Por temor a un tsunami, Sheyla Alvarado salió aquel día de su casa en una comunidad costera de Ponce. Cargaba el concentrador de oxígeno con el que trata su hipertensión pulmonar, pero necesitaba electricidad para usarlo y proteger su vida. El terremoto de ese 7 de enero de 2020 se lo ponía difícil. Se había dañado una central eléctrica, causando un apagón total en Puerto Rico.
La solución para ella debía estar en un refugio especializado en atender a enfermos. Supuestamente lo iba a poner en marcha el Gobierno, con una planta eléctrica que permitiría el uso de equipos médicos como el de Sheyla en caso de desastres naturales como los temblores o la temporada de huracanes. Así lo había asegurado Carlos Acevedo, excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el 20 de diciembre de 2019.
Dieciocho días después de esa entrevista, cuando el terremoto de magnitud 6.4 en la escala Richter sacudió la isla, quedó al descubierto una vez más la falta de preparación del Gobierno de Puerto Rico y del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS) para atender adecuadamente a los pacientes conectados a máquinas. En Puerto Rico son más de 40,000, según HHS. El terremoto puso en evidencia que no se ha aprendido una gran lección del huracán María: la falta de electricidad puede matar a envejecientes y enfermos.
La localización de Puerto Rico en la ruta de las tormentas atlánticas aumenta la necesidad de terminar con el ciclo de negligencias y errores al momento de implantar la respuesta para este sector de la población. Hay un 60% de probabilidad de que la temporada de huracanes, que comenzó el primero de junio de 2020, sea más activa de lo normal, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que proyecta este año de tres a seis huracanes de alta intensidad.
A diferencia de una persona sana, que está incómoda por no tener el lujo de un baño caliente durante un apagón, quienes viven conectados a estas máquinas corren el riesgo de dejar de respirar cuando se interrumpe el servicio de energía eléctrica. Lo necesitan para operar máquinas de diálisis, camas de posiciones, colchones inflables que evitan úlceras, además del equipo respiratorio como el que usa Alvarado. Por eso, a estos pacientes se les identifica como dependientes de electricidad.
“Estas también se consideran personas con impedimentos, porque sin esos equipos tienen problemas para trabajar y para llevar a cabo funciones de la vida diaria”, explicó Betzaida Ramos, directora ejecutiva del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), una organización no gubernamental que trabaja por la autonomía y el desarrollo de las personas con limitaciones.
Alvarado fue a buscar ayuda a la Escuela Lila Mayoral de Ponce, que en la temporada de huracanes de 2019 fue uno de esos refugios especializados (con reserva de agua, planta eléctrica y servicios de enfermería o de cuidadores). Pero la escuela estaba cerrada. Problemas con la planta eléctrica no permitieron activar ese albergue, aseguró Jomalys Matías, una supervisora de la Administración de Vivienda Pública en los municipios del sur. “La cablería de la planta eléctrica se la comieron las ratas”, sostuvo. Y no hubo refugios especializados cerca para atender a esta población.
Entre los alcaldes de Ponce, Yauco y Guánica reinaba el desconocimiento sobre estos pacientes enfermos a casi una semana después del terremoto, encontró el CPI en una visita a los municipios afectados. “No sabemos el número de estos pacientes en nuestro municipio”, dijo el alcalde de Guánica, Santos Seda. La oficina de prensa de Ponce indicó que tampoco conocía la cifra de los dependientes de electricidad en su pueblo. Después del terremoto, ese municipio había recibido a dos pacientes que usaban concentradores de oxígeno en uno de los refugios.
Pasaron cinco días antes que el Gobierno comenzara a ofrecer una alternativa. La Guardia Nacional empezó a montar casetas en Guánica con acceso a energía eléctrica para recibir a pacientes encamados. También había una carpa con aire acondicionado que había instalado el municipio, en la que se encontraban envejecientes, entre estos una mujer de 92 años que pudo conectar su máquina de oxígeno, un succionador de saliva, una cama de posiciones y un colchón inflable. No era el refugio especializado que había anunciado Acevedo. Los alcaldes estaban atendiendo a esta población a medida que llegaban y no porque hubiera una estrategia para identificarlos y buscarlos en sus hogares o porque se les hubiera orientado previamente sobre a dónde debían ir, como lo indica el protocolo de HHS. A algunas de las personas con impedimentos las llevaron al Campamento Santiago de la Guardia Nacional en Salinas, aseguró Jomalys Matías. Pero no era suficiente.
“Esto es algo que nos preocupa. En el caso nuestro, los estamos llevando a hospitales porque no hay lugar seguro para llevarlos”, dijo al CPI el alcalde de Yauco, Ángel Torres, el 12 de enero. “Llevamos 72 horas esperando por el tent city (campamento que instalaría la Guardia Nacional) para poner a los pacientes que nos lleguen. Deberíamos actualizar la lista de estos pacientes junto con el Gobierno, para directamente darle servicios a estas personas”, añadió.
El desconocimiento sobre los dependientes de electricidad era generalizado. Acevedo dijo durante la entrevista con el CPI que le había exigido a los alcaldes que en sus planes municipales de emergencias tenían que contar con un censo sobre dependientes de electricidad, para saber dónde buscarlos ante un desastre. Pero este censo, al menos en estos municipios, nunca se concretó.
