La procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Lersy Boria Vizcarrondo, hizo un llamado a las agencias gubernamentales y a los funcionarios públicos a apoyar las labores de la OPM de manera contundente y a dejar de utilizar la violencia de género como “bastón narrativo para avances político-partidistas”.
Boria Vizcarrondo sentenció que tanto las legislaciones propuestas como el estado de emergencia que apruebe y declare La Fortaleza —y por el cual aún esperan respuesta— deben incluir los fondos para su implementación.
“Desde que ocupo la silla de la procuradora, veo cómo candidatos a puestos políticos tocan el tema de la violencia de género a los únicos fines de sus intereses particulares y político partidistas. Esto es un asunto de derechos humanos. Se está minimizando la problemática de la violencia de género y somos muy pocos los que día a día nos levantamos con el fiel compromiso de erradicarla”, sostuvo la procuradora.
La funcionaria también alegó que “la violencia es un problema social que nos aqueja a todos; no se erradica con un tuit, con una conferencia de prensa, debate político o incluso con legislación que se queda en el papel, sin asignación de fondos para poder implementarla. Por un lado, contamos a las mujeres y le damos el único valor de un número; por el otro, analizamos y transmitimos un mensaje misógino. Para comprometernos verdaderamente, tenemos que allegar fondos, invertir en los niños y niñas, las mujeres y sus familias”.
Entre los desafíos que destaca la procuradora, señaló la reducción de personal y de fondos durante los pasados años. Según explicó, la OPM contaba con 56 empleados para el 2009; desde el 2019, la oficina ya solo cuenta con 17 empleados de carrera, lo que representa una merma de 70 por ciento en personal. Aun así, continúan laborando 24/7 y realizando una labor titánica.
En cuanto a los fondos asignados, la OPM ha solicitado al gobierno central y a la Junta de Supervisión Fiscal un aumento de presupuesto. Argumenta que, del 2016 al presente, la oficina ha tenido una reducción de aproximadamente $1 millón.
En Puerto Rico, el 52.4 por ciento de la población en Puerto Rico son mujeres, de las cuales 21.3 por ciento son jefas de familia.
Bajo ese fundamento, Boria Vizcarrondo señaló que apoya a cualquier medida que asigne fondos recurrentes para mejorar el servicio a las víctimas sobrevivientes. Explicó que las víctimas sobrevivientes de violencia de género que atiende la OPM incluyen casos de agresión sexual, acecho y trata humana, violencia doméstica o en el lugar de trabajo, lactancia, así como víctimas secundarias (hijos e hijas).
No obstante, y pese a las reducciones, la procuradora destacó la labor del equipo de trabajo en la OPM en el esfuerzo para duplicar sus trabajos: un aumento de 88 por ciento en orientaciones presenciales y 110 por ciento en orientaciones telefónicas en el Centro de Respuesta Integrada (CRIAS); así como un aumento de 73 por ciento en casos atendidos en la División Legal de la OPM.
“Somos conscientes de que continuamos sobrellevando una crisis fiscal que trastoca todos los servicios que ofrece el gobierno. De nuestra parte, estamos esforzándonos en la mayor medida posible para hacer uso sabio de los fondos provistos, pero es importante no continuar escatimando en la lucha contra la violencia de género. Permanezco a la disposición de todo funcionario público y agencia para encontrar las mejores soluciones en favor de nuestras mujeres”, indicó la funcionaria.
Entre las gestiones que se han llevado a cabo, la procuradora destacó reuniones con diversas organizaciones y personas para atender y responder a sus necesidades y establecer acuerdos de colaboración en iniciativas que aporten a la erradicación de la violencia de género.
Boria Vizcarrondo explicó que “una de estas reuniones fue con líderes de la Colectiva Feminista en Construcción a finales de noviembre pasado. La OPM analizó el borrador de orden ejecutiva que proveyó la Colectiva para declarar el estado de emergencia y presentó las acciones que se estaban realizando, dirigidas a cada una de las propuestas. Recibir apoyo para la orden ejecutiva es importante, pero más importante aún es poder contar con los fondos que proveería la declaración de estado de emergencia para poder ejecutarla”.
