Del Centro de Periodismo Investigativo
El país aprendió la importancia de la profesión de geología con los eventos sísmicos ocurridos entre diciembre y enero en el sur de la isla. La asesoría de geólogas y geólogos ha sido requerida en varias instancias durante el inicio del año 2020.
Sin embargo, los geólogos operan en Puerto Rico desde hace al menos tres años sin que funcione su Junta Examinadora, que se supone que regula la profesión y otorga las licencias.
Según cuatro geólogos consultados, la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico comenzó a desaparecer desde el cuatrienio pasado y cinco años después el Gobierno no la ha activado, precarizando una de las profesiones de relevancia en un territorio que por los pasados dos años y medio ha experimentado cambios geofísicos significativos producto de los ciclones en el 2017, la aceleración en la erosión costera y los terremotos.
Aunque en la página oficial del Departamento de Estado aparece la información general y número de contacto para la Junta Examinadora de Geólogos, el cuerpo rector no está operando. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) se comunicó a la extensión publicada en la página, y aunque la funcionaria que respondió informó que el número contactado en efecto correspondía a la Junta Examinadora, luego procedió a aclarar que el cuerpo no estaba en funciones.
Desde el 14 de febrero la gobernadora Wanda Vázquez Garced tiene ante su consideración atender el asunto, pero no lo ha hecho, confirmó el CPI. Un grupo de geólogos le entregó un documento a mediados de febrero en el cual le sugirieron profesionales para ocupar los puestos de la Junta Examinadora y así estabilizar nuevamente el ejercicio de la geología en Puerto Rico por medio de la otorgación de licencias.
La Ley para crear la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico (Ley 163 de 1996) establece que esa entidad estará compuesta por cinco miembros nombrados por el gobernador. Tres serán geólogos con al menos cinco años de experiencia profesional en Puerto Rico y los demás integrantes serán un ingeniero civil y un químico, reconocidos por el Estado en sus respectivas profesiones.
Al ser abordada por el CPI a finales de febrero, la oficial de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián, informó que “están en ese proceso”, las gestiones para que la Gobernadora considere los candidatos propuestos a la Junta Examinadora. Seis meses después, luego de varias gestiones de seguimiento, no hubo respuesta.
“La geología es un profesión colegiada en la mayoría de los sitios. En muchas instancias, incluyendo en Puerto Rico, se ve la geología como una ciencia pura y se pensaba solo desde el punto de vista de la academia. Pero es una ciencia que tiene unas aplicaciones y
alimenta muy bien a otras profesiones, como los ingenieros, arquitectos, planificadores”, dijo el expresidente de la Sociedad Geológica de Puerto Rico, Elías Mangual, al CPI.
El geólogo de profesión narró cómo la aprobación de la ley habilitadora en el 1996 fue producto de la lucha de ese grupo profesional.
“Cuando entra el gobernador (Pedro) Rosselló y la mentalidad de construir cierta infraestructura, ahí comenzaron a ver al geólogo como necesario. En ese momento, la mayor parte del trabajo que el geólogo hacía era para compañías de ingeniería de suelo o para compañías ambientales. Uno de los problemas más comunes que teníamos era de salario. Nosotros teníamos que cobrar lo que nos quisieran pagar los ingenieros. Eso fue uno de los empujes de la Sociedad Geológica en aquel entonces”, añadió Mangual, cuya licencia expiró y no ha logrado renovarla debido a la ausencia de la Junta Examinadora.
Según esa ley, un profesional de esa área se dedica a “describir y evaluar los procesos naturales que actúan sobre los materiales terrestres, gases y fluidos; predecir la probable ocurrencia de recursos naturales; predecir, evaluar y localizar fenómenos naturales, o inducidos por el Hombre, que puedan ser útiles o presentar un riesgo a la seguridad o bienestar público; y reconocer, determinar y evaluar factores geológicos”. Entre las gestiones que la ley menciona para los profesionales de la geología figuran la realización de servicios geológicos, la preparación de mapas geológicos, así como la consultoría, evaluación e inspección de áreas.
La ley posibilita la otorgación de un certificado de geólogo en entrenamiento, además de la licencia profesional.
La vigencia de cada licencia es por cinco años. Es precisamente hace cinco años que Mangual entiende que las últimas licencias profesionales fueron otorgadas en Puerto Rico.
“Las licencias están vencidas”, lamentó el geólogo.
