La compañía Texas Armoring, que no ha entregado al gobierno de Puerto Rico una guagua blindada pese a haber recibido pagos por $224,100, colocó en las autoridades el peso de la culpa por no haber completado la transacción.
En declaraciones escritas, señalaron que el gobierno de Puerto Rico permitió la “filtración” de los detalles de la compraventa en 2018, lo que retrasó el proceso de elaborar el vehículo con todas las especificaciones requeridas.
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“Las alegaciones de malversación de fondos son completamente falsas. El gobierno de Puerto Rico incumplió con el contrato desde que los detalles del proyecto se filtraron a la prensa en 2018. Esto desencadenó una serie de eventos que resultaron en múltiples cambios al punto de contacto, numerosas solicitudes para detener la producción y cambios solicitados en las especificaciones del vehículo. Este vehículo será entregado tan pronto como el gobierno de Puerto Rico clarifique las especificaciones. En nuestra opinión, esta situación es el resultado del pobre liderato gubernamental y una pesadilla burocrática”, lee la declaración atribuida al presidente de Texas Armoring, Trent Kimball.
Ayer, en el programa Jugando Pelota Dura, el secretario de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, dijo que el problema que enfrenta su agencia es que desconoce en qué estado se encuentra la guagua, a más de dos años de que el gobierno ordenara su compra.
La orden de compra se generó en febrero de 2018 a un costo original de $245,000. En ese momento, la intención era que el vehículo se utilizara para el transporte del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su familia.
Una vez trascendieron públicamente los detalles de la compra, en julio de ese año, el exmandatario dispuso que el vehículo, una guagua Chevrolet Suburban “Premier”, se destinara a la División de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) de la Policía.
Entre marzo y octubre de 2018, la Oficina del Gobernador y el Negociado de la Policía realizaron de manera combinada desembolsos por $224,100 para adquirir la guagua.
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Ayer, miércoles, Metro reveló que Janer, el 29 de mayo, solicitó a la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, una “investigación exhaustiva” sobre la transacción, argumentando que el DSP confrontaba problemas incluso para contactar a los oficiales de Texas Armoring.
Hoy, el secretario se proponía referir documentación al Departamento de Justicia, habiendo afirmado que mantiene todas las opciones sobre la mesa, incluyendo cancelar la transacción y solicitar la devolución del dinero o proceder con la compra, lo que posiblemente implicaría el desembolso de fondos adicionales.
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