El año electoral es toda una aventura. Es como una dimensión –conocida, por suerte- donde casi todo es posible. Un espacio temporal donde hasta los más grandes sueños se tornan en posibilidades tangibles gracias a la magia de los todo poderosos planes de gobierno presentados por los candidatos. Porque al prometer, se promete de todo. Desde instalar cámaras de seguridad a lo largo y ancho de la Baldorioty de Castro para acabar con el crimen, pasando por la idea de construir todo un segundo piso a esa misma avenida. O tal vez la eterna propuesta de la transparencia total, o el “nuevo sistema energético”. O el Puerto de Ponce. O las reformas contributivas “justas para la clase media”. O la reforma de la reforma de la reforma de Salud. Usted pida, que –al menos en teoría- siempre hay.
Un poco lo mismo pasa cuando los gobernantes llegan a las postrimerías de sus términos y aspiran a seguir en su silla. De repente, todo lo que no había sido logrado se convierte en “posible”. No me malinterprete. Las promesas muchas veces son sueños colectivos. Esos intangibles que nadie logra convertir en realidades pero que muchos querrían ver materializados. Aspiraciones tan loables como el Día de las Madres. El problema es que muchas veces son solo carnadas para pescar en ese río revuelto en el que los pescadores que aspirar ganar son los miembros de la clase política.
El lunes la Gobernadora presentaba ante todos una larga lista de aspiraciones. Para ser exactos, 16 de ellas. Todas respondiendo a problemas reales. A denuncias arrastradas desde hace años y, durante años, desatendidas. Esos años incluyendo el actual cuatrienio que casi termina. Una consulta para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones, un proyecto para quitar de las manos de los hospitalistas y aseguradoras los criterios para determinar el tratamiento médico, una ley para proteger a los pacientes de las “facturas médicas sorpresa”; $20 millones para organizaciones sin fines de lucro, aumentos de salario para enfermeras de los ámbitos público y privado entre otras medidas. Todas con contenido “sexy” y, en muchos casos, muchas de las inquietudes que discuten a la mesa y con un café ciudadanos en todas las esquinas de la isla. ¿Quién podría oponerse a lo propuesto? Después de todo, ¿a quién le amarga un dulce?
El problema es que lo propuesto parecería ser más abarcador de lo que podrían permitir los 20 días límite que dura la sesión extraordinaria en la que deberán ser considerados. Y ese es el primero de los problemas con lo anunciado. ¿Es posible aprobar enmiendas a la Constitución bien pensadas en un plazo de 20 días? En el caso de la nueva consulta que se propone para las elecciones, ¿Cuánto cuesta? Si cuesta más de los $22 millones presupuestados para las elecciones de noviembre, ¿de dónde saldrá el dinero? Es más, ¿Cómo puede hablarse de una consulta adicional (con lo positivo que pueda traer lo consultado) si aún la Comisión Estatal de Elecciones aún no tiene el dinero necesario para poder realizar las primarias que serán en solo unos días y mucho menos lo requerido para la elección general. Para efectos de la discusión, supongamos que todas esas preguntas son contestadas y los potenciales escollos superados. Aun así queda sobre la mesa un gran “¿Por qué ahora?”. ¿Es la cercanía de la primaria solo una gran casualidad o es, en definitiva, la justificación para lo presentado en la convocatoria? ¿Se trata de medidas realmente ejecutables en tan corto plazo o de esos cartuchos de último minuto que todos los incumbentes lanzan antes de su reto ante las urnas? No habrá que esperar demasiado para descubrirlo. Después de todo, en 20 días la sesión extraordinaria será cosa del pasado y descubriremos si esas propuestas, como las palabras, se las llevará el viento.
