La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, y el director de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlo Ríos, informaron que hoy se radicaron cargos, por hechos separados, contra Lydia Valentín Rodríguez, Michael Soto Rodríguez y Caroline Rosario por apropiación ilegal de identidad y falsificación de documentos con el fin de obtener fondos de desempleo bajo el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico conocido por sus siglas: PUA.
Se alega que el 18 de julio de 2020, en la sucursal del Banco Popular de Puerto Rico de Vega Baja, la imputada Lydia Valentín Jiménez acudió a cambiar un cheque del Programa PUA y fue detectada en la sucursal al presentar una identificación falsa para lograr el cambio de dicho cheque. La imputada fue arrestada en el lugar de los hechos por la Policía. A Valentín Jiménez se le radicó un cargo por el Artículo 209 -Apropiación Ilegal de Identidad; y un cargo por el Artículo 215 – Falsificación de Licencia, Certificado y otra Documentación, del Código Penal de Puerto Rico.
Por otra parte, el 24 de julio de 2020, en la sucursal del Banco Popular localizada en Plaza Carolina, el imputado Michael Soto Rodríguez fue arrestado, mientras supuestamente se disponía a cambiar ilegalmente un cheque correspondiente al Programa PUA, utilizando una identificación fraudulenta. A Soto Rodríguez se le radicó un cargo por el Artículo 215 – Falsificación de Licencia, Certificado y otra Documentación, del Código Penal de Puerto Rico.
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En otro caso ocurrido el 27 de julio de 2020, en la sucursal del Banco Popular localizada en Dorado, la imputada Caroline Rosario fue arrestada mientras se alega que se disponía a cambiar ilegalmente un cheque correspondiente al beneficio del Programa PUA. La imputada presentó una identificación falsa para lograr el cambio de dicho cheque. A Rosario se le radicó un cargo por el Artículo 209 -Apropiación Ilegal de Identidad; y un cargo por el Artículo 215 – Falsificación de Licencia, Certificado y otra Documentación, del Código Penal de Puerto Rico.
La investigación y radicación de estos casos estuvo a cargo de los fiscales Juan J. Méndez Carrero, Lourdes Acevedo Cruz, Luisa M. Vázquez Cruz y Roxanne Rivera Carrión en conjunto a los agentes Abraham Lebrón Hernández y Carlos E. Matos Ortiz de la División de Robo a Bancos y Fraude del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El Departamento de Justicia continúa investigando una serie de casos relacionados al Programa PUA en coordinación con el Negociado de la Policía.
La jueza Raiza I. Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa probable para arresto en ambos delitos contra Caroline Rosario Causa y le impuso una fianza global de $20,000. La vista preliminar quedó señalada para el 22 septiembre de 2020.
A Lydia Valentín Jiménez la Juez Cajigas Campbell encontró causa para arresto y le fijó una fianza no diferida de $10,000. La vista preliminar quedó señalada para el 22 de septiembre de 2020.
Por otra parte, la juez Vanessa Dávila Colón del Tribunal de San Juan determinó causa probable para arresto contra Michael Soto Rodríguez y le fijo una fianza no diferida de $5,000. La vista preliminar quedó señalada para el 22 de septiembre de 2020.
Todos los imputados prestaron fianza.