Precariedad en el Gobierno afecta el trabajo de geólogos
En el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) existe una División de Geología. No obstante, dicha oficina actualmente cuenta con una sola persona: la geóloga Ruth Vélez, quien admite que el trabajo de los geólogos en Puerto Rico no ha cesado, a pesar de que las licencias continúan expirando y no existe una Junta Examinadora que las renueve. De acuerdo a Vélez, el DRNA tiene un total de cuatro geólogas destacadas en diferentes oficinas dentro de esta agencia. En el caso de Vélez, su trabajo se enfoca principalmente en la región oeste de Puerto Rico. Cuando se le preguntó la razón para que la División de Geología del DRNA solo cuente con ella, Vélez mencionó la Ley 7 del 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico) como uno de los aspectos que influyó en la pérdida de fondos de su unidad y el despido de personal. La Ley 7, que fue implementada durante la administración del exgobernador Luis Fortuño Burset, provocó la cesantía de 30 mil trabajadores en el sector público.
“La situación se ha agravado debido a la pandemia [del COVID-19], pues el Departamento de Estado no ha nombrado los miembros necesarios para hacer la Junta operacional y que se evalúen las solicitudes acumuladas”, agregó la geóloga del DRNA.
“La práctica de la geología no se ha detenido en Puerto Rico. Sin embargo, tenemos múltiples ingenieros y biólogos hablando de geología. El objetivo de proteger nuestra profesión con la ley no se ha conseguido. Es un asunto que hay que resolver”, argumentó Vélez al denunciar que la falta de reconocimiento de su profesión y el problema con la Junta Examinadora ha traído la consecuencia de que profesionales de otras áreas ocupen los espacios de trabajo para los que se entrena a quienes estudiaron geología a nivel universitario.
La posición que ocupa Vélez en el DRNA es de “Geólogo Licenciado 2”. Al igual que otras plazas que se crearon en el sector público a partir de la aprobación de la ley habilitadora de la Junta Examinadora en el 1996, el puesto requiere tener la licencia de geólogo. Vélez comentó al CPI que su licencia expiró y no tiene forma de renovarla. Varias de sus colegas en el Gobierno enfrentan el mismo problema.
Si bien el Artículo 16 de la ley plantea que toda persona que ejerza la profesión sin licencia podría estar sujeta a penalidades, la ausencia de una Junta Examinadora impide el cumplimiento de este estatuto.
“Mi agencia (DRNA) no me va a penalizar. No ha habido pronunciamiento oficial. Estamos trabajando. En términos de reputación, (la falta de una licencia activa) no nos quita, pero hay un asunto procesal que debe resolverse. Nadie se esperaba que se llegara a que los geólogos terminaran sin licencias. Esto es un entuerto legal”, dijo Vélez.
Asimismo, la geóloga del DRNA lamentó que otras agencias o corporaciones públicas no contraten geólogos en su plantilla, como es el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que recurre a la contratación esporádica de geólogos para aspectos de suelo e infraestructura.
“La necesidad de un geólogo en esa agencia se justifica porque valida lo que dicen otros geólogos que son contratados [por la AEE]. Pero mientras no exista esa persona, ¿quién lo valida dentro de la agencia?”, recalcó Vélez.
En el caso del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Gobierno de Puerto Rico, la agencia no cuenta con una posición de geólogo. La oficial de prensa de esa agencia, Kiara Hernández, explicó que, por tratarse de un ente coordinador de respuesta rápida antes, durante y después de situaciones de emergencia, el NMEAD se limita a identificar a aquellos funcionarios que trabajan como geólogos en otras agencias y que puedan intervenir en determinados eventos. “Si el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres tuviera que hacer ahora una comitiva de geólogos por el asunto de los terremotos y fueran a buscar refuerzos en otras agencias, no dan abasto”, lamentó, por su parte, Mangual.
Retos de retención profesional y el rol de la academia
En Puerto Rico, el único programa académico que ofrece grados de geología está ubicado en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPRM). Existe un programa sub-graduado y otro de maestría. De hecho, una tesis realizada en el 2010 por la estudiante de maestría Coral Roig Silva investigó la falla de Punta Montalva, formación que actualmente se asocia con la actividad sísmica ocurrida a principios de este año en la región sur de la Isla.
La Red Sísmica de Puerto Rico es parte del Departamento de Geología de la UPRM.
Aun con las aportaciones realizadas por la universidad del Estado en el renglón de la geología, la Red Sísmica ha operado con fondos limitados en los últimos años, amenazando así su operación. Fue precisamente esta oficina adscrita al Departamento de Geología la responsable de ofrecer datos actualizados tras el terremoto del 7 de enero y luego de las réplicas en días posteriores. Funciona las 24 horas del día.
Según el profesor del Departamento de Geología de la UPRM, Wilson Ramírez, el Gobierno debe reconocer el valor de los geólogos e incentivar que estos puedan permanecer en Puerto Rico para atender los problemas de los suelos, el medio ambiente y la infraestructura. “El problema de la Junta Examinadora es los miembros. ¿Quién va a estar en esa Junta? A los profesores de geología de Mayagüez se nos hace bien difícil la responsabilidad de ir de Mayagüez para acá (San Juan)”, respondió Ramírez luego de ser abordado por el CPI.
