La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) Natalie Jaresko, afirmó que de 2007 al presente el Gobierno ha pagado más de $84 millones a empleados que ya no trabajan en el Departamento de Educación, que no desempeñaron sus labores en el tiempo pagado, trabajadores públicos que fallecieron, entre otros casos.
Asimismo, la portavoz de la JCF mencionó que los empleados del Departamento de Educación que no ponchan han continuado cobrando su salario.
En conferencia de prensa, Jaresko habló sobre un problema sistémico, que involucra a varias agencias de Gobierno que no han implementado sistemas adecuados de pago de nómina, incluido Educación.
Mientras, Jaresko mencionó que este problema afecta a quienes han sido diligentes en su labor, a quienes entran a trabajar nuevos, así como para el Gobierno.
Asimismo, expuso que sola una agencia, el Departamento de Hacienda, siguió los requerimientos de conexión al sistema de pago de nómina.
Deben devolver el dinero
Mientras, Jaresko mencionó que las escuelas tienen ponchadores, que se pueden usar en línea y a través de una aplicación móvil, gestión que no se ha realizado por los trabajadores.
“No hay un proceso de validación”, sentenció Jaresko, quién agregó que los empleados no sienten la obligación de ponchar debido a que comoquiera reciben su pago de nómina.
“El Gobierno deberá asegurar que solo personas que trabajan reciban un pago”, recalcó Jaresko. La directora de la Junta mencionó que el sistema de ponche debe conectarse con el sistema de pago de nómina.
La Junta recomendó que los empleados que han recibido pagos no correspondientes devuelvan el dinero. Además, expuso que las autoridades de ley deben ser informadas sobre esos pagos no correspondientes.
De igual forma, indicaron que la información del DE que la Junta revisó, demuestra que se identificó sobrepagos indebidos de un promedio de $6.7 millones anualmente, entre 2007 y 2020, a más de 17,000 empleados. Asimismo, afirmaron que la agencia realiza esfuerzos para recuperar el dinero, pero solo ha podido recobrar un 15% del total anual.
“La única manera de asegurar que las contribuciones de los puertorriqueños se usen para pagar a los servidores públicos que realmente trabajan en el gobierno, es conectando los récords de tiempo y asistencia con la nómina. El sistema existe y ha funcionado tanto en el sector público como en el privado. El gobierno tiene que hacerlo funcionar y ha acordado colaborar con la Junta para implementar soluciones a esos fines”, sentenció Jaresko.
