Los referidos realizados por la exsecretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) incluyeron violaciones al Código Anticorrupción, la Ley de Ética Gubernamental y por delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos imputados a varios funcionarios de la administración. Sobre la gobernadora, Wanda Vázquez específicamente va sobre el Código Anticorrupción.
Según el referido en poder de Metro Puerto Rico, los fiscales Pheobe Isales, directora de la División de Integridad Pública, y Pedro Tomás Berríos de la misma división, junto a la exfuncionaria Longo Quiñones, apuntan a que la gobernadora y el secretario de la gobernación, Antonio Pabón, pudieron entrar en violación al artículo 4.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, esto por el despido de la exaecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, cuando esta realizaba una investigación contra Surima Quiñones, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) por el mal manejo de repartición de ayudas para los afectados por el terremoto en el mes de enero.
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Por otro lado, y aunque el PFEI no recomendó un fiscal especial para investigar al senador Nelson Cruz ni a Peter Muller, estos junto a la senadora Evelyn Vázquez, Surima Quiñones, José Alfredo Galarza y María Teresa Zayas, fueron referidos por el delito de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos al utilizar las entregas de alimentos de la ADSEF con fines políticos partidistas.
Además, se indica en el documento, que tanto a Surima Quiñones, José Alfredo Galarza y María Teresa Zayas, violaron el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
En la etapa en la que se genera el documento, solo se requiere una cintilla de evidencia, pues es un referido que ahora debe investigar en profundidad la fiscal especial asignada, luego que los tres exjueces del PFEI evaluaron este documento inicial. Luego la fiscal especial asignada debe hacer una recomendación al PFEI sobre si se radicarían acusaciones formales en los tribunales.
“Somos del criterio de que existe causa suficiente para creer que Wanda Vázquez Garced y Antonio Pabón Batlle en común acuerdo infringieron el artículo 4.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. Las acciones adversas en contra de Andújar Matos fueron subsiguientes a su determinación de suspender sumariamente a Quiñones Suárez y continuar con la investigación administrativa sobre la comisión de actos irregulares en la entrega de alimentos bajo el programa federal de TEFAP. Como ha demostrado nuestra investigación, la creencia de Andújar Matos acerca de los actos denunciados tenía fundamentos, de ahí que Pabón Batlle insistieran desesperadamente en tratar de cambiar el rumbo de los acontecimientos”, lee el informe de Justicia al FEI.
Este documento había sido solicitado por un grupo de periodistas al ser un informe de una investigación ya concluida de Justicia, pero la agencia se había negado a entregarlo.
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En el informe se utiliza una cita de la propia Gobernadora como epígrafe sobre el Código Anticorrupción que ella misma endoso cuando era secretaria de Justicia.
El referido incluye testimonio de la ex secretaria de la Familia, Glorimar Andújar quien, mediante textos y mensajería, evidenció conversaciones con la Gobernadora y el Secretario de la Gobernación, quienes insistían en que no se suspendiera a Surima Quiñones, administradora de ADSEF mientras concluía una investigación interna. Andújar denuncia que Pabón le presionó para cerrar la pesquisa. Se indica que Andújar presentó una declaración jurada con 24 documentos para sustentar sus aseveraciones.
En el documento se consigna que la relación entre Andújar y Quiñones no era buena desde antes de enero del 2020, ya que la administradora de ADSEF operaba como ente independiente dejando a un lado a la Secretaria de la Familia, incluso de gestiones federales. Andújar había notificado la situación al pasado gobernador, Ricardo Rosselló y a personal de confianza de la gobernadora Vázquez. Se indica que Quiñones le respondía a Fortaleza y no al secretariado.
La acción disciplinaria contra Quiñones por parte de Andújar se toma el 17 de enero de 2020, y ese mismo día se notificó a la Gobernadora y al Secretario de la Gobernación mediante el sistema de mensajería de Telegram, al no lograr conseguirlos a sus teléfonos. En ambas notificaciones se detalla que la investigación surge por querellas por supuesta intervención política en distribución de alimentos de un programa 100 % con fondos federales.
Se documenta una llamada entonces de la Gobernadora a Andújar en la que le plantea que mueva a Quiñones a otras tareas en la agencia, mientras se desarrolla la investigación interna, pero la entonces secretaria de la Familia le dice que por la naturaleza del trabajo de la administradora no podía destacarla en otra área.
Vázquez también inquirió sobre si habían declaraciones juradas , ya que no podía tomar decisiones con anónimos. Andújar le aseguróq ue tenía varios referidos sobre el asunto incluyendo el de una ayudante ejecutiva a quien identificó.
