La Policía de Puerto Rico se mantiene en compás de espera por la Unidad de Crímenes Cibernéticos para obtener más evidencia sobre el caso reportado de una mujer que fue violada por cinco hombres en el municipio de Añasco el pasado 8 de agosto.
De acuerdo con la Teniente Melizet Acarón, de la División de Delitos Sexuales de la región de Mayagüez, aunque la víctima no ha podido ofrecer un testimonio a las autoridades, la investigación se ha dirigido a otras pruebas que puedan obtener de su celular y los resultados del safe kit.
“El testimonio de qué sucedió, cómo sucedió y de todo lo que allí pasó, pues no tenemos nada”, dijo la teniente Acarón, quien añadió que la única declaración de la víctima es la que ofreció al agente interventor de primera respuesta.
“Pero eso significa que no continuarán investigando?”, cuestionó Metro. “Eso significa que vamos a darle un espacio para que ella se recupere y se trate de preparar para una entrevista con nosotros”, respondió la teniente. La oficial aseguró que la semana que viene podrían volver a llamar a la víctima para auscultar la posibilidad de que sea entrevistada por agentes de la División de Delitos Sexuales.
Ante esto, aseguró que continuarán investigando otros ángulos como el teléfono móvil y los resultados forenses que la víctima pudo ofrecer en una institución hospitalaria. Sin embargo, Acarón indicó que desconoce cuándo esperan recibir los resultados de la Unidad de Crímenes Cibernéticos y del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
En cuanto al teléfono móvil, la oficial indicó que, específicamente, los agentes estarán evaluando si pueden obtener evidencia de la aplicación ’Chispa’, que presuntamente utilizó la víctima para comunicarse con uno de los supuestos agresores.
“Lo que nosotros buscamos en el celular es algo que nos lleve al esclarecimiento de lo que sucedió. No sé qué podemos encontrar porque no sé si esa aplicación se guardan esas conversaciones después que terminan”, señaló la agente en entrevista telefónica.
Acarón señaló que también esperan por el análisis del NCF del safe kit de la víctima que contiene la evidencia forense sobre la agresión sexual. Sin embargo, Acarón indicó que desconocen cuándo podrían tener resultados por parte de Forenses. “El término que ellos se tarden”, mencionó Acarón.
Denuncia manejo de la investigación
Por su parte, Zulnette García,integrante del Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR), exigió a las autoridades investigativas a que ejerzan presión sobre el NCF para que se produzcan los resultados del safe kit con agilidad y a obtener evidencia de la Unidad de Crímenes Cibernéticos. Objetó, además, que la Policía coloque la responsabilidad sobre la víctima para el esclarecimiento del caso luego de experimentar un proceso traumático como una agresión sexual.
“El problema es que la ineficiencia del estado de poder trabajar con el celular y de poder producir el procesamiento de un safe kit en lo que que redunda es en decir que ’no tenemos nada porque la víctima no ha ofrecido testimonio’. Eso es bien terrible. Imagínate, ella debe estar bregando con todo ese trauma y encima también tiene que bregar con esa responsabilidad. No puede ser”, dijo García.
“Encima de que ya hay un discurso público de prejuicio y de culpa a la víctima, ahora, además de ser culpable de haber sido violada, ahora es culpable de que la investigación no camine. Me parece una falta de sensibilidad”, continuó García, quien hizo alusión a comentarios en redes sociales posan sobre la víctima la responsabilidad del crimen y no sobre los agresores. “La culpa es de la persona que comete el crimen”, subrayó García.
La Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, comentó que el rol de la agencia en esta etapa es mantener la comunicación con la Policía y, en su momento, para ofrecerle acompañamiento a la víctima. “Es bien común que la víctima no recuerde o no quiera ser entrevistada, pero no es la única manera de encausar a estos agresores”, planteó Boria.
Insisten en un estado de emergencia
García, a su vez, precisó que el MAMPR, junto a otras organizaciones feministas, continuarán insistiendo en que se declare un estado de emergencia sobre la violencia contra las mujeres en el país.
Asimismo, condenó que las expresiones de la Procuradora de las Mujeres, Boria se hayan limitado a que se trató de un ’crimen atroz’. Para la activista, indicó que es imperante que las agencias concernidas ejecuten los protocolos y procedimientos que “ya están establecidos” para poder atender los crímenes de violencia de género.
Boria, por su parte, indicó que el plan de trabajo para una alerta nacional de violencia de género está “a punto de finalizar”. “El fin último es tener un plan idóneo y trabajar de manera concertada para poder erradicar la violencia”, dijo Boria en entrevista con este diario. El pasado 5 de septiembre de 2019, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que se decretaría una alerta nacional para atender los feminicidios en el país.
“Este asunto de montar un protocolo o de armar una idea de ’alerta nacional’ no es otra forma que no sea lograr dilatar más algo que no quieren hacer que es decretar la emergencia nacional. No sé por qué no lo quieren hacer”, cuestionó García.
Por su parte, Boria mencionó que, en lo que va de año, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) ha recibido 508 llamadas relacionadas a violencia de género. El año pasado recibieron 717.
Pese a que dichas casos podrían sobrepasar aquellos reportados a la agencia el año pasado, Boria reiteró que como Procuradora de la Mujer, no tiene la facultad para decidir si se decreta un estado de emergencia. “Lo que sucede es que la OPM no tiene esas facultades”, dijo Boria, quien aseguró que continuarán auscultando medidas para erradicar la violencia de género.
