La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) repudió hoy, domingo, cualquier intento o acción de los jefes de agencias gubernamentales de coartar el derecho a la libertad de expresión de los empleados que ofrecen información a los periodistas.
Este viernes, el sindicato que representa a los empleados correccionales dio a conocer que el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey -nominado a juez Superior- inició un proceso administrativo para suspender de empleo y sueldo a la oficial correccional Jessica Martínez por hacer expresiones a los medios de comunicación en calidad de presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), unión que representa a los oficiales de esa agencia, indicó la Asppro en declaraciones escritas.
La carta de intención de suspensión de empleo es firmada por el funcionario y hace referencia a las expresiones que hiciera la líder sindical en dos entrevistas por supuestamente “comprometer la seguridad institucional” y por “hacer expresiones desleales a la agencia” brindando información supuestamente incorrecta sobre la manera en que Corrección manejaba la emergencia del COVID-19 “sin estar autorizadas por la Oficina de Prensa a nivel Central ni por el secretario”.
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“Advinimos en conocimiento de la intención de radicar cargos contra Martínez. Es totalmente inaceptable y repudiable que exista todavía la práctica de acallar a los empleados públicos que ofrecen información pertinente para el pueblo. Conversé con los periodistas y leí los artículos y en nada se sostienen las alegaciones del funcionario, que por cierto resulta muy peligroso para la democracia que un jefe de agencia intente radicar cargos para intimidar a una empleada. Esto es un ataque directo al derecho a la libertad de expresión”, sostuvo Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.
Recordó que no es el único funcionario que ha impedido la libertad de expresión de los empleados, una situación que la Asppro ha denunciado y rechazado en el pasado.
“Imponer sanciones de cualquier tipo, tener reglamentos que limiten de cualquier forma la libertad de expresión de los empleados, no solo es ilegal, sino que mantiene la cultura de opacidad en el Gobierno impidiendo que los ciudadanos tengan acceso a información que de su faz es pública como es la forma en que se utilizan los recursos gubernamentales”, añadió Suárez.
De igual forma, la Asppro le reiteró a todos los empleados públicos y a los ciudadanos que nuestra responsabilidad ética es proteger nuestras fuentes en todo momento, por lo que respetamos a aquellos que prefieren acercarse de forma confidencial a ofrecer información.
“Nadie debe tener que esconderse para delatar situaciones que afectan a tantos. Pero nuestro compromiso es cumplir con lo que decidan las fuentes, sea de forma confidencial o para el récord. A ellos nos debemos. Pero el gobierno tiene que poner un alto a esta práctica nefasta para los empleados públicos y para el país”, concluyó Suárez.
