El Departamento de Justicia estadounidense rechazó autorizar $2.5 millones para sufragar la celebración del plebiscito ‘estadidad sí o no’ que la administración del gobierno novoprogresista aprobó realizar el 3 de noviembre, paralelo con las elecciones generales.
Entre las objeciones de la agencia federal estuvo que la solicitud presentada por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “no proveyó suficiente tiempo para completar el proceso de múltiples pasos que el Departamento (de Justicia) debe seguir antes de liberar los fondos”. La Ley 51-2020, mediante la cual se aprobó la consulta a nivel local, estableció el 30 de junio como la fecha límite para completar los trámites de financiamiento federal.
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Además, la carta dirigida a Juan Ernesto Dávila Rivera, presidente de la CEE, puntualiza que “múltiples aspectos de la Ley 51-2020 dejan claro que hay un acercamiento a la pregunta sobre el estatus de Puerto Rico desde una perspectiva pro-estadidad y antiterritorial… En ese contexto, el visto bueno del Departamento para el financiamiento del plebiscito podría aparentar como un endoso de esta perspectiva y un rechazo a las otras opciones disponibles”.
La carta, revelada por el analista Jay Fonseca, también indica que la legislación aprobada parte de unas premisas con las que el gobierno federal discrepa, particularmente en el sentido de que los plebiscitos de 2012 y 2017 “constituyeron una rechazo directo al estatus territorial actual… y a las opciones que implican soberanías separadas”.
La misiva, firmada por el subsecretario de Justicia, Jeffrey Rosen, señala que los resultados de la consulta de 2012 fueron objeto de gran controversia y que en 2017 la agencia rechazó igualmente financiar el plebiscito y, en última instancia, la participación del electorado fue demasiado baja como para interpretar los resultados como “un voto decisivo para la estadidad”.
Dar el aval al plebiscito de noviembre “sugeriría que los Estados Unidos ya no es neutral sobre las opciones futuras para el estatus de Puerto Rico”, escribió Rosen a Dávila Rivera.
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Justicia federal, igualmente, cuestionó el lenguaje que aparecerá en la papeleta, al señalar que da la impresión de que un triunfo del ‘sí’ conllevaría el inicio automático de una transición de Puerto Rico hacia la estadidad, y además compara incorrectamente el caso de la isla con los que anteriormente atravesaron Hawái y Alaska para incorporarse a la unión.
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Según Rosen, tanto Alaska como Hawái votaron en consultas autorizadas previamente por el Congreso federal.
“En otras palabras, la legislación federal ya había establecido los términos para su potencial admisión y condicionaba dicha admisión al voto afirmativo de los electores de los territorios. Esa no es la postura aquí”, subraya la misiva.
Lea la carta del Departamento de Justicia estadounidense:
Plebiscito by Metro Puerto Rico on Scribd