Entre las medidas que ha promovido la OPM y para las cuales solicita apoyo, se incluyen el adiestramiento especializado a fiscales en temas relacionados al manejo efectivo de temas de violencia doméstica y agresión sexual; alternativas de fondos para el análisis de safe kits sin analizar; y la revisión de protocolos para el manejo de casos de violencia doméstica, violencia de género y agresión sexual en todas las agencias, particularmente en el Departamento de la Familia.
Asimismo, se resaltaron los adiestramientos a trabajadores sociales y personal que trabaja con mujeres víctimas de abuso y sus hijos e hijas; y el establecimiento de estadísticas de incidencia de violencia de género en las escuelas, las cuales actualmente se identifican de forma general como “actos de violencia”.
La funcionaria también subrayó la importancia del trabajo conjunto con la División de la Policía que maneja la identificación y el manejo de agentes con historial de agresión y violencia doméstica y el ofrecimiento de talleres a la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal sobre la Ley 59.
Por otra parte, se subrayó la importancia del adiestramiento continuo al personal de los agentes administradores de los residenciales, quienes ofrecen servicios directos a los residentes en manejo de casos de violencia doméstica, agresión sexual y órdenes de protección; así como la disponibilidad de albergues o programas residenciales para tratar condiciones de salud mental para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia.
Boria Vizcarrondo consideró importante, además, revisar los protocolos de seguridad en los refugios en casos de emergencia; elaborar guías para la distribución de fondos CDBG-DR que incluyan de forma prioritaria a las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia y a sus hijos e hijas; y revisar protocolos de servicios de vivienda para las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia.
Se recabó también la colaboración de ASSMSCA en el Plan de Prevención y Manejo de Violencia Doméstica a nivel isla; la provisión de las estadísticas de la Línea PAS sobre casos relacionados a violencia doméstica, de género y agresión sexual; y validar los servicios de salud mental disponibles para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia, sus hijos y familia.
En cuando al Departamento de Salud, se insta a contar con albergues preparados para casos de COVID-19 con pruebas serológicas y moleculares; visitas y reuniones para identificar las necesidades de albergues para mujeres sobrevivientes de violencia y su familia, así como otras poblaciones vulnerables; además del establecimiento de coaliciones y otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan asuntos que competen a las mujeres.
Boria Vizcarrondo puntualizó que la colaboración interagencial también es de suma importancia, por lo que solicita la implementación de grupos interagenciales y mesas de trabajo con el fin de diseñar acciones concertadas que respondan a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes de violencia; campañas informativas sobre líneas de prevención; y campañas educativas en esfuerzo colaborativo para educar sobre las manifestaciones de la violencia en las relaciones.
También se busca establecer acuerdos colaborativos para una campaña de educación que apele a todos los sectores de la población, en conjunto con diversas organizaciones, agencias y medios de información.
En materia educativa adicional, se insta implementar el proyecto de escuelas coeducativas en una mayor cantidad de escuelas para eventualmente hacerlo extensivo a todo el sistema; así como fortalecer y ampliar los trabajos del DEPR para prevenir la violencia en el noviazgo en las escuelas, lo que incluye el diseño y la divulgación de una guía para la elaboración de protocolos de prevención y manejo de violencia de parejas jóvenes en el contexto escolar.
Por último, la procuradora busca apoyo para el fortalecimiento de las unidades que trabajan delitos de agresión sexual y violencia de género; la revisión de protocolos y acciones relacionadas a la atención de casos de violencia doméstica y agresión sexual; así como adiestramientos y programas de apoyo dirigidos a temas de resiliencia, sensibilización ante la violencia de género, manejo de emociones, estrés y conductas agresivas en los oficiales y supervisores.
“Una muerte es más que suficiente para continuar trabajando con la urgencia que amerita. Eduquémonos, no normalicemos la violencia; implementemos, no nos conformemos con alarmarnos cuando se realiza el acto más macabro y último que se puede llevar a cabo contra una mujer. Arranquemos esto de raíz; basta ya”, concluyó Boria Vizcarrondo.