La Gobernadora le cuestionó a Andújar si entonces no la estaba llamando para consultarle, sino que se trataba de una decisión tomada. La exsecretaria de la Familia declaró que se mantuvo firme en haber tomado decisiones velando por el mejor interés público y que se hacía responsable por la determinación tomada. No detalló cómo concluyó la conversación por no recordar.
El proceso de Pabón para darle instrucciones a Andújar para revertir la suspensión de Quiñones se documenta en tres correos electrónicos y 11 mensajes de texto. El Secretario de la Gobernación también le pidió a Andújar buscar otra opción para trabajar el caso sin suspender a Quiñones. Una consulta con la División Legal de Familia también refrendó que no tenían otra medida cautelar para un funcionario del cargo de la administradora. Ante esto, Pabón le dio 48 horas para concluir la investigación contra Quiñones, pero Andújar le explica que la agencia tiene cinco días. Aún así, la citan para lunes para discutir el resultado de esa investigación, siendo viernes en la noche la conversación con Pabón. También, la asignan a ser enlace en Guayanilla.
El sábado 18 de marzo, Andújar acude al Negociado de Manejo de Emergencias para reunión diaria. Esa misma mañana recibe una llamada de la Gobernadora inquiriéndole por un mensaje en redes sociales de uno de sus ayudantes referente a la suspensión de Quiñones. Vázquez le pidió que controlara a su gente y le envió la imagen de la publicación en redes sociales.
Ese mismo sábado recibió correos electrónicos de Pabón instruyéndola a revertir la suspensión de Quiñones. El secretario de la Gobernación también había consultado con Justicia sobre el proceder de la entonces secretaria de la Familia y una opinión de Justicia concluyó que Andújar tenía el poder nominador sobre Quiñones y podía suspenderla sumariamente.
Se agrega que ese día se le planteó un descontento del alcalde de Guayanilla con su función y que luego en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el secretario de Estado, Elmer Román comenzó a inquirirle detalles específicos sobre almacenes y suministros. Andújar relata que nunca antes le habían pedido ese nivel de detalles. La especificidad de los requerimientos surge cuando ya había trascendido en los medios de comunicación la situación con el almacén de Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias.
“Cuando la Gobernadora llega su actitud era de evidente molestia y lamentablemente sentí que era en especial conmigo. Suelo tomar anotaciones en las reuniones y ella se dirigió directamente a mi solicitando que la atendiera. Le indiqué que estaba tomando notas, a lo que me contestó que no quería que nadie tomara notas, que lo que había era que atenderla”, cita el informe a la declaración jurada de Andújar. Agrega que Vázquez le manifestó quejas sobre Familia y le requirió detalles específicos de los inventarios en almacenes de la agencia, a lo que ella pidió espacio para verificar los datos precisos. Este relato concuerda con fuentes de Metro que cuentan que en esa reunión la Gobernadora “destruyó” a Andújar.
Luego de esa reunión y anticipando el ambiente en su contra, la exsecrearia de Familia comenzó a redactar su carta de renuncia antes de la reunión pautada con Pabón para ese mismo día. Al llegar el secretario de la Gobernación le notificó que la Gobernadora le había retirado la confianza y que ya no sería necesaria la reunión del lunes sobre el asunto de Quiñones. Andújar preguntó cuál era el problema específico con los almacenes de Familia a lo que Pabón le dijo desconocerlo, pues eso lo conocía la Gobernadora. Luego Andújar sometió su renuncia y el 21 de enero recibió una carta de la Primera Ejecutiva en la que aceptaba la dimisión.
Las quejas sobre irregularidades en las distribuciones de alimentos de ADSEF que dieron paso a la pesquisa asignada por Andújar iniciaron el 8 de enero del 2020. La suspensión de Quiñones surge luego de una opinión legal de la agencia, tras evaluar diversas quejas sobre irregularidades en las distribuciones de alimentos. Muchas de las situaciones denunciadas quedaron registradas en redes sociales por el malestar de ciudadanos y empleados de la propia agencia.
Los fiscales de Justicia concluyen que la suspensión de Quiñones ocasionó la reacción de la Gobernadora y del secretario de la Gobernación. “Aprovecharon la cobertura mediática para crear una controversia acerca de cuáles fueron las verdaderas razones para que Andújar Matos dejara su puesto como Secretaria del Departamento de la Familia”, lee parte del referido.
