Mientras las cifras relacionadas con la pandemia del Covid-19 en Puerto Rico continúan acercándose a umbrales que pondrían en riesgo la capacidad del sistema hospitalario de atender adecuadamente a los pacientes, la visibilidad que mantiene el Departamento de Salud sobre el uso que han dado los hospitales privados al estímulo federal de $150 millones que se anunció hace dos meses es mínima.
“Ese dinero, después que pasa por el proceso de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y todas las otras agencias reguladoras, se pasa directamente a los hospitales conforme a unas métricas que se establecieron y entonces a quien le compete someter información, y quien está bajo auditoría, es la entidad que recibió el dinero con el gobierno federal. El Departamento de Salud no audita ese dinero. Sabemos que Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) está también auditando y OGP audita parte de la utilización del dinero. Pero eso es un grant (subvención) que corresponde a la institución y la institución en su carácter individual tiene que responder al gobierno federal”, expresó el secretario de Salud, Lorenzo González.
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Una portavoz de la Aafaf indicó a Metro que la agencia, al presente, trabaja en un informe que detallará la utilización de dichos fondos. Señaló que, una vez completado en los próximos días, el informe se divulgará en el portal de la Aafaf.
En marzo, poco después de que se comenzaran a diagnosticar los primeros casos de coronavirus en la isla y que se registraran bajas tasas de ocupación de camas hospitalarias, trascendió que en varias instituciones privadas habían despedido o reducido el horario del personal de salud para mitigar las pérdidas económicas producidas por la merma en pacientes.
Los $150 millones provenientes de la ley federal Cares que se asignaron a los centros hospitalarios privados, en teoría, debieron servir para que se reclutara de vuelta el personal afectado y se realizaran las inversiones en equipo e infraestructura necesarias para combatir un potencial incremento en los contagios de Covid-19, como en efecto se ha venido registrando desde la última semana de junio.
La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería (CPEPR), Ana Cristina García, aseguró, sin embargo, que de cerca de 250 enfermeras y enfermeros del sector privado que perdieron sus empleos al inicio de la pandemia “hasta ahora ninguno” ha sido recontratado posteriormente.
“Los enfermeros que fueron cesanteados por falta de pacientes en el hospital tampoco han sido nuevamente reclutados. Verdaderamente, en qué están utilizando el incentivo nosotros desconocemos, pero en enfermería no es. Recibimos datos de alrededor de 250 enfermeros cesanteados, especialmente de los hospitales privados del área metropolitana y de la Corporación (de Salud Integral) la Montaña”, mencionó García.
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“Yo creo que los hospitales privados deberían regresar a todos los empleados que cesantearon temporalmente. No hay razón para esperar a que ya no haya capacidad hospitalaria para llenar esas plazas. Igual que el centro 330 que despidió personal sin ninguna justificación también debería regresar a los empleados que fueron cesanteados. No podemos esperar a reclutarlos cuando tengamos la crisis encima. Se supone que (a los hospitales) se les va a asignar un dinero adicional, así que no hay razón para que el personal cesanteado no sea regresado a sus puestos de trabajo”, dijo por su parte el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, al aludir a un segundo paquete de $150 millones que la gobernadora Wanda Vázquez anunció el jueves pasado.
No obstante, el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, sostuvo que los centros hospitalarios privados, según la ocupación ha ido en aumento, sí han invertido en la contratación de empleados, además de en la compra de equipo de protección personal y la habilitación de cuartos de presión negativa, utilizados para mantener aislados a pacientes de Covid-19.
Plá señaló que el precio de compra de muchos productos se multiplicó a raíz de la crisis salubrista global, mientras que en términos de la inversión en salas de aislamiento mencionó que hospitales como el Auxilio Mutuo, en Hato Rey, han habilitado espacios adicionales.
“Cuando ese dinero se dio, los censos promedios estaban en alrededor de 30 %. Ahora el promedio está alrededor de los 50 % a 55 %. Para suplir ese hueco se ha estado reclutando personal y los hospitales van a seguir reclutando personal según va subiendo el censo para asegurarse que el cash flow que tenga les va a dar. Ese dinero se dio a fines de junio y cubría partes de gastos y problemas que hospitales tuvieron desde marzo. Mucho de ese dinero fue a cubrir gastos que se habían dado anteriormente”, subrayó Plá, aunque admitió que la Asociación de Hospitales no cuenta con datos sobre la contratación de empleados.
Pese a que Ramos coincidió con Plá al sostener que al momento no existe, como en un momento dado, escasez de equipo de protección, García indicó que el personal de enfermería sigue exponiéndose a altos niveles de riesgo.
“Los enfermeros han empezado a llamar (para informar) que no tienen equipos, ni protección, ni guantes, ni batas o mascarillas suficientes para cubrir todos los turnos y (brindar) cuidado adecuado a los pacientes”, manifestó la líder del CPEPR.
¿A las puertas de una crisis?
Tras insistir por las pasadas semanas que Puerto Rico aún no se acercaba a una crisis de espacio hospitalario, el secretario González indicó que ayer mismo sostendría una reunión con representantes de la Asociación de Hospitales para comenzar a auscultar planes alternos en caso de que las camas disponibles se queden cortas si se mantiene el avance de la pandemia. Ayer, por primera vez, el Departamento de Salud reportó en su tablero digital que las personas hospitalizadas por Covid-19 superaban los 400, al registrarse un aumento diario de 375 a 415.
Hasta el martes, los pacientes del virus ocupaban el 6 % de las camas de adultos disponibles y el 7 % de las camas de intensivo, en las que se presentaba también una cifra récord de 49. Sin embargo, al tomarse en cuenta los pacientes hospitalizados por otras condiciones, esas cifras de ocupación se elevan a 62 % y 66 %, respectivamente.
“Debemos ver cómo se mueven los números. Alguien podría argumentar que 70 % o 75 % de la capacidad de hospitales es un número que debemos mirar. Pero cuando nos sentemos con la Asociación de Hospitales, con la Guardia Nacional, con Nino Correa (comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias), entonces establecemos cuál sería ese marco de referencia”, mencionó el funcionario.
Plá, por su parte, recordó que en el Campamento Santiago, en Salinas, la Guardia Nacional habilitó un espacio que pudiera albergar cientos de pacientes de Covid-19 y favoreció que el gobierno reconsidere los planes que en un inicio se contemplaron para establecer camas adicionales en lugares como el Centro Comprensivo de Cáncer, el Centro de Convenciones y la antigua base Roosevelt Roads.
“Si semanalmente obtuviéramos 200 pacientes adicionales tomaría de tres a cinco semanas llegar a un nivel crítico, donde vamos a tener que empezar a determinar, por la propia capacidad de hospitales individuales, dónde los vamos a tener que colocar”, dijo Plá.
“El problema principal que tenemos es que hay dos crisis. Tenemos el Covid subiendo y las enfermedades crónicas que no se trataron en marzo por miedo de ir al médico y están descompensándose y llenándose los hospitales por esas dos razones. Tenemos problemas de espacio sobre todo en áreas donde hay menos hospitales, como en el oeste y el norte, donde ya vemos problemas de capacidad hospitalaria”, alertó Ramos.
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