras destaparse la compra, Rosselló Nevares ordenó que la Chevrolet Suburban “Premier”, en lugar de utilizarse para transportarlo a él y su familia, se destinara a la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) de la Policía.
En aquel momento, La Fortaleza alegó que el exgobernador desconocía el precio de $245,000. Sin embargo, Mariana Cobián, secretaria de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez, confirmó ayer que en los registros de la Mansión Ejecutiva aparece un viaje a Texas realizado entre el 8 y 10 de julio por Raymond Cruz, quien era ayudante y uno de los funcionarios más cercanos a Rosselló Nevares en su estancia como gobernador. Cobián no pudo precisar a cuánto ascendió el costo del viaje de Cruz, quien fue acompañado de “un funcionario del DSP”.
Debido a que, casi dos años después, el DSP no ha recibido el vehículo, el pasado 29 de mayo Janer refirió a la contralora Yesmín Valdivieso un tracto de la comunicaciones que la agencia ha mantenido en ese periodo con Texas Armoring, la compañía con base en la ciudad de San Antonio que estaba encargada de elaborar las especificaciones de la guagua.
Sin embargo, ayer, en entrevista con este diario, Valdivieso afirmó que consideraba que no es mucho lo que su oficina puede hacer en este momento.
“Lo cierto es que al día de hoy, según Pedro Janer me informa, la guagua no ha llegado. Está paga y es un activo del pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo que tiene que ser la secretaria de Justicia, por lo menos diciendo en una carta ‘nos entregas eso en los próximos días o te demando, o nos devuelves el dinero’”, indicó Valdivieso, quien también señaló que esperaba comunicarse con la jefa de Justicia, Dennise Longo.
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No obstante, en horas de la noche, Longo envió unas declaraciones escritas en las que aseguraba que Valdivieso no le había realizado ningún referido.
“Toda comunicación y referido que fuese entregada a nuestra atención en un futuro será objeto de evaluación e investigación, cuando así lo amerite, conforme a nuestro deber ministerial”, expresó Longo por escrito.
Valdivieso reconoció que en 2018 varios auditores de su oficina llegaron a entrevistar empleados del DSP con relación a la compra, pero que esa investigación quedó en el aire. El tema de la transacción para adquirir el vehículo podría retomarse en la auditoría al Negociado de la Policía que próximamente comenzará su oficina, anticipó la contralora.
En un breve intercambio telefónico con este medio, Mike Weaver, el ejecutivo de Texas Armoring que se comunicó con el DSP en varias ocasiones entre octubre y noviembre de 2019, indicó que la política de la compañía es de total confidencialidad sobre los asuntos de alguno de sus clientes. El gerente de cumplimiento en ventas y exportaciones de la empresa, Lawrence Kosub, respondió lo mismo a preguntas enviadas por correo electrónico.
Janer, en el programa televisivo, señaló que se evaluaría si Texas Armoring había incumplido con el contrato, lo que pudiera derivar en una solicitud para la devolución del dinero. De proceder con la compra, Janer admitió que el DSP podría tener que desembolsar una cantidad adicional para completar el precio de $245,000, ya que la reducción a $224,100 estaba sujeta a que la agencia pagara el balance en o antes del 24 de octubre de 2018, lo que no ocurrió.
Román se defiende
Por otra parte, a través de su portavoz, el exsecretario del DSP y ahora secretario de Estado designado, Elmer Román, defendió su gestión con relación a los esfuerzos para lograr traer la guagua blindada a Puerto Rico. En el referido a la contralora, Janer apuntó que “no tuvimos transición al asumir nuestro cargo como secretario de Seguridad Pública y no hemos podido identificar un expediente detallado de la transacción en cuestión”.
Janer, en declaraciones escritas, suavizó ayer esas expresiones al mencionar que Román sí le avisó de la controversia sobre el vehículo y que la “transición formal” no se pudo concretar debido a los terremotos que impactaron a Puerto Rico en enero de este año.
La portavoz de Román, Marilú Santiago, dijo que el funcionario, mientras estuvo en el DSP, ordenó una auditoría sobre la transacción que, al completarse, se remitió a La Fortaleza y que permaneció en el expediente del DSP sobre la compra.
Aunque la oficial de prensa del DSP, Kiara Hernández, indicó que esa auditoría consistió de una cronología de tres páginas que se incluyó en el referido a la contralora al que Metro tuvo acceso, Santiago aseguró que el documento es uno más abarcador. Este medio le solicitó el documento a La Fortaleza para corroborar si es el mismo que aparece en el referido del DSP, pero al cierre de esta edición no se había enviado.
En sus declaraciones a Metro, Santiago aseguró que, al momento de la salida de Román del DSP, en diciembre de 2019, el acuerdo que existía con Texas Armoring era que entregarían la guagua blindada entre abril y mayo de este año.
En tanto, el senador Henry Neumann anunció ayer la radicación de una resolución para investigar la compra.
