El fiscal de los Estados Unidos, Scott W. Brady, y el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, anunciaron hoy que 33 personas, incluidos los reclusos de ocho cárceles y prisiones estatales y del condado en el oeste de Pensilvania y sus cómplices, han sido acusados en denuncias penales federales y estatales por obtener ilegalmente ayuda para el coronavirus.
Estos informaron en una comunicación escrita que, los acusados recibieron el Programa de Desempleo por Pandemia (PUA), mediante declaraciones falsas o fraudulentas, y a los que no tenían derecho. No se especificó el monto total del dinero que obtuvieron de manera ilegal.
El fiscal federal Brady declaró: “El alcance y la audacia sin precedentes de este fraude de compensación por desempleo para reclusos es espantoso. Estos beneficios estaban destinados a ayudar a los trabajadores de Pensilvania a superar un momento difícil. Estos reclusos y sus cómplices aprovecharon esta emergencia nacional para llenar sus bolsillos a través de fraude. Su conducta es despreciable en cualquier momento, pero particularmente en un momento de emergencia nacional”.
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“El mensaje para quienes se involucraron en este fraude es claro: si presentó una solicitud fraudulenta de beneficios por desempleo, retírela. Si obtuvo un cheque o tarjeta de débito por fraude, devuelva si no lo hace, espere escuchar un golpe en su puerta muy pronto”, agregó Brady.
Estafa desde la cárcel
“Estafaron un programa destinado a la gente común cuyas vidas fueron desarraigadas por COVID-19, algunos lo hicieron desde las celdas de la cárcel en prisiones locales de Pensilvania”, dijo por su parte el fiscal general de Pensilvania, Shapiro.
Asimismo, Derek Pickle, Interino Especial Agente a cargo, Región de Filadelfia, Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU, expuso que una misión importante de la Oficina del Inspector General es investigar las denuncias de fraude que amenazan la integridad del programa de Seguro de Desempleo.
“El Servicio Secreto de los Estados Unidos se compromete a trabajar con todos nuestros socios, tanto en el gobierno como en el sector financiero, para detectar y arrestar a todos aquellos que participan en tales delitos”, sentenció Timothy Burke, agente especial a cargo de la oficina de campo de Pittsburgh del Servicio Secreto de Estados Unidos.
“Las personas acusadas hoy prepararon este plan tras las rejas para robar los beneficios de desempleo que deberían haber ido a las familias de nuestra área que están sin trabajo y tratando de alimentar a sus familias”, dijo el agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, Michael Christman. “En un momento en que la gente de todo el país ya está luchando, este grupo capitalizó las dificultades creadas por la pandemia. Sabemos que hay más por ahí y no detendremos nuestra investigación hasta que traigan a quienes pensaban que podrían obtener algo de dinero gratis a la justicia”.
