Las propuestas de la Junta de Control Fiscal (JCF) para reformar el modelo contributivo sobre propiedades inmuebles y allegar ingresos a los municipios no son nuevas en el panorama puertorriqueño, si bien los intentos para implementarlos se han quedado cortos en el pasado.
“La propuesta es genérica. Se ve bien, lógica, y que parte de una necesidad que desde hace tiempo se ha venido planteando en Puerto Rico. De hace tiempo se ha venido hablando de retasar las propiedades y reducir tasas contributivas pero mantener un recaudo mayor”, sostuvo el economista José Alameda, al puntualizar que “el diablo está en los detalles”, frase que también utilizó, en entrevista por separado, su colega José Caraballo Cueto.
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El pasado viernes, la JCF publicó una carta enviada a la gobernadora Wanda Vázquez y los líderes legislativos en la que recomienda reformar el sistema de impuestos sobre la propiedad. Los cambios al modelo seguirían cuatro pilares fundamentales: la reducción de las exenciones tributarias; la tasación partiendo del valor de mercado; reducción de las tasas estatutarias; e implementar varias clasificaciones para determinar las escalas contributivas, partiendo del tipo de propiedad.
En Puerto Rico, indica la carta, la última evaluación de los bienes inmuebles se produjo en 1957, lo que a su vez ha provocado que eleven las tasas contributivas, con el objetivo de compensar por el bajo valor nominal de las propiedades.
Caraballo Cueto reconoció que el principal interés de la JCF al presentar la propuesta es ampliar la base contributiva sobre las propiedades, proveyendo a los municipios, severamente golpeados por la crisis fiscal y las medidas de austeridad promovidas por el organismo federal, nuevas fuentes de ingreso.
“La Junta (Fiscal) me parece que lo único que tiene en mente es allegarle más ingresos al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y a su vez a los municipios y menos en establecer un sistema que sea progresista y que elimine impuestos que son distorsionadores, como el impuesto al inventario. Cuando uno hace una reforma contributiva el único objetivo no puede ser allegar más fondos, tiene que haber un objetivo de establecer un sistema equitativo, justo y que no distorsione los mercados, como el impuesto al inventario”, subrayó el economista.
Metro intentó contactar al presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo, pero el alcalde de Cidra no estuvo disponible para entrevista.
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La JCF puntualizó en la misiva que el 58% de las propiedades cuentan con algún tipo de exención contributiva.
“Lo más importante es que las exenciones lleguen a un límite, digamos $300,000. Porque en la actualidad si tienes tu primera residencia, sea en Caimito o en Montehiedra, está exenta. Eso no me parece adecuado porque las propiedades lujosas tienen que pagar más y así es en la mayoría de las jurisdicciones. Estoy de acuerdo con que se elimine ese concepto de la primera residencia y se establezcan unos umbrales”, dijo Caraballo Cueto.
En última instancia, cualquier reforma que implique un incremento en la contribución sobre la propiedad tendría que sobrepasar la aversión al costo político de los funcionarios electos que estén en la posición de legislarlo.
“Lo que pasa es que la gente no quiere (pagar) contribuciones (pero) quiere servicios del gobierno. Pero ahora es una situación difícil políticamente, imagínate poner ahora cerca de las elecciones unos impuestos. Te van a estar dando por el cocote por eso”, ilustró Alameda.
