Luego de haber desembolsado más de $200,000 para el pago de la controversial guagua blindada, el liderato del Departamento de Seguridad Pública (DSP) evalúa tomar medidas legales contra la compañía Texas Armoring por incumplimiento de contrato, según planteó una fuente a Metro.
La guagua fue adquirida el 23 de febrero de 2018 a un costo de $245,000. Originalmente, la guagua iba a ser utilizada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló pero, tras el escándalo público que se generó al conocerse el precio de adquisición, Rosselló decidió ceder la guagua al DSP.
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De acuerdo con la fuente consultada por este diario, la guagua blindada aún no ha sido entregada por la compañía, por lo que la agencia contempla medidas legales debido a un incumplimiento de contrato. El gobierno ha desembolsado unos $224,100 y aún no ha recibido el vehículo para el uso del DSP.
En junio, Texas Armoring, expresó por escrito que el vehículo será entregado “tan pronto el gobierno de Puerto Rico clarifique las modificaciones a instalarse”. Asimismo, culparon a las autoridades del retraso, al argumentar que el escándalo público que se suscitó hace dos años derivó en cambios en las especificaciones de la guagua blindada, así como en las personas contacto para completar la transacción. Asimismo, refutaron alegaciones de malversación de fondos.
A pesar de que el vehículo tenía un precio base de $86,950 y con las modificaciones de seguridad y comodidad ascendía a $245,000, en la requisición aparece un costo de $0.00 en la columna de “importe estimado”. La compra que finalmente tramitó la Oficina del Gobernador se hizo a la compañía Texas Armoring por $245,000.
Cuando trascendió la compra de la guagua blindada se insistió que el entonces gobernador Rosselló, desconocía el costo del vehículo. Pero lo cierto es que desde mediados de enero de ese año —documentos examinados por Metro— evidencian que los más altos funcionarios de la Mansión Ejecutiva trabajaban en la adquisición del vehículo para el uso de la primera familia.
El 19 de enero de 2018, por ejemplo, el exsecretario de la Gobernación y ahora senador, William Villafañe, escribió al entonces jefe de la Administración de Servicios Generales (ASG), Miguel Encarnación, para autorizar la adquisición de la Chevrolet Suburban “Premier”, que vendría equipada con aditamentos de lujo para la seguridad y comodidad del mandatario. Sin embargo, en una entrevista reciente, el senador novoprogresista aseguró que desconocía el precio por el que finalmente se adquirió el vehículo.
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El 29 de mayo, el secretario del DSP, Pedro Janer refirió a la Oficina del Contralor para que investigue la transacción del vehículo. El 4 de junio, el funcionario también presentó un referido al Departamento de Justicia para que comenzara una pesquisa en torno a la compra.
En el referido que el actual secretario del DSP, Pedro Janer, envió a la contralora Yesmín Valdivieso, se plantea que personal de Texas Armoring les ha indicado que solo están autorizados a discutir la compraventa con Jesús Hernández Torres y Mike Avilés, un empleado que, según Janer, ya se retiró del gobierno. Inclusive, Hernández Torres es un empleado del Departamento de Hacienda que en aquel entonces se encontraba destacado en el DSP. El funcionario ahora está en destaque en el Departamento de Salud, según supo Metro.
Entre la Oficina del Gobernador y el Negociado de la Policía se llegaron a desembolsar $224,100 por la compra de la guagua, de acuerdo con documentos incluidos en el referido de Janer a Valdivieso.
