El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente informó que evaluó y justipreció el Informe de Investigación Preliminar que le refirió el Departamento de Justicia sobre el exrepresentante del Partido Popular Democrático, Narden Jaime Espinosa, así como a otros nueve funcionarios que prestaban servicios en su oficina, según salió a la luz pública este jueves.
Los funcionarios serán investigados por fiscales especiales independientes.
La resolución del panel identifica como objetos de Narden Jaime, Norberto Olmeda Pérez, Grandi Liz López Pagan, Myrna De Lean Vega, Deborah González Martínez, Elizabeth Reyes Orellano, Alexandro López López, Ismael Mercado Casilla, Lizette Piñero Pena y Loida González Gerena. En la resolución se señala que el Justicia atribuyó a los funcionarios mencionados delitos en los que fueron cooperadores, coautores o autores.
El Panel encontró que existe causa suficiente para que se comience una investigación sobre lo denunciado porque la conducta que se les adjudicó tanto a Narden Jaime como al resto de los funcionarios va acorde con los delitos que indicó el informe de Justicia.
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Entre los posibles delitos encontrados se encuentran falsificación de documentos públicos, falsificación de peticiones de endoso para primarias, robo de identidad, apropiación ilegal de fondos públicos, malversación de fondos públicos y fraude. Igual se hallaron varias infracciones a la Ley Electoral y a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental.
“En cuanto a Luis Miguel Berríos Fontánez, quien era Ayudante Especial del exrepresentante, no se designó FEI por no tener constancia bajo juramento de los hechos ilegales que se le atribuyen. Ello, por sí solo, no conlleva su exoneración”, aclaró el Panel.
La determinación no obstaculizará que el Panel obtenga información bajo juramento de Berrios Fontánez en caso de que se le involucre en algún acto ilegal.
El Panel designó a la licenciada Zulma Fuster Troche como fiscal especial independiente y al licenciado Miguel Colón, como fiscal delegado, de manera que puedan investigar los delitos encontrados para lo cual se les concedió un plazo de 90 días, desde el 18 de junio de 2020.
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