La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el informe “COVID-19: Se puede hacer más para mitigar el riesgo de compensación por desempleo en virtud de la Ley CARES”, documento que reveló las fallas que han dado pie a solicitudes fraudulentas delos beneficios de desempleo.
“Estos beneficios ampliados y nuevos programas han aumentado significativamente los riesgos de fraude, despilfarro y abuso”, expuso la Oficina en su reporte.
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La auditoría de la agencia federal se llevó a cabo tras la aprobación de la Ley Cares, que incluyó la ayuda suplementaria de los $600 semanales de desempleo y el Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés). El ejercicio evalúa el desempeño de la Administración de Desempleo y Formación (ETA, por sus siglas en inglés) . Esto incluyó entrevistas con funcionarios de ETA, revisión y evaluación de los planes de orientación, supervisión y prevención de fraude, capacitación ofrecida a los estados, acuerdos estatales, financiamiento de programas, planes de asistencia en tecnología de la información y desafíos de implementación.
“La guía de ETA no abordó suficientemente el riesgo de fraude, despilfarro o abuso. El 26 de mayo de 2020, emitimos un memorando de alerta para resaltar el riesgo de fraude en el programa Asistencia por desempleo pandémico (PUA) dada su dependencia de la autocertificación. En respuesta a nuestro memorando, ETA acordó involucrar al Congreso con respecto a medidas adicionales de prevención del fraude e integridad del programa”, reveló la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo federal.
A pesar de que entiende que ETA ha utilizado sus herramientas para prevenir el fraude, sin embargo, no ha sido suficiente. El informe resalta que, al no evaluar estos programas, se descuenta el alcance de los programas que se estima cuestan $260 mil millones.
“Los informes de los medios de comunicación y el propio trabajo de investigación de la OIG indican que se está produciendo una actividad fraudulenta significativa, lo que representa una gran amenaza para la integridad del programa del seguro de desempleo”, se detalla en la auditoría.
A continuación detallamos algunos hallazgos de la auditoría:
- El programa PUA y la guía de integridad del programa no ayudan adecuadamente a los estados a identificar a las personas que se niegan a regresar al trabajo y continúan recibiendo los beneficios del programa.
- Asimismo, indicaron que el programa PUA necesita mayor supervisión. La Oficina del Inspector General recordó el memorando de alerta en el que recomendó que ETA consulte con el Congreso sobre si un reclamante tiene derecho a establecer y continuar recibiendo pagos de PUA sin proporcionar documentación en ningún momento durante la determinación del monto del beneficio semanal.
- Se indicó que si no se emite una guía más sólida o los estados no implementan medidas adicionales por su cuenta, el programa PUA corre un riesgo significativo de fraude y otros pagos indebidos hasta que el programa expire el 31 de diciembre de 2020.
- Además, detallaron que estimados conservadores sitúan los pagos indebidos para los programas desempleo de la Ley CARES en al menos $27,600 millones.
Además, la Oficina del Inspector General recomendó lo siguiente:
- Que el Departamento del Trabajo federal reclute a los empleadores para que ayuden a los funcionarios estatales a identificar la elegibilidad continua de las personas que se niegan a regresar al trabajo brindándoles asistencia técnica.
- Desarrollar una metodología alternativa para estimar de manera confiable los pagos indebidos para esos programas.
- Los procesos de supervisión del desarrollo en los que los estados están administrando los programas de UI de la Ley CARES para garantizar los pagos a las personas elegibles de manera oportuna y que los estados presenten informes precisos.
- Emitir orientaciones que dirijan a los estados para que proporcionen acceso a los datos estatales del reclamante, con el fin de prevenir y detectar el fraude.
Arrestos por fraude al PUA en Puerto Rico
Mientras, en la Isla la División de Robos a Bancos ha reportado más de 35 arrestos en Puerto Rico por fraude al programa federal. Los arrestos se han dado por fraude mediante identificaciones falsas y robo de identidad.
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Asimismo, hoy el Departamento de Justicia informó de la radicación de cargos a la primera persona por fraude. Miguel A. Martínez Rivera de 45 años, enfrenta cargos de tentativa de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, tentativa de fraude, entre otros. Se le impuso una fianza global de $100,000.
