La directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), licenciada Hannia Rivera Díaz informó el viernes que radicó ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) una petición para que se investiguen las medidas y/o protocolos implementados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para atender a todos los consumidores, en especial atención a la población de edad avanzada, durante la Pandemia del COVID-19.
“Las acciones empleadas por el funcionario de la AEE no sólo demuestran falta de solidaridad, entendimiento y civismo hacia las personas de edad avanzada, también trastoca el derecho del consumidor de recibir información clara y precisa en torno a su facturación y de recibir un servicio de calidad por parte de la Autoridad”, expresó la licenciada Rivera Díaz en comunicación escrita.
A través de las redes sociales la OIPC advino en conocimiento sobre un vídeo de un consumidor de edad avanzada que visitó una oficina comercial de la AEE en Fajardo para conocer información en torno a su factura y se le negó el servicio aun cuando el consumidor rogó ser atendido.
Del video surge que el consumidor en repetidas ocasiones le solicitó encarecidamente, al punto de rogarle al funcionario, que le permitiera hacer las gestiones para solicitar el balance de su cuenta y poder realizar el pago correspondiente. Como parte de la conversación, el consumidor le informó que sufre de un impedimento físico, que no cuenta con transportación y que tampoco cuenta con servicio telefónico. La respuesta consistente por parte del funcionario, cuya identidad desconocemos, fue que el consumidor debía solicitar un turno mediante internet o mediante llamada telefónica. No es hasta que la ciudadana que grabó y publicó el video se ofreció a cederle su turno, que el funcionario finalmente accedió a atender al consumidor, reza la solicitud de investigación radicada ante el NEPR.
Te podría interesar:
- Drástica baja en los gastos de publicidad política
- 5 candidatos se juegan todo por su futuro político
- Joven de 34 años muere por COVID-19 en Puerto Rico
Asimismo, la directora de la OIPC catalogó como inaceptable e inhumano el trato ofrecido al consumidor por parte de este funcionario. “Si bien es cierto que, debido a la Pandemia provocada por el COVID-19, la Autoridad al igual que todas la Agencias Gubernamentales hemos tenido que implementar protocolos de seguridad a los fines de proteger la salud de nuestros empleados, dichos protocolos no pueden afectar las funciones que por ley debemos realizar. Como servidores públicos, es nuestro deber armonizar las medidas de seguridad implementadas con el servicio a la ciudadanía que venimos obligados a ofrecer, máxime cuando se trata de ciudadanos de la tercera edad, personas con impedimentos y que a todas luces no cuentan con los recursos para realizar las gestiones por otro medio que no sea presencialmente”, añadió Rivera Díaz.
La Junta Reglamentadora de Servicio Público fue creada por la Ley 211-2018. La JRSP opera como un organismo independiente y está dotado con la capacidad y los poderes necesarios para dar cumplimiento a la Ley que lo funda. Esta Ley permite que se integren las actividades gubernamentales de los servicios públicos esenciales en una sola entidad dirigida por un cuerpo colegiado, cuya misión principal es reglamentar, supervisar y administrar de manera más eficiente las instrumentalidades que forman parte del componente. Estos son: Negociado de Energía, Negociado de Telecomunicaciones, Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.
