La Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, que representa a los trabajadores y trabajadoras del Negociado del Sistema 9-1-1, denunció en la mañana del miércoles que la gobernadora Wanda Vázquez en coordinación con la Comisionada del 9-1-1 Yazmín González, atentan contra la seguridad de los fondos de esa entidad, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos que necesiten una respuesta inmediata a través del 9-1-1.
El sindicato informó que la Ley 32-2020, que fue presentada por ese gremio buscando proteger los fondos 9-1-1 para que sean utilizados única y exclusivamente para la atención de llamadas de emergencia, tal como establece los estatutos federales.
“Nuestra Unión con el apoyo de los Senadores Henry Neumann y José Vargas-Vidot, presentamos lo que hoy es la Ley 32-2020, para poder devolverle al 9-1-1 las herramientas que necesita y asegurarnos que se protejan los fondos. Era necesario excluir al negociado de la Ley 26-2017, que es la “Ley de cumplimiento con el Plan Fiscal”. Como se ha explicado, los fondos 9-1-1 no se pueden usar para pagar deuda ni se pueden transferir al fondo general, no hace sentido aplicar medidas de austeridad en el 9-1-1 y lo que ha creado es un aumento en el tiempo de respuesta y la reducción de recursos para atender las emergencias del país,” sostuvo Aramis Cruz, Presidente del Sindicato.
Según la Unión, este proyecto se estuvo trabajando por dos años y en ningún momento la Gobernadora ni la Junta de Supervisión Fiscal indicaron que los mismos eran incompatibles con PROMESA o el Plan Fiscal. De hecho, cartas en poder de la Unión por pate de la Directora Ejecutiva de la Junta Natalie Jaresko claramente establecen que el uso de Fondos 9-1-1 se utilizaran para los propósitos establecidos en la Ley y el mejoramiento del Sistema.
Cruz informó que “el problema recae que, de momento, la gobernadora Wanda Vazquez junto a la Comisionada Yazmín González y al secretario del Departamento de Seguridad Publica Pedro Janer, le someten una carta a la Junta informando que no pueden cumplir con la Ley 32-2020 pues es incompatible con el Plan Fiscal, pese a que el Gobierno le ha dado paso a otras medidas cuyo impacto en el fondo general es palpable. Todo, debido a que la Ley 32-2020 le hace imposible desviar fondos como se ha hecho en el pasado”.
Cruz recordó al Gobierno que para los años 2014-2017 el 9-1-1 desvió mas de 24 millones de dólares para asuntos no relacionados a la atención de llamadas de emergencias. Esto causó un desbalance en sus finanzas y los municipios integrados ni agencias de respuesta recibieron las partidas presupuestarias que estaban destinadas para esos fines. Esto creó que el tiempo de respuesta aumentara a casi 35 minutos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. También señaló que bajo esta administración se han desviado fondos, como la compra de un vehículo para el pasado Secretario de Seguridad Publica, Héctor Pesquera.
“La comisionada insiste en que fue la Junta de Supervisión Fiscal quien paralizó la Ley y eso no es correcto, la Junta claramente le pidió al Gobierno que justificara por qué la Ley 32-2020 pudiera ser aplicada cuando el impacto es de aumentar el presupuesto (con los fondos propios del 9-1-1) en aproximadamente 450,000 dólares y el Gobierno decidió no justificar la Ley. De hecho, el 9-1-1 hoy día está buscando pagar con fondos del 9-1-1 gastos relacionados directamente con el DSP, lo que esta ley no permitiría. Como el DSP y la omisionada González no pudieron enmendar la ley lo más fácil fue echarla a un lado. Y eso fue exactamente lo que hicieron estos funcionarios. Pensaron primero en sus agendas políticas y dejaron a un lado la seguridad del pueblo. No podemos permitir volver atrás. Tenemos que defender la Ley 32-2020 y no descansaremos hasta lograrlo” sentenció Cruz-Dominguez.
Actualmente todos los empleados se encuentran realizando manifestaciones pacíficas en ambos centros 9-1-1 en repudio al silencio de la Comisionada González en relación a este asunto y desmintieron públicamente a la comisionada. “La Comisionada dice ser víctima de la burocracia, pero no sale a la luz pública defendiendo este proyecto, ni tan siquiera le ha escrito a la Junta de Supervisión Fiscal defendiendo la importancia del mismo. Tampoco ha criticado el DSP de la forma enérgica que su colega la doctora María Conte Miller lo hizo con el Negociado de Ciencias Forenses”.