Sin embargo, la investigación en Familia siguió su curso y el 22 de enero se emitió un informe preliminar comisionado al ex fiscal especial independiente, Earnie Cabán. El informe preliminar en efecto concluyó que hubo intervención política en la distribución de alimentos de un programa federal. Identificó a la senadora, Evelyn Vázquez ejerciendo control en la toma de decisiones sobre la distribución de las ayudas. Luego se determinó iniciar una investigación formal comisionada al abogado Ismael J. Ortiz Roldán. Este condujo una investigación tomando declaraciones juradas a diversas personas, tomando evidencia del informe preliminar y declaraciones juradas que le remitió la propia Quiñones. De hecho, en el referido de Justicia al FEI se cita una entrevista periodística en la que Quiñones reconoce que ella pidió las declaraciones juradas a su personal de confianza una vez iniciada la investigación. “Esta admisión revela la intromisión indebida de Quiñones Suárez en una investigación administrativa que conducía el Departamento de la Familia en su contra. Recordemos que Quiñones Suárez había sido suspendida sumariamente el 17 de enero del 2020”, lee el referido de Justicia al FEI, lo que confirma lo anticipado por fuentes de Metro en reportajes previos.
El informe final de Familia confirmó que la acción de Andújar con Quiñones fue correcta ante la severidad de las acciones investigadas. El informe formal es muy detallado sobre las fallas de Quiñones y otros funcionarios como el subadministrador al permitir intervención de políticos en la toma de decisiones sobre la distribución de los alimentos bajo programa federal, alejándose de los reglamentos aplicables.
Se detalla que las autoridades federales que supervisan los programas de ADSEF habían sido advertidas sobre las posibles irregularidades.
El referido contiene mensajes de texto de la senadora Evelyn Vázquez citando a movilizar a “nuestra gente” a puntos de distribución de alimentos. En los mensajes alega “todos califican [sic]”. Finalmente, el informe formal de Familia recomendó la separación del cargo de Quiñones y en abril, el entonces secretario interino de la agencia, Eddie García Fuentes notifica a Quiñones la determinación de despedirla.
Senadora Evelyn Vázquez
Sobre la senadora Vázquez, se le imputa utilizar los suministros de alimentos bajo un programa federal de ADSEF, tras los terremotos para propaganda política y controlar ilegalmente las decisiones de ADSEF, una agencia bajo Familia en la que el Senado no tiene injerencia.
En el referido de Justicia al FEI se detalla una cronología de la intervención de la senadora Vázquez en la distribución de alimentos de ADSEF. Se ubica a Vázquez en esta gestión desde el 8 de enero de 2020. Sobre la intervención de la senadora en la logística y decisiones de distribución de los alimentos de ADSEF se incluyen declaraciones juradas, videos de Facebook, mensajes de texto y entrevistas en medios.
De otra parte, el 14 de enero, en el municipio de Mayagüez, el referido de Justicia dicta que según testigos los empleados de ADSEF se retiraron de la entrega de ayudas a solicitud de la senadora Vázquez al estar llamar a Quiñones, ya que al estar molestos con la participación de políticos cuestionaron a Galarza (subadministrador de ADSEF) por la presencia de ellos a lo que el funcionario les respondió que no podía pedirle a la funcionaria electa que se retirara. Se indica que tanto Galarza como Quiñones permitieron que la senadora manoteara y le diera instrucciones a los empleados de la agencia.
El referido registra la molestia de empleados de ADSEF con la situación de la intrevneción de políticos.
Lee el documento aquí:
Referido Dj Feo Wvg 1 by Metro Puerto Rico on Scribd
Zoé Laboy también fue entrevistada
La exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy fue entrevistada por Justicia como parte de esta investigación, ya que como secretaria de la Gobernación había solicitado una opinión legal de Justicia sobre hasta dónde llegaba el poder de la Secretaria de la Familia en relación a los administradores bajo su agencia y cuánta autonomía podían tener los administradores. Laboy confirmó que hizo la consulta por la situación que le había presentado Andújar sobre la forma en que Quiñones estaba tomando decisiones sin su consentimiento.
Una consulta igual hizo Pabón Batlle justo antes de pedir la renuncia de Andújar. En ambas ocasiones la opinión de Justicia fue que Quiñones tenía que responder al poder nominados de la Secretaria de la Familia. Andújar en diciembre de 2019 consultaba la posibilidad de separar de su cargo a Quiñones ante la falta de comunicación con el secretariado.
En su referido al FEI, Justicia le da credibilidad a la versión de Andújar al poder corroborar que desde el 2019 había puesto consultas a La Fortaleza sobre la situación con ADSEF, mucho antes de la emergencia de los terremotos.
Senador Nelson Cruz
Sobre el senador, a quien el panel de exjueces del FEI no le recomendó investigación, el referido plantea versiones inconsistentes.
