El expresidente colombiano Álvaro Uribe no podrá permanecer en libertad mientras la Corte Suprema investiga las acusaciones en su contra de que manipuló testigos, señaló el viernes el mandatario Iván Duque.
En un mensaje videograbado divulgado en su cuenta de Twitter, Duque defendió la honorabilidad de su mentor político y lamentó que no se le permita defenderse sin estar detenido, en momentos que el país se ve sacudido por el futuro que le puede deparar al exmandatario.
El propio Uribe anticipó la situación en un mensaje en Twitter, aunque no dio más detalles.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, señaló Uribe.
Diversos medios colombianos han señalado que la Corte Suprema ordenó el arresto del exmandatario, aunque el máximo tribunal no ha hecho ninguna declaración oficial.
Uribe fue presidente de 2002 a 2010, en momentos que continuaba un largo conflicto con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que luego firmaron un histórico acuerdo de paz con su sucesor.
Al exmandatario se le investiga por supuestamente intentar influenciar y sobornar a miembros de un grupo paramilitar que tenía información perjudicial en su contra. Él ha negado todas las acusaciones y hasta ahora no se han presentado cargos formales.
El caso dividió a la nación sudamericana, con manifestaciones a favor y en contra de Uribe desde hace meses. Los analistas políticos consideran el caso como una prueba importante del sistema de justicia de Colombia.
El director de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco, elogió el martes a la Corte Suprema. “La Corte demuestra que todos —hasta los más poderosos— son iguales ante la ley”, dijo.
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Uribe mantiene su influencia sobre la política de Colombia y fue considerado clave en el empuje político de Iván Duque, que finalmente ganó la presidencia en 2018. Lideró la campaña de “no” en 2016 en la que los colombianos votaron en contra de un acuerdo de paz con los rebeldes de izquierda, que luego fue modificado y adoptado.
Las acusaciones de vínculos con carteles de la droga y paramilitares lo han perseguido durante décadas. La agencia de aviación civil que dirigió a principios de la década de 1980 fue acusada de otorgar licencias aéreas a narcotraficantes. En cables diplomáticos del Departamento de Estado de hace más de una década y desclasificados se muestra que funcionarios estadounidenses fueron informados que el político tenía vínculos con los carteles.
La acusación actual se deriva de una disputa con el senador Iván Cepeda, quien afirma tener testimonios de primera mano de que Uribe fue miembro fundador de un grupo paramilitar en su provincia natal durante el conflicto civil de décadas que involucró a las fuerzas gubernamentales, los rebeldes de izquierda y la derecha.
En 2012, Cepeda hizo acusaciones sobre los lazos paramilitares de Uribe durante un debate en el Congreso. Uribe luego acusó a Cepeda de calumnia, pero la Corte Suprema desestimó ese caso y decidió abrir una investigación contra el expresidente por los supuestos sobornos.