El académico abogó por que se incluya a los geólogos licenciados en el proceso de permisos. “Hay un montón de problemas ambientales que nosotros los geólogos estamos específicamente entrenados para verlos, pero no se nos ha permitido a nosotros, no se requiere la firma de los geólogos licenciados en los proyectos de desarrollo”, añadió.
La visibilidad y reconocimiento de la importancia de la geología aumentó a partir de enero pasado. Según la geóloga y profesora del Recinto de Río Piedras de la UPR, Lorna Jaramillo, las solicitudes para ofrecer conferencias y orientaciones son tantas que ni ella ni sus colegas dan a basto.
“Es importante que esta disciplina (académica) no se obvie y se tenga en mente que es un actor importante en la toma de decisiones para un Puerto Rico preparado ante eventos sísmicos y otros tipos de situaciones que podrían surgir. Por ejemplo, si hay un área en donde además de mirar el suelo, hay que mirar la geología estructural, pues ahí entonces un geólogo va a tener va a tener una visión más completa en términos de falla, en términos de susceptibilidades, en términos de estabilidad de la ladera”, agregó la también Decana Auxiliar del Decanato de Estudios Graduados e Investigación del Recinto de Río Piedras de la UPR.
Abogan por cambios en la ley
Varias personas abordadas por el CPI coinciden en que la ley del 1996 debe ser enmendada ante la realidad de escasez de profesionales de la geología en Puerto Rico. Algunos aspectos deben flexibilizarse en aras de reactivar la Junta Examinadora de Geólogos y así lograr una transición hacia la otorgación gradual de licencias.
Uno de los aspectos más problemáticos es el hecho de que el Gobierno aprobó una ley abarcadora y ambiciosa sin necesariamente desarrollar formas apropiadas de implementar el estatuto y regular la profesión, opinaron los geólogos consultados.
“La propia ley establece las penalidades por ejercer la práctica sin licencia y está un poco duro que el Gobierno establezca unas penalidades por ejercer mi profesión. Me pones una ley que me limita la forma en qué me puedo ganar la vida, pero los mecanismos que hacen que esa ley tenga funcionalidad, el Gobierno no los atiende”, declaró Mangual.
Otro de los aspectos mencionados por integrantes de la comunidad geológica de Puerto Rico es el hecho de que previo a obtener la licencia, sus aspirantes deben tomar dos exámenes y tener al menos dos años de experiencia profesional bajo la supervisión de un geólogo licenciado. Eso, plantea Mangual, provoca que el recién graduado de Mayagüez prefiera tomar un avión y trabajar por un buen salario en el gobierno federal, antes de someterse a requisitos que no garantizarán una posición bien remunerada en los sectores público o privado de Puerto Rico.
Para la expresidenta de la Junta Examinadora de Geólogos, Maritza Barreto, los requisitos actuales que impone la ley hacen más difícil el reclutamiento de geólogos aquí.
“Es bien importante que haya una rigurosidad en la evaluación, pero yo creo que debe haber también un balance porque muchas veces esos requisitos a mi entender son demasiados. Gran parte del problema es la poca cantidad de geólogos que hay en Puerto Rico. Quizás parte de la razón es la falta de reconocimiento del Gobierno y la industria privada del geólogo, de la función principal y responsabilidad que tiene para resolver muchos problemas que ahora mismo los están resolviendo muchos [otros] profesionales”, reflexionó Barreto, quien es geóloga marina y profesora en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras.
Vélez, por su parte, propuso que se enmiende la ley de 1996 para permitir que geólogos con licencia otorgada en alguna otra jurisdicción de los Estados Unidos puedan ser parte de la Junta Examinadora en la transición que encamine el inicio de su reconstitución. Propuso, además, que se cree un comité de emergencias y que se permita que otros gremios como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico colaboren en el proceso de renovar las licencias de geólogos.
Actualmente, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico trabaja en el Plan de Acción en respuesta a la asignación de $8,285 millones en fondos federales para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT). Este presupuesto se usará para reparación de infraestructura y el análisis de la vulnerabilidad de terrenos en donde se construye, entre otros. Ante este escenario, Mangual le comentó al CPI su preocupación de que no hayan suficientes geólogos en Puerto Rico para aportar en la ejecución de estos trabajos de recuperación.
“Ahora mismo tienes unos fondos que supuestamente se van a liberar en algún momento para hacer una reconstrucción de una infraestructura que está bien delicada. Ahora mismo no hay ingenieros suficientes, los geólogos suficientes, ni las personas con pericia en técnicas de construcción especializadas para atender esto”, advirtió.
Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America.
Este reportaje que se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede acceder la nota completa en periodismoinvestigativo.com
