Un grupo de empleados activos y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le exigirá esta tarde a la gobernadora Wanda Vázquez que cancele el contrato firmado la semana pasada para que la compañía Luma Energy opere el sistema de transmisión y distribución de electricidad en el país.
Según Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, un informe elaborado por los abogados Rolando Emmanuelli y Jessica Méndez concluye que el pacto entre el gobierno y Luma Energy violenta “todos los derechos, las disposiciones constitucionales (y) legales y es un mal negocio para el país”.
PUBLICIDAD
De cara a la reunión que sostendrían con la mandataria en La Fortaleza, el líder sindical sostuvo que esperaba que Vázquez tuviera “la certeza, la humildad de reflexionar y revocar un contrato como este que es totalmente contrario a los intereses del pueblo de Puerto Rico y, sobre todo, contra los trabajadores”.
Figueroa Jaramillo llegó a la Mansión Ejecutiva acompañado de Emmanuelli, Méndez y otros integrantes de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE.
Te recomendamos:
La semana pasada, Luma Energy, la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) firmaron un contrato para ceder por 15 años la administración de la red de transmisión y distribución, a un costo para el gobierno que podría exceder los $1,900 millones, una vez se complete un periodo de transición que se espera se extienda hasta por un año.
PUBLICIDAD
Los funcionarios de gobierno, incluyendo al director de la AAPP, Fermín Fontanés, han planteado que bajo un operador privado el sistema eléctrico funcionará de forma más eficiente y la AEE se ahorrará unos $75 millones anuales en la contratación de consultores externos.
Del contrato firmado por las partes y la Ley 120-2018, que abrió la puerta a la privatización de la AEE, se desprende que Luma Energy no estará en la obligación de contratar a los empleados actuales de la corporación pública, aunque estos deberán ser reubicados en otras áreas del gobierno en caso de que no se mantengan como trabajadores del sistema energético.
