El abogado de Surima Quiñones, exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico y de la Familia (Adsef), confirmó que la exfuncionaria recibió ayer la notificación del referido que hizo el Departamento de Justicia en el que recomienda la asignación de un fiscal especial independiente (FEI).
El licenciado Frank Torres Viada especificó que la carta de notificación, aunque fue entregada ayer, tiene fecha del 3 de julio y está firmada por la exsecretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones. Al igual que en la notificación entregada a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el documento indica que la investigación preliminar fue producto de una querella presentada por el representante popular Rafael “Tatito” Hernández el 27 de enero.
Según Torres Viada, su clienta no fue entrevistada como parte de la pesquisa del Departamento de Justicia.
Quiñones es una figura central en la trama sobre las polémicas reparticiones de suministros en las regiones sur y oeste luego de los terremotos de enero. De acuerdo con un informe del Departamento de la Familia, que provocó su despido como directora de Adsef, la abogada consintió a que figuras como la senadora Evelyn Vázquez y su esposo, el empresario Peter Muller, participaran de las entregas y que dieran instrucciones a los empleados de Adsef en las actividades que se realizaron en varias comunidades.
Según ha trascendido, en ocasiones las entregas de suministros se paralizaban hasta que las figuras políticas llegaban al lugar.
En la tarde de hoy, el senador Nelson Cruz, quien participó de al menos una de las actividades de repartición de Adsef, reconoció que también fue notificado de un referido en su contra al Panel sobre el FEI. La senadora Vázquez, en conferencia de prensa, aseguró hoy que ni ella ni Muller han recibido una notificación.
En enero, la entonces secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, comenzó la pesquisa interna sobre el manejo de suministros en Adsef y suspendió sumariamente a Quiñones, lo que provocó que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, le exigiera por escrito que le reinstalara en su puesto.
Metro reveló esta semana que uno de los ángulos que siguió la investigación preliminar sobre la gobernadora se centra en la posibilidad de que, al despedir Andújar en represalia violentara el Código Anticorrupción firmado en 2018 que protege a quienes denuncian actos de corrupción gubernamental.
En entrevistas con varios medios, Longo Quiñones ha indicado que Pabón Batlle también es uno de los funcionarios contra los que recomendó la asignación de un FEI.
