Tras más de tres años en negociaciones, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantiene detenida la aprobación de un nuevo convenio colectivo para los empleados de la institución universitaria.
Para Janell Santana, presidenta de la Heend, resulta inexplicable que aún la JG no haya avalado el convenio pese a que incluso fue respaldado por el propio presidente de la UPR, Jorge Haddock durante el verano.
“Es bien irónico porque nosotros mismos no sabemos por qué le están poniendo un tranque al convenio colectivo cuando a nosotros nos consta que cuando estuvimos negociando esto en dos ocasiones —esta es la segunda vez que negociamos y que ratificamos en la matrícula de manera unánime— quienes traen estas cláusulas o estos artículos que se negociaron, es la propia administración. Y en el mismo Departamento de Trabajo nos hacían claro que la JG tenía conocimiento de lo que estábamos negociando”, dijo Santana en entrevista con Metro.
En declaraciones escritas a este medio, el presidente de la JG, Walter Alomar, aseguró que el convenio colectivo será evaluado por el pleno del ente rector el próximo 29 de octubre. “En conversación con el Dr. Jorge Haddock nos confirmó que los gastos asociados a las Reglas [convenio colectivo] se obtendrán del ahorro de otras partidas y que, por lo tanto, la Universidad se mantendrá dentro del presupuesto vigente. Por tal razón, no vislumbro inconvenientes en que se ratifiquen dichas Reglas [convenio colectivo] en la próxima reunión”, sostuvo Alomar.
Por su parte, Santana señaló que el punto neurálgico en las negociaciones fue la permanencia de las exenciones de matrícula a los hijos y dependientes de los empleados. Sin embargo, aseguró que la aplicabilidad de las exenciones está en pausa y el convenio colectivo lo que incorpora es un pago de derechos de matrícula dependiendo de cuántos gastos cubra la beca Pell.
Además, descartó que el convenio colectivo sea oneroso para la institución ya que las reducciones a los beneficios de los empleados equivalen a ahorros que sobrepasan los $19 millones, que incluye una reducción en días feriados, disminución en días de licencia por muerte de familiares y un fondo que se destinaba a empleados que forman parte de la Heend. La líder sindical también criticó que integrantes de la JG estimen que el pago de derechos de matrícula lo tendrán que presupuestar para todos los empleados del sistema para justificar el rechazo del convenio colectivo. Santana también indicó que el bono de Navidad se redujo a la mitad.
Mientras que Mayra Olavarría, representante claustral ante la JG, la discusión del convenio colectivo se ha demorado debido a que el comité financiero del ente rector le solicitó a Haddock que justificara las partidas para financiar el convenio colectivo.
“Debemos confiar en la negociación que hizo el presidente Haddock con su equipo. Si él entendía que ese dinero estaba en algún lugar, él va a hacer una relocalización de dinero o de presupuesto y si él se comprometió, pues la JG debería aprobarlo y confiar en los buenos oficios del presidente de la Universidad”, dijo Olavarría en entrevista con Metro, quien señaló que luego le tocaría al presidente de la institución defender la aprobación del convenio colectivo ante la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Este tranque puede tener consecuencias incómodas y después que el presidente y su equipo negociaron de buena fe con la Hermandad, que no se nos venga encima una huelga no sería nada bueno para la Universidad”, mencionó la representante de la facultad ante la JG. “Llevamos mucho tiempo y no siempre tienen que ceder los que menos tienen”, agregó.
En declaraciones escritas a este medio, Haddock se limitó a aplaudir el acuerdo alcanzado con la Heend para “asegurar los beneficios de nuestro personal no docente y la estabilidad fiscal de la Universidad, en una coyuntura histórica llena de retos”.
Beneficios “cedidos” por la Heend
Entre los beneficios que más provocaron controversia entre la administración universitaria y la Heend fue la permanencia de las exenciones de matrícula a los empleados, sus hijos y dependientes. Según Santana, estas exenciones ya no están contempladas en el nuevo convenio colectivo. Como alternativa, dijo que las partes pactaron por un pago de derechos de matrículas en el que requiere que los hijos o dependientes de empleados completen la solicitud de la FAFSA —también conocida como la beca Pell— y dependiendo de cuántos fondos se le apruebe para costear la matrícula, la institución cubrirá parte o todo el gasto.
“Lo que se conocía como las exenciones de matrícula están en pausa, lo que se negocia es hacer este pago de derechos de matrícula que está relacionado o basado en la beca Pell. Si la beca Pell te cubre, pues por ahí va el pago de matricula. Si la beca Pell te cubre parcialmente, la Universidad paga el resto de lo que no se cubre. Si la beca Pell, no eres elegible o que no te cubre nada, pero tienes menos de $100,000 de ingresos, entonces la Universidad es quien va a cubrir el costo de esa matrícula excepto las cuotas”, explicó Santana.
Las negociaciones entre la Heend y la UPR para la aprobación de un convenio colectivo comenzaron en 2017. Tras varios choques, en 2018 la colectividad y la administración universitaria acudieron ante el Departamento de Trabajo para iniciar un proceso de arbitraje y mediación.
