El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentó esta mañana un resumen de las pesquisas que derivaron en la determinación, anunciada ayer, de investigar a fondo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otras cinco personas por presuntas ilegalidades cometidas en el proceso de respuesta a los terremotos de enero.
En el documento, el PFEI puntualiza que en la investigación preliminar del Departamento de Justicia se describe el despido de la exsecretaria de la Familia Glorimar Andújar como un acto de represalia de La Fortaleza ante la suspensión sumaria de la entonces directora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones, por alegadamente permitir que criterios político partidistas determinaran el manejo de suministros en las zonas afectadas. Metro reveló, el 6 de julio, que el Departamento de Justicia analizaba el despido de Andújar a la luz del Código Anticorrupción de 2018, que elevó las protecciones a personas que denuncien actos de corrupción gubernamental.
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Además del Código Anticorrupción, el PFEI detalla que las posibles violaciones a nivel estatal cometidas por los blancos de investigación incluyen el aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (artículo 252 del Código Penal) y el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
Al igual que la resolución emitida ayer, anunciado la asignación de un FEI, en el documento no se especifica qué potenciales delitos se le adjudican a cada una de las figuras bajo investigación. Sin embargo, en uno de los puntos señala que “si no existiera el Panel, sería el propio Departamento de Justicia el que con su investigación ya hubiera radicado las denuncias para acusación. Con la existencia del Panel, la prueba pasa por un cedazo adicional mucho más riguroso, objetivo, imparcial y libre de influencias para aquilatar la prueba referida y determinar su finalmente se presentan denuncias por un fiscal especial ante el Tribunal de Primera Instancia”.
La investigación a fondo, que además de Vázquez Garced incluye a la senadora Evelyn Vázquez Nieves; el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; y Quiñones, está a cargo de la fiscal especial independiente Leticia Pabón y el fiscal delegado Miguel Colón Ortiz. María Teresa Zayas Gierbolini y José Galarza Vargas son las otras dos personas contra las que se asignó un FEI.
En el comunicado, el PFEI aludió a las tres investigaciones internas que se llevaron a cabo en el Departamento de la Familia sobre el manejo de los artículos de primera necesidad.
Según el PFEI, en la tercera de estas investigaciones, conducida por el licenciado Ismael Ortiz Roldán, se obtuvieron fotos, videos, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y capturas de mensajes de texto que pudieran evidenciar “irregularidades e infracciones” a la Ley de Ética y violaciones al Código de Reglamentaciones Federales que regula la distribución de alimentos.
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Junto con la pesquisa preliminar que realizó la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, el PFEI concluye que “todas las investigaciones concurren con la existencia de prueba que pudiera confirmar violaciones de ley y reglamento. La información y prueba en todas esas instancias se obtuvo mediante entrevistas y documentos”.
Contra el senador Nelson Cruz y el empresario Peter Muller, esposo de Vázquez Nieves, el PFEI determinó archivar el referido del Departamento de Justicia.
Pabón y Colón Ortiz tendrán un periodo de 90 días, que vence el 18 de octubre, para completar la investigación y recomendar la presentación de cargos criminales contra los seis funcionarios involucrados, aunque pueden solicitar una prórroga de hasta 90 días adicionales.
Vea el comunicado del PFEI:
El Panel Sobre El FEI Informa by Metro Puerto Rico on Scribd
