Una semana después de recibir del Departamento de Justicia la evidencia que derivó en un referido contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y más de una decena de funcionarios adicionales, los miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) aún no han comenzado a evaluar la documentación para determinar si encaminarán una investigación a fondo.
El portavoz del PFEI, Luis De la Cruz, confirmó a Metro que los tres exjueces que conforman el organismo ni siquiera se han reunido para abrir las cajas con la evidencia recopilada por el Departamento de Justicia y que, según ha dicho la exsecretaria de esa agencia Dennise Longo Quiñones, contiene la recomendación de asignar un fiscal especial independiente para conducir una investigación contra 13 personas.
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“Esta semana no se van a reunir y todavía no sabemos si en la próxima lo harán”, dijo De la Cruz, al precisar que los integrantes del PFEI no son empleados a tiempo completo y, por lo tanto, dependen de poder encontrar una fecha conveniente para todas las partes.
El PFEI lo componen la presidenta, Nydia Cotto Vives, y los exjueces Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera Sánchez.
De la Cruz indicó que el expediente sometido por el Departamento de Justicia es uno complejo no solamente porque incluye la recomendación de investigar a la primera ejecutiva, sino por la cantidad de funcionarios involucrados en los hechos, relacionados con la forma en que el gobierno manejó la emergencia de los terremotos a inicios de año.
Se sabe que, en la pesquisa preliminar, Justicia investigó el despido de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar y el manejo de suministros para víctimas de los sismos por parte de figuras como la senadora Evelyn Vázquez y Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia.
En el caso de la exsecretaria de la Familia, el Departamento de Justicia auscultó si su despido fue un acto de represalia de Vázquez Garced luego de que Andújar suspendiera a Quiñones por presuntamente consentir que legisladores como Vázquez y el senador Nelson Cruz –también referido– se beneficiaran políticamente de las entregas de suministros. Contra el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, quien le envió una carta a Andújar ordenando la reinstalación de Quiñones, también se recomendó la asignación de un FEI.
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El PFEI, según su ley habilitadora, tiene la potestad de aceptar o rechazar las recomendaciones del Departamento de Justicia, así como de ampliar el marco de la investigación, en caso de encontrar evidencia que amerite indagar sobre nuevos ángulos.
Potencialmente, uno de esos ángulos sería el irregular trámite que siguió el referido del Departamento de Justicia, luego de que Vázquez Garced le exigiera la renuncia a Longo Quiñones, justo en momentos en que se aprestaba a firmar los documentos que recomendaban una investigación sobre su persona. El 6 de julio, tres días días después de la salida de Longo Quiñones, Wandymar Burgos, quien la reemplazó brevemente como secretaria de Justicia, ordenó detener la entrega del referido al PFEI para revisar la documentación. El referido finalmente se entregó al día siguiente.
La inacción del PFEI hasta el momento, sin embargo, no ha movido a los cuerpos legislativos a autoconvocarse para comenzar investigaciones. En la Cámara de Representantes, el presidente Carlos “Johnny” Méndez ha dejado la puerta abierta para comenzar una pesquisa luego de las primarias del 9 de agosto, cuando Vázquez Garced enfrentará a Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP).
En el Senado, el portavoz de la mayoría novoprogresista, Carmelo Ríos, dijo a Metro que no existe ambiente para investigar antes o después del evento primarista.
“Los cuerpos legislativos, aunque tenemos la capacidad de fiscalizar, no tenemos los recursos del Departamento de Justicia. Para esas investigaciones tenemos que hacer ‘outsourcing’(externalización) porque no es nuestra especialidad, podemos requerir evidencia pero no somos un cuerpo investigativo. Nosotros no podemos acusar a nadie, podemos recoger evidencia y referirla. Por lo menos en atención a ese evento, no hay ambiente (para investigar)”, indicó Ríos.
El senador independentista Juan Dalmau, quien el 7 de julio presentó una resolución para investigar las irregularidades en el trámite del referido, puntualizó que señalamientos como los que se le hacen a Vázquez Garced, por alegadamente obstruir la justicia, han sido suficientes en el pasado para encauzar pesquisas a nivel legislativo.
“Las explicaciones de la gobernadora y las expresiones públicas de Longo Quiñones lo que hacen es mostrar versiones encontradas de lo que había ocurrido, contradicciones en las versiones. Eso obliga a que sea un asunto de la más alta prioridad porque se trata de las mismas imputaciones que se le hicieron al expresidente Richard Nixon, que lo obligó a renunciar al cargo. En los ’80, en Puerto Rico, ocurrió con el gobernador Carlos Romero Barceló y el intento de obstruir la justicia de parte de su gabinete, que salió en desgracia, en los eventos del cerro Maravilla y los asesinatos de dos jóvenes independentistas… Esos eventos nos colocan a nosotros como cuerpo legislativo en la obligación de estar a la altura del momento histórico y descargar nuestro deber constitucional”, dijo el también candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño.
Para Dalmau, la mayoría legislativa del PNP se resiste a investigar porque trascenderían malos manejos de su administración gubernamental que pudieran provocar un levantamiento popular similar al que hace un año derivó en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.
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