Más allá de indicar que la compañía privada que operará la red eléctrica deberá “priorizar” la contratación de trabajadores actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el contrato otorgado a la empresa Luma Energy no entra en gran detalle sobre el efecto que esta transición tendrá sobre la empleomanía de la corporación pública, que ronda los 6,500 unionados.
El contrato, que por parte del gobierno fue firmado por los directores ejecutivos de la AEE, José Ortiz, y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, fue elaborado al amparo de la Ley 120-2018, que regula la transformación del sistema eléctrico, por lo que le aplican las disposiciones del artículo 15 sobre el destino de los empleados.
En ese artículo, se estipula que cualquier contrato en que incurra la AEE para traspasar sus activos “no podrán ser utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular. El personal que compone la AEE que opte por permanecer en el Gobierno de Puerto Rico será asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos. De igual forma, la AEE y el Gobierno de Puerto Rico podrán diseñar y ofrecer planes de transición o renuncias voluntarias incentivadas”.
Más adelante, el mismo artículo señala que “los empleados regulares de la AEE que no pasen a trabajar para los contratantes retendrán sus plazas, o serán transferidos a otras plazas de la AEE u otras entidades gubernamentales”. La ley dicta que todos los empleados –sean transferidos a otra agencia o permanezcan como empleados de la compañía privada– preservarán “todos” sus derechos adquiridos mediante estatutos o convenios colectivos aplicables.
“Ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las transacciones de la AEE”, puntualiza el artículo 15 de la Ley 120.
A pesar de que el contrato de cesión, en su sección 4.2 (k) menciona la prioridad que deberán recibir los empleados actuales de la AEE que estén tan cualificados como otros candidatos, se aclara que a Luma Energy “no se le requerirá que contrate a todos o sustancialmente a todos los empleados del dueño (AEE) y que la determinación de a cuáles empleados del dueño se contratarán la hará ServCo (Luma Energy) a su sola discreción, actuando de buena fe”.
Posteriormente, se precisa que “en todos los casos”, aquellos empleados que reciban y acepten ofertas para continuar laborando con Luma Energy recibirán un salario base o sueldo por hora, así como beneficios marginales, iguales o mejores a los que mantenían con la AEE a la fecha en que la operación de la red se transfiera formalmente al consorcio que componen Quanta Services y ATCO, compañías con base en Estados Unidos y Canadá, respectivamente.
En el informe que el Comité de Alianzas redactó para recomendar la propuesta de Luma Energy sobre la de Public Service Enterprise Group (PSEG), se resalta que el consorcio seleccionado se comprometió a establecer en la isla una escuela de celadores de línea (Lineworkers College).
“El compromiso de construir y operar, a su propio costo, la escuela de celadores también separó a Luma del otro proponente (PSEG). Mediante la escuela de celadores, Quanta promete crear valor significativo para Puerto Rico. En particular, Luma y el pueblo de Puerto Rico se beneficiarán del currículo, especialización y destrezas que Quanta provee a través del Northwest Lineman College, una escuela de celadores acreditada y propiedad de Quanta que desarrolla destrezas en los campos de energía eléctrica, distribución de gas y servicios de telecomunicaciones, y al presente entrena a sobre 9,000 trabajadores técnicos anualmente en cuatro campus en Estados Unidos”, reza el documento, también revelado ayer por la AAPP.
En el contrato, sin embargo, la escuela de celadores apenas se menciona en una instancia, para precisar que Luma Energy asumirá todos los costos relacionados con esta iniciativa.
Aunque fue firmado ayer, el convenio entre las partes calcula que el contrato para que Luma Energy opere el sistema de transmisión y distribución de energía podría entrar en pleno vigor dentro de un año. No será hasta ese momento, en que se traspase formalmente el manejo de la red, que comenzará a contabilizar el periodo de 15 años estipulado en el acuerdo, y que para la AEE podría tener un costo de sobre $1,900 millones dependiendo de si Luma Energy cumple con las métricas de desempeño establecidas.
Te podría interesar:
This browser does not support the video element.
