La comisionada residente Jenniffer González reconoció que no hay garantías de que Puerto Rico pueda acceder a hasta $700 millones en fondos de Medicaid asignados a la isla que no se han utilizado durante el presente año fiscal federal, que culmina el 30 de septiembre.
Esos fondos no utilizados forman parte de una resolución congresional aprobada en diciembre de 2019 que en total asignaba sobre $5,700 millones a Puerto Rico para los años fiscales federales 2020 y 2021.
Ya que la porción asignada para este año fiscal no se ha podido utilizar en su totalidad, González planteó que la alternativa que le queda a Puerto Rico es buscar que el Centro para Servicios de Medicaid y Medicare (CMS), a nivel federal, autorice ampliar la cantidad de programas bajo los cuales el gobierno estadounidense puede reembolsar a su contraparte puertorriqueño por gastos en salud bajo el plan de salud gubernamental, conocido como Vital.
“ASES (Administración de Seguros de Salud) está haciendo estudios actuariales para poder someter a CMS que se pueda utilizar ese dinero en estos programas. Tienen que demostrar que esto se puede hacer retroactivo”, dijo González, al descartar que el Congreso vaya a aprobar alguna medida que permita extender la vigencia de los fondos para los propósitos ya permitidos.
“La realidad es que si el Congreso extiende (la vigencia), que no va a ocurrir, porque estamos a escasos días (de cerrar el año fiscal), por par de meses, o un año, hasta que la Junta (de Control Fiscal) no lo apruebe no lo vamos a poder utilizar. Lo que estamos buscando es que se nos permita usar ese ‘rollover’ de fondos una vez se reautorice el programa para utilizarlo en otras cosas pero para lo que lo teníamos no va a estar disponible”, añadió la comisionada residente.
González señaló que le ha dejado saber a la gobernadora Wanda Vázquez y al director de ASES, Jorge Galva, que considera que entre los programas que se pueden incluir para expandir el alcance de Medicaid en Puerto Rico figuran la compra de insulina, tiritas de insulina y glucómetros, servicios de transportación a pacientes en situaciones que no son de emergencia y el pago de vacunas adicionales a la de influenza.
Entre las razones que González esbozó para el uso incompleto del dinero asignado estuvieron la tardía aprobación de la resolución, a varios meses de comenzado el año fiscal federal 2020, el periodo de espera para que CMS autorizara la cobertura de la hepatitis C como parte del programa de Medicaid y la negativa de la Junta de Control Fiscal (JCF) a expandir el plan Vital a más de 200,000 asegurados adicionales.
La comisionada residente puntualizó que, según la JCF, las aseguradoras que administran el plan Vital no iban a poder incorporar a más de 200,000 familias fuera del periodo ordinario de altas y bajas, y que la posibilidad de tener que sacar a asegurados del programa una vez expirara la asignación federal presentaba un escenario “peligroso para Puerto Rico”.
“Este dinero está disponible porque se aprobó para eso. Así que nos quedan de $350 millones a $700 millones, porque lo demás se utilizó. De los $5,700 millones usamos el resto, pero estos se quedaron porque eran para ese programa”, manifestó González. Ese sobrante es el que el gobierno puertorriqueño debería buscar utilizar en otros programas, sostuvo la comisionada residente.
De acuerdo con González, la potencial pérdida de fondos federales no implica que el gobierno vaya a enfrentar problemas para sufragar el plan Vital, al menos hasta octubre de 2021.
“En octubre 1 no se pierde dinero porque empiezan $2,172 millones adicionales para este próximo año fiscal. No es que Puerto Rico tiene que hacerle un cheque al gobierno federal, porque lo que se hizo fue que el gobierno de Puerto Rico recibe una autorización de gastar hasta una cantidad de dinero que entonces es reembolsable. Yo conseguí ya el dinero así que a Puerto Rico no le va a faltar un centavo para ninguno de los programas”, aseguró la representante del país en el Congreso.
González negó que la subutilización del dinero durante este año fiscal complique la tarea de justificar asignaciones de Medicaid a partir del 2022. Hasta antes de las asignaciones de Medicaid que el Congreso autorizó luego del huracán María para cubrir la totalidad de los gastos de la tarjeta de salud, el gobierno puertorriqueño debía sufragar el 45% de los gastos incurridos en servicios a asegurados de la cubierta pública, uno de los elementos que, a juicio de la comisionada, derivaron en la quiebra del país.
