Luego de haber trabajado por unos 25 años con el municipio de Mayagüez, Rosa Rivera Castro demandó al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y contra la precandidata a la Cámara de Representantes Joselyn Rodríguez Negrón, debido a que supuestamente estos discriminaron contra la exfuncionaria por no apoyar la candidatura de Rodríguez.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal en noviembre de 2018 y, según el trámite judicial, el caso apenas se encuentra en la etapa de descubrimiento de prueba.
De acuerdo con la demanda, Rivera Castro alega que su contrato con el municipio no fue renovado luego de que esta no respaldó las aspiraciones políticas de Rodríguez Negrón a la Cámara de Representantes. La ex empleada municipal sostuvo que también fue víctima de acoso laboral. Meses más tarde, el alcalde de Mayagüez le notificó —mediante una carta que le entregó un oficial de Recursos Humanos— que su contrato como empleada transitoria no sería renovado. Rivera Castro laboraba en el municipio de Mayagüez desde 1993.
Según la demanda, en octubre de 2017, Rodríguez Negrón se acercó a Rivera Castro para comunicarle sus intenciones de aspirar a la Legislatura por el Partido Popular Democrático. La funcionaria —que en aquel entonces dirigía la División de Educación Municipal— le pidió a Rivera Castro que conversara con su padre, Vicente Rivera, para que este respaldara su candidatura. Vicente Rivera, de acuerdo con la demanda, es un líder prominente del PPD en Mayagüez.
Sin embargo, días después, Rivera Castro le comunicó a Rodríguez Negrón que su padre no había decidido aún si él también aspiraría al escaño legislativo y, por ende, no resultaba muy temprano decidir apoyar la candidatura de Rodríguez Negrón. Asimismo, Rivera Castro le comentó que apoyaría la candidatura de su padre si este decidiera aspirar al escaño cameral.
Luego de esta conversación, la relación laboral entre Rodríguez Negrón y Rivera Castro comenzó a quebrantarse. De acuerdo con la demanda, días más tarde, en un breve intercambio Rodríguez Negrón le dijo a Rivera Castro que “en la política o estás conmigo o estás en contra mía” y que su decisión de no respaldar su candidatura le afectaría en su empleo en el municipio de Mayagüez.
Rivera Castro cuestionó la reacción de Rodríguez Negrón ya que su padre no había tomado una decisión sobre su futuro político. En febrero de 2018, Rivera Castro fue transferida. Argumentó que no le ofrecieron explicación alguna en torno al cambio.
No sería hasta mayo que recibió una carta firmada por el alcalde Rodríguez en el que se le indicó que no se le renovaría su contrato pese a más de 25 años trabajando para la administración municipal.
Sin embargo, la defensa de Rodríguez Negrón y el alcalde de Mayagüez, es que a Rivera Castro no se le renovó el contrato debido a su comportamiento en el empleo. De esta forma, rechazaron que la salida de Rivera Castro haya respondido a motivaciones políticas y a su negativa en apoyar la candidatura de Rodríguez Negrón. De acuerdo con la representación legal de ambos, Rivera Castro no seguía instrucciones y no tenía una pobre relación con otros empleados.
Asimismo, rechazaron que Rodríguez Negrón le hubiese comunicado a Rivera Castro sus aspiraciones políticas o que esta hubiese emitido una expresión pública sobre su futuro política en esa fecha. “La negativa a renovarle el contrato a la demandante fue auto-infligido debido a su menosprecio a su trabajo y sus prolongadas ausencias”, reza un documento sometido al tribunal por las partes en octubre de 2019.
Tan reciente como el pasado miércoles 5 de agosto, surgió una controversia sobre el testimonio del padre de Rivera Castro, Vicente Rivera, luego de que los demandantes —Rodríguez Negrón y Rodríguez— plantearon que la media hermana de Rivera Castro, Wanda Rivera, se negó a que un emplazador le entregara a su padre una orden de comparecencia al tribunal. El pasado 10 de agosto, el juez federal Jay Gregory ordenó a Rosa Rivera y a su hermana Wanda, a que no interfieran con la comparencia de su padre Vicente. Advirtió, además, que de así hacerlo podría sancionarlas a ambas.
La representación legal de Rivera Castro exigió al tribunal que se emitiera una orden —so pena de desacato— a Wanda Rivera para que no detenga la citación al señor Vicente Rivera.
Tanto Rodríguez y Rodríguez Negrón fueron mencionados en un informe de la División Legal del Departamento de la Familia (DF) y apuntó a que el alcalde mayagüezano se aprovechó políticamente de la distribución de suministros en el suroeste de la isla tras los terremotos de enero. Tras la publicación del informe, Rodríguez negó que hubiese intervenido políticamente en la distribución de suministros de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Luego de la revelación del informe, Surima Quiñones fue destituida de su cargo como administradora de ADSEF.
