La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, dijo hoy en Radio Isla que halló graves irregularidades en la Cámara de Representantes asociadas al proceso de contrataciones.
“No hay controles, hay muchos contratos. En la Cámara no se siguen planes de clasificación. En una oficina tu pagas una cantidad por el mismo trabajo que hacen en otra por otra cantidad y eso es un gran problema”, declaró Valdivieso.
La funcionaria señaló que al menos se publicarán tres informes relacionados al cuerpo legislativo, pero todavía no están disponibles.
Estos señalamientos surgen a solo semanas de que las autoridades federales arrestaran a dos representantes -María Milagros Charbonier y Nelson del Valle- por alegatos vinculados a corrupción.
Te recomendamos:
- Gobierno sin plan de trabajo a un año del decreto de alerta nacional por violencia de género
- 79 % de los estudiantes toman clases, según Educación
- Pérdidas de $271 millones en Turismo por el COVID-19
Además, apenas ayer la Oficina del Contralor publicó una auditoria sobre el Senado bajo el liderato de Eduardo Bhatia y Thomas Rivera Schatz en el que revela que en el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, el Senado de Puerto Rico pagó por servicios que fueron facturados sin evidencia, con incumplimientos del contrato, entre otras faltas.
En términos generales, los servicios estaban relacionados con asesoría administrativa, asesoría en comunicaciones, relacionistas públicos, asesoría en asuntos laborales y administrativos, coordinación de servicios intergubernamentales, asesoría en asuntos federales, y coordinación de enlace comunitario. Tanto
“Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, en el Senado se otorgaron 1,899 contratos de servicios profesionales y consultivos y 604 enmiendas a estos por $38,350,005 y $4,063,896 respectivamente“, señala el informe.
El Informe señala que en el 47 por ciento de las facturas pagadas -20 contratos y 10 enmiendas que evaluaron- no contenían una descripción detallada y específica de los servicios ofrecidos por los contratistas en los informes de labor realizada. Como parte de la investigación, los contratistas no pudieron ofrecer detalles ni evidencia adicional sobre los servicios facturados a través de entrevistas.
El cuerpo legislativo tampoco proveyó más evidencia, ni pudo proveer documentos para justificar el pago al 23% de las facturas, que sumaron $161,230.
“En entrevistas realizadas por nuestros auditores, entre el 14 y 29 de marzo de 2019, a los cinco contratistas, estos indicaron haber suministrado como evidencia de los servicios brindados, memoriales o escritos de casos, consultas atendidas, borradores de comunicados de prensa, y planes de trabajo enviados por correo electrónico; y trabajos de grabación, fotografía, digitalización y edición, entre otros. De acuerdo con los contratos, los servicios serían certificados por los funcionarios que fungieron como secretarios de Administración y directores de la Oficina de Prensa y Comunicaciones (OPC)“, lee el informe.
Pero el secretario de administración y la directora de la OPC dijeron que la evidencia no fue localizada.
En otro caso, para tres contratos por $144,000 relacionados con servicios prestados en la Oficina de Asuntos Gubernamentales, en 5 facturas por $18,200, los contratistas incumplieron con parte de los contratos.
Algunos de los señalamientos al proceso de facturación incluye fallas administrativas como las siguientes:
- En 113 facturas (57%) por $560,750, no se incluyó el número de factura
- En 22 facturas (11%) por $111,237, no se incluyó la fecha
- En 28 facturas (14%) por $164,025, no se incluyó la dirección del contratista
- En 135 facturas (68%) por $673,276, no se incluyó la fecha de la certificación del funcionario del área que recibió el servicio
- En 13 facturas (6%) por $45,328, las personas que certificaron que los trabajos se realizaron, no estaban autorizadas a certificar facturas, ya que sus firmas no estaban incluidas en el registro de firmas autorizadas que mantiene la OAFF
