Las aspirantes senatoriales por el distrito de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, Marilú Guzmán y Rosa Seguí, denunciaron que el candidato novoprogresista a la alcaldía de la capital, Miguel Romero, presuntamente se benefició irregularmente de una ley que incentivaba la compraventa de unidades de vivienda mientras pertenecía al gabinete del exgobernador Luis Fortuño.
Guzmán argumentó que el 28 de noviembre de 2010 Romero adquirió un “apartamento de lujo” en el condominio Mirador del Parque en Hato Rey, a un precio de $403,000, que representaba un descuento de 57% por pie cuadrado. La abogada puntualizó que menos de tres meses antes, el 2 de septiembre de ese año, Fortuño había firmado la Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles (Ley 132-2010) que, entre otros beneficios, eximía hasta el 2016 del pago de contribuciones por concepto de propiedad inmueble a quienes adquirieran una vivienda entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de octubre de 2011.
“Miguel Romero fue el primer comprador de un apartamento en el condominio Mirador del Parque desde que se aprobó la Ley 132-2010. Romero no solo compró el apartamento más grande que se vendió en el condominio Mirador del Parque ese año, sino que lo consiguió a un descuento de 57% más barato que los demás apartamentos vendidos en el condominio en 2010”, dijo por su parte Seguí.
De acuerdo con Seguí, el 29 de diciembre de 2010 otro comprador adquirió un apartamento de “la mitad del tamaño (del que compró Romero) por $471,200. Esto representa un 121% más caro por pie cuadrado”.
Guzmán agregó que en 2016 Romero obtuvo una modificación de la hipoteca que redujo el pago de principal por $31,000, así como los intereses a pagar dentro de los primeros seis años. Además, dijo que se trató de una hipoteca a 40 años, algo que “como regla general, ninguna entidad bancaria se lo da a una persona”
Al preguntársele el origen de la información divulgada, Seguí apuntó a “personas indignadas que nos han ofrecido esta información y se está investigando. Eso fue ayer, hoy citamos esta conferencia de prensa como ciudadanas y personas indignadas que no queremos que esto continúe sucediendo”.
Guzmán expresó que la transacción del ahora senador levanta sospecha ya que, como secretario del Trabajo bajo Fortuño, perteneció al equipo de asesoría económica del exgobernador que “impulsó la creación de programas de exenciones contributivas para compras de viviendas”.
Según Guzmán, la Ley 132 tuvo un costo al erario de $77.8 millones entre los años fiscales 2012 y 2013, al tiempo que el retorno de inversión fue de $30.7 millones, para una pérdida neta de 60.5%.
“Aquí hay un problema de viviendas, pero de la gente pobre, de clase media. Sin embargo, no vemos que haya esos incentivos para que la gente pueda adquirir viviendas. Hay más de 1,000 unidades de vivienda en San Juan que están deshabitadas pero no hay legislación ni (programas) para poner en efecto legislación vigente para ayudar a que esas viviendas sean techo para personas que hoy necesitan esa vivienda”, dijo Guzmán.
Reacciona Romero
Romero, en tanto, rechazó las alegaciones de Seguí y Guzmán, las que tildó de “falsas, difamatorias y teorías de conspiración que parecen salir de una novela de ciencia ficción”.
“Es una teoría de conspiración que no tiene fundamentos, sin hechos o base legal ninguna. Para conocimiento de todos, este servidor compró su hogar hace 10 años como cualquier hijo de vecino. En ese momento, no era legislador y mucho menos recibí trato especial particular en la compraventa de mi hogar. Como secretario del Departamento del Trabajo en aquel momento no estuve envuelto, ni trabajé con nada que tuviese que ver con incentivos para desarrollo de viviendas; decir lo contrario es un acto irresponsable con el único fin de manchar reputaciones”, expresó por escrito el legislador.