El Gobierno de Puerto Rico ahora dice que sería discriminatorio hacer refugios especializados
La directora de programa de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta del Departamento de Salud de Puerto Rico, Jessica Cabrera, dijo al CPI que le había entregado al NMEAD información del número de dependientes de electricidad por municipio, que se encuentra en la base de datos federal llamada emPOWER Map, para que a su vez la suministrara a los alcaldes.
La información que el DS compartió con NMEAD no incluye nombres de pacientes dependientes de electricidad ni sus direcciones, porque alegadamente estos datos se deben suministrar “después del desastre”, mediante un acuerdo de colaboración para proteger la información privada, alegó Cabrera. Esto contrasta con la necesidad de planificar de antemano la respuesta para la población con necesidades especiales y hacer evacuaciones previas a que suceda el fenómeno natural, según lo establece el Plan Conjunto de Huracanes de NMEAD. Esperar a que llegue un gran ciclón para pasar esos datos puede dificultar la búsqueda de pacientes, tomando en cuenta que los efectos de grandes eventos huracanados incluyen deslizamientos de terrenos, destrucción de puentes, caminos bloqueados por árboles y un sistema de comunicaciones destruido, como sucedió después de María.
Cabrera indicó al CPI el 10 de junio que el nuevo Plan Operacional de Manejo de Emergencias del DS está en desarrollo, y que debe estar listo para antes del pico de esta temporada de huracanes. Dijo que ese documento va a servir de guía para planificar la respuesta a los desastres para este sector de la población. Es prácticamente lo mismo que había dicho Acevedo en diciembre de 2019, y que no pasó.
El CPI le preguntó a José Burgos, nuevo comisionado de NMEAD, cómo iba a atender el riesgo que conlleva implantar este protocolo después de los huracanes, y no antes. “Definitivamente esta sería un área del plan que me gustaría revisitar con el Secretario de Salud y mis directores de zona que trabajan directamente con las oficinas locales de manejo de emergencia. El huracán nos da el tiempo, tenemos la oportunidad que el terremoto no nos brinda. Reconozco que no vamos a esperar a que nos caiga el huracán encima. En 120 horas desde que se anuncia un huracán creo que pudiéramos tomar las acciones necesarias y asegurarnos de que estas personas sean atendidas. Luego de la experiencia de María, creo que podemos hacer esas evacuaciones con tiempo, ser más proactivos”.
Pero NMEAD cambió esta semana de postura, luego de que el CPI cuestionó por qué no había un refugio especializado durante los terremotos y ante la temporada de huracanes que comienza: “Verifiqué con Jessica Cabrera, del Departamento de Salud, y no hay ningún plan de establecer Refugios ´Especializados´ para personas dependientes de electricidad. Coincidimos en que puede ser discriminatorio y podría separar familias. Nos tenemos que asegurar que se provea electricidad y agua en cada refugio”, dijo Burgos.
Esas declaraciones representan un giro de 180 grados del Gobierno de Wanda Vázquez. El excomisionado Acevedo (a quien la Gobernadora despidió después de los terremotos) no sólo le aseguró al CPI en diciembre que implantaría los refugios de asistencia especializada, como aprendizaje del huracán María. También los activó en los días previos al huracán Karen, en septiembre de 2019. Además del plantel de Ponce, puso en marcha la Escuela Alejandro Tapia y Rivera, de San Juan, el Coliseo Tomás Dones, en Fajardo, y el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, en Arecibo, para atender a la población con necesidades especiales. Pero esta iniciativa se reveló como un reto de recursos para el DS. Para el exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, implicaba tener personal on call para cuando fuera necesario atender una situación médica; para Acevedo, la expectativa era que siempre hubiera personal médico para atender cualquier emergencia, según informó Primera Hora.
“Mi parecer con los refugios especializados del año pasado es que fueron una iniciativa excelente”, dijo Ramos, la directora de MAVI. “Era un paso que habíamos dado adelante versus lo que habíamos vivido con María. Que no lo estemos considerando en este momento es lamentable. Todos los refugios deben ser accesibles, pero la realidad es que no lo son”.
Los protocolos actuales del DS no constituyen ninguna ayuda concreta para los dependientes de electricidad. El Plan Operacional de Manejo de Emergencias que está de forma parcial en la página web de esa agencia (y que fue entregado al CPI tras una demanda por acceso a la información), no hace referencia a cómo los van a atender ni quién está a cargo de coordinar esa atención. La Guía de Salud Pública en Emergencias y Desastres de 2019 del DS indica a los pacientes que se aseguren “de que todos los dispositivos de asistencia eléctricos o de batería funcionen” y que mantengan “las baterías en una bolsa a prueba de agua” y a los que necesitan oxígeno les recuerda que “necesitarán una fuente eléctrica y/o reserva de cilindros de oxígeno”, por ejemplo. En ninguna parte especifica a dónde pueden ir estos pacientes, o cuál será el proceso una vez lleguen a un “refugio especializado”, de los que se supone que existan.
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota completa en periodismoinvestigativo.com
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