La asignación de $400,000 en fondos públicos para gastos administrativos a la que todos los partidos políticos tienen derecho en año electoral peligra a siete semanas de las elecciones generales, toda vez que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó parcialmente la petición presupuestaria de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La JCF aprobó el 9 de septiembre unos $13.46 millones para que los partidos políticos y sus candidatos a la gobernación financien sus campañas para las elecciones así como los gastos administrativos en que incurrirán en las próximas semanas.
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Sin embargo, en lugar de autorizar los $1.6 millones a los que, de forma combinada, tienen derecho el Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad como parte de la Asignación Especial para Gastos Administrativos, la JCF aprobó únicamente $456,000, “que es la cantidad restante en la fuente de financiamiento identificada por la OGP”, según reza la carta del ente dirigida a Iris Santos, directora de la OGP.
“Suponiendo que la OGP presente una fuente de financiamiento válida para cubrir la diferencia, la JCF considerará aprobar los $1.144 millones restantes”, agrega la misiva, firmada por la directora ejecutiva del organismo federal, Natalie Jaresko.
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El Movimiento Victoria Ciudadana anunció en junio que renunciaría a la asignación de $400,000, así como a los fondos de pareo de campaña, que provienen del fondo general.
La cantidad autorizada permitiría que los restantes cuatro partidos recibieran, por el momento $114,000, poco más de una cuarta parte de la asignación estipulada en la Ley 222-2011.
Aunque las elecciones generales se celebran durante el presente año fiscal, el gobierno no incluyó las partidas de financiamiento de campañas y partidos en el presupuesto que sometió a la JCF en junio, y el ente federal tampoco las consideró en la versión que certificó el 1 de julio.
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Por otra parte, aunque el PIP, el PPD y el Proyecto Dignidad, con sus respectivos candidatos a la gobernación, se acogieron al Fondo Voluntario Alterno, que implica una asignación gubernamental de hasta $1 millón, la JCF asignó $13 millones para que el Departamento de Hacienda distribuya para los gastos de campaña.
El PNP aún no ha notificado a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) si solicitará el Fondo Voluntario Alterno o el Fondo Especial para Financiamiento de Campañas, que puede representar un máximo de $5 millones en pareo con fondos públicos.
Mediante el Fondo Especial, el gobierno parea dólar a dólar los recaudos del partido y su candidato a la gobernación hasta el tope de $5 millones, mientras que bajo el Fondo Voluntario Alterno el gobierno parea $4 por cada dólar que recaudan los partidos y candidatos de forma independiente, hasta llegar a $1 millón.
Si el PNP seleccionara el Fondo Especial y cada partido aportara el máximo permitido bajo el mecanismo elegido, el gobierno tendría que desembolsar hasta $8 millones por concepto de gastos de campañas políticas, por lo que lo asignado por la JCF representa un exceso de $5 millones para esa partida.
Esfuerzos de Metro por conocer en qué dirección se inclina el PNP y su candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, han resultado infructuosos. Debido a que los partidos tienen que notificar el mecanismo a más tardar 15 días después de certificar su candidato a la gobernación, el PNP deberá informarle a la OCE su determinación durante esta semana.
Según el portavoz de la JCF, Edward Zayas, la asignación autorizada por la JCF contempla desembolsos máximos de $5 millones para el PNP y el PPD, así como $1 millón para el PIP, Proyecto Dignidad y el candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina.
No obstante, Molina declinó recibir fondos públicos para su campaña, a pesar de que era elegible para el Fondo Especial o el Fondo Voluntario Alterno y por haberse cumplido el término de 15 días luego de su certificación oficial ya no tendría la oportunidad de solicitar el financiamiento.
Cualquier candidato o partido político cuya campaña se beneficie de fondos públicos enfrenta un tope de gastos de $10 millones. Si supera esa cantidad, se expone a una multa de tres veces el valor gastado en exceso.
