Una jueza federal dice que el gobierno no puede seguir reteniendo los cheques de ayuda por la pandemia dirigidos a las personas encarceladas, lo que potencialmente allana el camino para el envío de al menos 80.000 cheques por un total de más de 100 millones de dólares a reclusos en todo Estados Unidos.
El fallo de la jueza de distrito Phyllis J. Hamilton a finales del mes pasado le da al Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) hasta el 24 de octubre para reconsiderar los pagos a aquellas personas a las que se les negó o cuyos cheques fueron interceptados solamente porque están encarceladas. Pero para aquellos en prisión que no presentaron una declaración fiscal en el 2018 o el 2019, otro plazo se acerca: tienen hasta el 15 de octubre para enviar una solicitud escrita por los cheques o pudieran no recibirlos.
Las agencias federales presentaron una “apelación protectora” ante la corte federal del 9no circuito, algo que parece ser una especie de reserva provisoria diseñada para darles a los funcionarios tiempo para decidir si apelan el fallo.
“La decisión de si se procede o no con la apelación será tomada por el procurador general en funciones, quien aún no ha tomado una decisión”, dijo la abogada fiscal del Departamento de Justicia Julie Ciamporcero Avetta en un documento presentado en la corte el lunes.
La ley aprobada por el Congreso en marzo que autorizó pagos por hasta 1.200 dólares por persona no excluye específicamente a los presidiarios. Pero eso es exactamente lo que argumentó el IRS dos semanas después de la aprobación del paquete de rescate.
En su portal web, la agencia tributaria añadió una sección que cita la Ley de Seguridad Social, no relacionada con el caso, para afirmar que las personas encarceladas no tenían derecho a los fondos. El IRS y el Departamento del Tesoro les dijeron además a las autoridades penales que interceptaran cualquier cheque que llegara a cárceles, prisiones y otros centros de detención, y lo devolvieran al gobierno federal.
El portavoz del IRS Eric Smith declinó comentar el martes y refirió las preguntas al Departamento del Tesoro. Un funcionario del Tesoro también declinó comentar.
En junio, Smith fue incapaz de proveer un fundamento legal para la decisión de la agencia de retener los fondos.
Los funcionarios carcelarios de todo el país siguieron las instrucciones del IRS e interceptaron cientos de miles de dólares.
“Fue un invento del Tesoro y el IRS”, dijo el lunes Kelly Dermody, abogada del bufete Lieff Cabraser Heimann & Bernstein en San Francisco, que representa a los demandantes. “Así que la corte está examinando la ley del Congreso y diciendo: ‘Ustedes no pueden hacer algo diferente a la ley’”.
Vivir tras las rejas es costoso para los reclusos y sus familias, dijo Dermody. Una llamada telefónica de 15 minutos con familiares puede costar más de 20 dólares en algunos estados y los prisioneros a menudo deben comprar comida adicional para satisfacer sus necesidades de nutrición. En muchos sistemas correccionales, tienen que comprar además productos de higiene como jabón, champú y suministros de limpieza, algo que es más importante en medio de la pandemia.
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