La madre y activista de educación especial, Jinnette Morales, solicitó el viernes, a la gobernadora que no firme el Proyecto de la Cámara 1945, que persigue de forma específica eliminar varios de los derechos que a través del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación han alcanzado los niños y niñas con diversidad funcional.
Acompañada del representante Denis Márquez, y de María de Lourdes Santiago, Morales explicó en comunicación escrita que el mismo proyecto ya se había presentado en el año 2018 como Proyecto de la Cámara 1484, y que “le hacía tanto y tanto daño a nuestra población que hasta la ex secretaria Keleher pudo entenderlo, y ya en enero de 2019 el anterior gobernador Rosselló lo había vetado. Durante el proceso de discusión en la legislatura de ambas versiones todas las organizaciones que representan a las familias de educación especial, a las maestras, a las proveedoras de servicio, todas explicaron que el proyecto le hace daño a nuestras hijas e hijos, que nos quita lo que se ha ganado en treinta años del pleito de clase. El propio Departamento señaló más de 100 deficiencias y aún así lo aprueban. En este país han ocurrido muchas cosas terribles, pero es la primera vez en la historia que se legisla específicamente para quitarle derechos a niños de educación especial”.
El Proyecto de la Cámara 1495, indicó María de Lourdes Santiago, busca que los servicios se tarden aún más en llegar. “Según acordado en el pleito de Rosa Lydia, el Programa Educativo Individualizado (PEI) de cada niña tiene que estar listo en mayo. El 1495 mueve esa fecha para 30 días antes de que empiece el otro semestre, cuando ya se aprobó el presupuesto de la agencia, cuando no hay personal suficiente trabajando, con menos tiempo para identificar proveedores. De esa forma, los servicios o no se dan o se dan mucho más tarde, y el Gobierno se ahorra ese dinero, a costa de las niñas y niños. Además, obliga a que las revisiones de las decisiones administrativas, en lugar de ir directo al Apelativo, se vean en primera instancia como un nuevo juicio, lo que implica costos que la mayoría de las familias no pueden pagar. El Proyecto lleva todavía más politiquería al Departamento, porque hace que los jueces administrativos sean confirmados por el Senado, y obliga al Departamento a gastar en alquileres, porque prohíbe que las vistas se hagan en espacios del DE. Si la Gobernadora firma ese proyecto, le dará un golpe terrible a la educación especial”.
Santiago informó, además, que en el día de hoy cursará una carta a la Gobernadora explicando en detalle porqué debe vetar la medida y para solicitarle una reunión.
Las vistas se celebrarán, según explicó Morales, con una nueva ventaja para el Departamento en contra de los niños: “Ese proyecto crea una figura que se llama “defensor de la niñez” para que comparezcan a las vistas en representación de los niños. Se trata de personas que sólo tienen que tener cuarto año de escuela superior y un “examen teórico” del Departamento de Estado y con eso se supone que le hagan frente a los abogados del gobierno, que sí estudiaron derecho y son litigantes con experiencia. Lo que buscan es hacer negocio a costa de las niñas con diversidad funcional.”
El Proyecto plantea crear una Secretaría separada para Educación Especial, lo que, expresó Morales, “es un templo a la segregación, que no considera que el 76 por ciento de las estudiantes con diversidad funcional están en corriente regular. Añadió que la mayor parte de las 189 páginas del proyecto “son totalmente inútiles, porque lo único que hacen es traducir legislación federal, que ya es aplicable a Puerto Rico”.
Por su parte, el representante Denis Márquez denunció que igual que con otras medidas que le restan derechos a la ciudadanía, se ha utilizado la emergencia de la pandemia para su aprobación. Añadió que con las ya precarias condiciones de trabajo en el DE, el Proyecto 1495 establece que lo allí dispuesto “prevalecerá sobre cualquier convenio colectivo o ley laboral aplicable”. Tampoco, denunció, se justifica el gasto multimillonario que el proyecto representa con sus nuevas estructuras burocráticas.
“La población de educación especial es la probablemente la más protegida jurídicamente en este país. No hacen falta leyes; hace falta cumplir las muchas que hay. La gobernadora tiene que decidir si va a pasar a la historia de los derechos civiles en Puerto Rico como la persona que escogió quitarle derechos a los pequeños más vulnerables del país”.
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