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Buscan ofrecer internet gratis en Puerto Rico

La propuesta de internet gratis la presentó el senador del Partido Independentista Puertorriqueño y candidato a la gobernación de Puerto Rico, Juan Dalmau.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, presentó este jueves una propuesta que busca implementar un modelo público de acceso al internet totalmente libre de costo a todo el pueblo.

El proyecto ordena a PREPA Networks y a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico orquestar el esfuerzo.

“El contexto que vivimos ante la pandemia obliga a repensar los servicios esenciales del gobierno”, expresó el también candidato a la gobernación de Puerto Rico. “La pandemia ha obligado a todas las personas en el país a observar normas estrictas de distanciamiento social y a permanecer recluidas en los hogares”.

Para que la propuesta “Ley de libre acceso al Internet” sea efectiva, el senador mencionó que es necesario derogar la Ley Número 80 denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”.

El derogar el estado de derecho actual permitiría que las entidades gubernamentales ostenten las prerrogativas para insertarse de nuevo en el mercado informático, explicó a través de un comunicado de prensa.

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Dalmau mencionó que cerca del 50% de la población no tiene acceso al internet. “Esto pone de manifiesto la urgencia de que nuestro pueblo tenga acceso libre y gratuito a Internet de Banda Ancha como un servicio esencial que necesita hacerse disponible por razones educativas, económicas, laborales y morales”.

Esta necesidad se resalta en momentos en los que las clases del sistema público de enseñanza de Puerto Rico será a través de metodologías educativas en línea, ejemplificó.

El senador por el PIP llamó a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de Puerto Rico a que conviertan en ley la medida para que se establezca como política pública del gobierno.

“El acceso público a Internet de Banda Ancha es un servicio esencial de alto interés público y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y al trabajo”, concluyó.

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