El portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que le presentará a la Junta de Gobierno de su colectividad la propuesta de boicotear el plebiscito ‘estadidad sí o no’ luego de la negativa de las autoridades federales a otorgar su aval a la consulta de estatus.
“Las estrategias del partido se van a comunicar directamente desde la Junta de Gobierno. El primer paso, y desde el punto de vista de los resultados ha sido productivo, era quitarle legitimidad a la consulta. La delegación del Partido Popular en la Cámara fue la primera entidad que emitió una carta al secretario de Justicia federal (y) nos contestaron. Así que lo que fue el planteamiento de la Junta de Gobierno, que estableció que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y este servidor dirigiéramos esa gesta…Fue positivo para el partido”, dijo Hernández esta mañana durante una conferencia de prensa virtual que realizó junto a cerca de una veintena de aspirantes populares a la Cámara de Representantes que participarán en las primarias del próximo domingo.
“Ahora debe en los próximos días la Junta de Gobierno reunirse y hacer un planteamiento. Yo, personalmente, no voy a votar en un documento que no tiene ningún tipo de valor y ese va a ser mi planteamiento ante la Junta de Gobierno. No le podemos dar legitimidad a una estrategia que es estrictamente electoral, no es una estrategia sustantiva para verdaderamente resolver las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”, añadió el representante.
La estrategia de boicotear total o parcialmente los plebiscitos de estatus ha sido la práctica estándar del Partido Popular Democrático (PPD) en los procesos que se han celebrado desde 1998.
En 1998, por ejemplo, el PPD, encabezado por Acevedo Vilá, realizó campaña a favor de la opción de “ninguna de las anteriores”, que superó a las alternativas de estatus propuestas. En 2012, en tanto, la colectividad instó a dejar en blanco la pregunta sobre alternativas no territoriales, mientras que en 2017 hizo un llamado a no votar en la consulta en que la estadidad triunfó con más del 97% de los sufragios emitidos, aunque con una participación que no alcanzó el 25% del electorado.
En una carta con fecha del 29 de julio, el subsecretario de Justicia federal, Jeffrey Rosen, indicó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que el gobierno estadounidense no avalaría el proceso legislado en Puerto Rico, por entender que el diseño de la papeleta podría engañar al elector sobre las consecuencias del resultado. Rosen también puntualizó el poco tiempo que la Ley 51-2020 concedió al gobierno federal para tomar una decisión.
Al no recibir el visto bueno para la consulta, la CEE no tendrá acceso a los $2.5 millones que desde el 2014 autorizó el Congreso federal para la campaña de educación sobre las alternativas de estatus presentadas en un plebiscito, contingentes a que el gobierno estadounidense acepte las definiciones que contendría la papeleta. De esa forma, la CEE deberá costear la totalidad del gasto plebiscitario, estimado en $3.5 millones.