La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico radicó hoy una notificación ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para que el Distrito de Puerto Rico desestime la demanda que obligaba al gobierno a proveer documentos sobre el proceso de solicitar y negociar los contratos para la compra de pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.
La Junta tomó tal determinación luego de recibir una cantidad de documentos como resultado de la acción legal de dicho pleito.
El pasado 8 de junio, la Junta presentó su demanda en busca de información sobre los contratos multimillonarios otorgados a Apex General Contractors y 313 LLC, entre otros. La Junta pretende entender los procesos bajo los cuales estos contratos fueron negociados, solicitados y aprobados, así como mejorar y promover la confianza del pueblo sobre las contrataciones y solicitudes del gobierno durante una emergencia. El hecho de que el gobierno no proveyera los documentos solicitados, aún luego de seis cartas y solicitudes de información, fue lo que motivó la presentación del pleito.
“Únicamente después de presentada la demanda fue que el gobierno mostró progresos significativos en la producción de la documentación solicitada”, dijo Natalie Jaresko, directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión. “Especialmente en situaciones de emergencia, el proceso de contratación debe garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la eficiencia. Continuaremos revisando cómo se produjeron estos contratos y cómo el gobierno puede mejorar su proceso de adquisición para proteger el interés del pueblo de Puerto Rico”.
A base de su análisis de los documentos ahora provistos, y las representaciones del gobierno en cuanto a proporcionar y ayudar a obtener materiales adicionales, la Junta de Supervisión considera que dispone de información suficiente para evaluar el proceso de contratación y emitir recomendaciones para mejorar el requerimiento de propuestas de servicios. Sin embargo, dado a que esta acción judicial fue necesaria para lograr el cumplimiento gubernamental, la Junta de Supervisión está dispuesta a reanudar los litigios en caso de que ello fuese necesario.
Considerando lo que la Junta de Supervisión ha descubierto hasta el momento, aseguran que está claro que hay mucho que se puede y se debe hacer para mejorar las prácticas de contratación del gobierno en general, pero especialmente durante las emergencias.
La Junta de Supervisión hará público el resultado de su revisión de los contratos y del proceso de contratación cuando concluya su análisis.
