El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Departamento de Estado restaurar inmediatamente los certificados de registro de dos fundaciones que dieron dinero a los comités de acción política (PAC) responsables de campañas mediáticas contra la gobernadora, Wanda Vázquez durante las primarias, pues se concluyó que la acción del gobierno fue un acto de represalia.
Específicamente la orden se emite en el caso incoado por la Fundación Pro Igualdad, Inc. y del Foundation for Progress, Inc contra el Departamento de Estado de Puerto Rico.
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“Se ordena al secretario o secretaria de Estado en funciones que restaure inmediatamente y bajo apercibimiento de desacato los certificados de registro de la Fundación Pro Igualdad, Inc. y del Foundation for Progress, Inc.”, lee la orden del juez Alfonso Martínez del mencionado Tribunal.
En la demanda, la defensa de estas organizaciones alegó que la cancelación de estos certificados fue con la intención y el efecto de suprimir el ejercicio de la libre expresión política de estás fundaciones. Este alegato se basa en que ambos entes, antes de que se les cancelara el registro en Estado, realizaban campañas, y aportaban dinero a comités para manifestar una desaprobación de la Gobernadora Wanda Vázquez, quien en ese momento era candidata primarista para la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Este señalamiento fue contestado en la moción del juez asegurando que “tal actuación gubernamental fue – con toda probabilidad – un acto de represalia por el contenido del mensaje político de los anuncios de campaña financiados por las corporaciones demandantes en contra de la Gobernadora”.
El Departamento de Estado había solicitado que esta demanda se desestimara el pasado 31 de agosto, moción que fue denegada por el Tribunal.
Además de ordenar la certificación de ambos grupos, el juez fijó una “fianza de $500.00 a la parte demandante para el pago de las costas y los daños en que pueda incurrir o que haya sufrido cualquier parte durante la vigencia del injunction preliminar expedido a este caso”.
En una de las partes de la orden se apunta al dato de que el director de campaña de la Gobernadora, Jorge Dávila, en su querella jurada ante la Comisión Federal de Elecciones, el 31 de julio de 2020, para denunciar los anuncios políticos antes mencionados, hizo referencia a las cancelaciones del registro de las corporaciones demandantes. Sin embargo, esa actuación gubernamental realizada por el entonces Secretario de Estado no ocurrió ni se notificó formalmente a las fundaciones demandantes hasta el 4 de agosto de 2020, esto es, cuatro días más tarde. “De tal cronología de eventos y del conocimiento declarado bajo juramento del señor Dávila sobre acciones oficiales futuras se puede colegir que existe la probabilidad de que ocurrió alguna coordinación o comunicación sobre este asunto entre el referido equipo de campaña de la Gobernadora y el Departamento de Estado”, expresa la sentencia.
El Centro de Periodismo Investigativo reveló la incorporación de las fundaciones que donaron dinero a los PAC. También se reveló el vínculo de personas allegadas a Pedro Pierluisi con los PAC, aunque no se planteó la coordinación de las campañas de los PAC con la del candidato Pierluisi.
Lee la orden aquí:
Resolución y Orden by Metro Puerto Rico on Scribd
