La jueza federal Laura Taylor Swain llevó a cabo una audiencia genera sobre los casos del Título III de Puerto Rico, en el que vio mociones para levantar la paralización de litigios por parte del Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), una moción de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que permita la reclamación de gastos administrativos de LUMA Energy, LLC, además de otra moción moción para cancelar 27 contratos de compra de energía renovable.
Al inicio de la audiencia, que fue vía telefónica debido a la pandemia del COVID-19, la jueza federal expuso que ese era otro de los retos que enfrentaban los involucrados en el Título III de Puerto Rico.
Contrario a las vistas presenciales, la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) emitieron sus informes a la jueza vía escrita.
De acuerdo con la agenda de la audiencia federal, la Junta detallaría el estado general de las medidas de respuesta en la Isla por la pandemia, el estado de la relación entre el ente creado por la Ley Promesa y el Gobierno, así como el estado general de los procesos de mediación.
Asimismo, la JCF debía detallar en su informe el acuerdo de reestructuración de PRIDCO a través del Título VI de Promesa.
Mientras, la AAFAF debía detallar un informe general de sus actividades, entre ellas la respuesta del Gobierno a la pandemia del coronavirus.
Contratos de energía renovable
Por otro lado, Swain aceptó una moción de la AEE en la que solicita rechazar 27 acuerdos de compra y operación de energía renovable, alegando que son no operacionales o que están por encima del mercado.
La corporación pública alegó que acordó comprar energía renovable generada por las contrapartes de dichos acuerdos, pero no han avanzado a una etapa de desarrollo y se han vuelto onerosos para la AEE y sus contribuyentes.
Las empresas Tradewinds, GS Fajardo y GG objetaron la moción. Sin embargo, la jueza federal la aceptó e indicó que pronto emitiría un reporte al respecto.
Caso Luma
Por otro lado, Swain se reservó la decisión en torno a la moción de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la que pide que se permita la reclamación como gasto administrativo a LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC por cualquier posible obligación de transición inicial acumulada y no pagada bajo ciertos acuerdos de operación y mantenimiento, “para LUMA comenzar a brindar sus servicios a la AEE”.
La moción para incluir el contrato de Luma como un gasto administrativo fue objetada por las empresas Cobra, Whitefish, Fuel Line Lenders, así como por la Unión de la Industria de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
Swain expuso que se reservaba la decisión y que emitiría una por escrita pronto.
No levanta la paralización de litigios
Mientras, en la audiencia general la jueza encargada de los casos de Título III denegó la moción del Comité Oficial de Acreedores No asegurados (UCC), quienes solicitaron levantar la paralización de litigios, a fin de permitir que el Comité prosiga con su objeción general a las reclamaciones presentadas contra el Gobierno por tenedores de bonos de Obligación General que afirman tener prioridad sobre otros acreedores no garantizados del Gobierno.
El UCC manifestó que ha habido un retraso en los trabajos por lo que pidió que se levante la paralización, sin embargo, esta declaró que el tiempo de retraso, a causa de los terremotos y la pandemia, no es uno indebido.
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