La Unión de Empleados de Oficina y Profesionales, y la Unión Independiente de Empleados de Edificios Públicos, quienes representan a los trabajadores de la Autoridad de Edificios Públicos, manifestaron su enérgica oposición a un “memorando de entendimiento y colaboración interagencial” mediante el cual “la AEP cede ilegalmente y de forma secreta al Departamento de Educación facultades que conforme a la ley Orgánica de esta corporación pública son propias de la Autoridad y por consiguiente indelegables”.
Así lo reclamaron los dirigentes sindicales, Freddie Rodríguez Rohena y Luis A. Reyes Rivera, Presidentes, respectivamente de estas organizaciones, mediante comunicado de prensa.
Los dirigentes sindicales de ambas uniones cursaron una carta con fecha del 14 de septiembre de 2020, al presidente de la junta de directores de la AEP, Lcdo. Luis Nazario Maldonado y a la directora de la AEP, Melitza López Pimentel, en la que expresan su total repudio e indignación al memorando de entendimiento que establecería, según alegan, al margen de la Ley Habilitadora de la Autoridad de Edificios Públicos, que el Departamento de Educación paute los procedimientos mediante los cuales se deberán utilizar fondos ya asignados (“obligados’’) por autoridades federales, entre otras, FEMA, para realizar obras de construcción, reparación, restauración y mitigación relacionados con los programas de asistencia pública y mitigación de pérdidas en escuelas que son propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos.
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Los líderes sindicales manifestaron que “La ley habilitadora de la Autoridad de Edificios Públicos, ley número 56 del 19 de junio de 1958, según enmendada, dispone que es política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y demás dependencias gubernamentales promuevan y fomenten la contratación de los servicios de la AEP para diseño, construcción, remodelación, mejoras, operación y mantenimiento de las estructuras que necesitan para ofrecer sus servicios. A requerimientos del Secretario de Educación, la Autoridad, además, hará u ordenará preparar planos y diseños de edificios escolares y facilidades accesorias y construirá dichos edificios y facilidades utilizando para ello los fondos que transfiera el Secretario de Educación asignados para fines escolares por el Departamento de Educación. Se dispone, además, que en aquellas escuelas que son propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos, la reparación y mejoras a las estructuras y el mantenimiento de las áreas comunes, baños, y equipo mecánico serán atendidos por la Autoridad”.
“Primero que nada, no sabemos por qué el gobierno de PR y en particular la AEP en momentos de crisis han demorado tanto en cumplir sus obligaciones para con el país, en particular, los niños y estudiantes del sistema público. Por qué no atendieron con urgencia esta situación como son los programas de asistencia pública y mitigación de pérdidas en escuelas propiedad de la AEP. Sin embargo, de forma inusitada, secreta e ilegal, intentan ceder al DE estas facultades propias de la Autoridad, a saber con cuáles intenciones o a cuál amigo del alma o contribuyente político pretenden favorecer con contratos”, expresó el presidente de Unión de Empleados de Oficina y Profesionales, Freddie Rodríguez Rohena.
Luis A. Reyes Rivera, que representa los trabajadores de operación conservación y mantenimiento que brindan servicio a estas escuelas públicas, dijo por su parte que, “ La intención de la autoridad y del departamento de educación es beneficiar a empresarios que se están haciendo millonarios con los contratos de agencia gubernamentales, mediante la otorgación a éstos de los trabajos que ciertamente corresponden a la Autoridad de Edificios Públicos, la cual cuenta con su junta de subasta y el personal cualificado para adjudicar trabajos de construcción, remodelación y mejoras mediante un procedimiento riguroso evitando precisamente que se cometan actos de corrupción mediante dichas adjudicaciones.”
Los sindicatos alegan además, que el “pseudo contrato” viola la Ley habilitadora de Edificios Públicos, y es nulo por las siguientes razones:
- Cualquier trámite mediante el cual se pretenda ignorar o ceder las facultades y o la autoridad gerencial de la agencia Autoridad de Edificios Públicos, tendría que pasar por el crisol del Tribunal Federal (Titulo III) y antes de ello, por el de la Junta de Supervisión Fiscal y antes de ello por la AAFAF, que según dispone PROMESA representa al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico. Todo ello tendría que ocurrir antes de que se pudiese suscribir el “memorando’’ de referencia, asumiendo que ello fuese viable, lo que sostenemos seria nulo.
- El “acuerdo” no ha sido aprobado de manera válida por la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos.
- Es nulo en su contenido ya que mediante el mismo la AEP cede al Departamento de Educación facultades que son propias de la Autoridad y por consiguientes son indelegables.
- Es nulo ‘ab initio’ ya que viola de manera flagrante la política pública y el ordenamiento estatutario contenido en la Ley habilitadora que pone en manos de la Autoridad de Edificios Públicos la facultad para actuar, administrar y tomar decisiones en relación al mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción de las escuelas bajo su jurisdicción, las que colateralizan gran parte de la deuda pública de la Autoridad con los bonistas que apremian su cobro.
- Es nulo ya que está fuera del marco legal de PROMESA el que, aunque disputamos de manera enérgica e inequívoca, es el que rige el tema de dicho memorando.
- Es nulo porque el Departamento de Educación no constituye una persona jurídica y por consiguiente, no puede suscribir acuerdos con otras agencias de gobierno como si tuviera esa personalidad jurídica.
- Es nulo porque la Autoridad de Edificios Públicos no ha informado de esta discusión y mucho menos del pretendido acuerdo contemplado en el referido memorando a la Junta de Supervisión Fiscal ni tampoco al Tribunal Especial Titulo III. Ambas entidades tienen que autorizar cualquier determinación al respecto.
De igual forma, los dirigentes sindicales denunciaron en la carta a AEP que el Departamento de Educación ha sido una de las agencias más fallidas y plagadas por corrupción del gobierno de Puerto Rico. La pasada Secretaria de Educación enfrenta cargos criminales federales graves por su desempeño como secretaria. El actual Secretario de Educación es generalmente considerado como uno de los funcionarios públicos más deficientes en su ejecución administrativa en el gobierno de Puerto Rico, particularmente en el manejo de las crisis relacionadas a huracanes, terremotos, almuerzos, pandemia y reapertura de escuelas. “¿En serio creen que se pueda confiar en sus decisiones, en sus procesos con ese pedigree? Es una total falta de sentido común que la Autoridad de Edificios Públicos ceda sus prerrogativas estatutarias a favor de este desprestigiado funcionario en un momento tan crucial para el país”, añadió Freddie Rodríguez, presidente de UEOPAEP.
Rodríguez recordó que el Departamento de Educación Pública no tiene ningún tipo de “expertise” ni conocimiento alguno con relación a la dinámica de rehabilitación, reconstrucción, construcción, rediseño etc. de edificios públicos, incluyendo las escuelas que son propiedad de la Autoridad. “Es contrario a toda lógica el que se le delegue por el titular dueño de dichas escuelas que es la Autoridad de Edificios Públicos, la facultad para contratar, inspeccionar y validar dicha reconstrucción utilizando los fondos federales ya obligados o asignados para tal propósito, cuando eso no forma parte de sus competencias. El referido documento que pretende llamarse “acuerdo’’ tiene múltiples fallas y defectos que lo hacen nulo, además de los aquí enumerados, los cuales abordaremos en su momento”, sentenció Rodríguez.
