Al cruzar la Avenida Ponce de León, frente a la oficina central de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en San Juan, el canadiense Wayne Stensby ve los mensajes con pintura de spray en oposición a la empresa que dirige: “Fuera LUMA”. “No a la privatización”.
Las consignas intentan tachar los afiches que pegó LUMA en un edificio abandonado en el barrio de Santurce para contrarrestar a sus detractores: “Conoce los datos”. “Conoce la verdad”.
La empresa lleva a cabo una agresiva campaña publicitaria en medios de circulación general y en en las calles y avenidas por donde caminan los empleados de la AEE. Ganó el contrato para administrar cables, postes y el resto de la infraestructura crítica de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que mientras LUMA competía por ser seleccionada, una de las empresas de su consorcio, la tejana Quanta Services, cabildeaba ante el Congreso y la Casa Blanca de Donald Trump por asuntos relacionados a fondos federales y a la reparación de infraestructura eléctrica afectada por los huracanes Harvey y María, así como por la “AEE”, según se describe de manera general e imprecisa en los informes al Congreso.
En 2019 y 2020, tras los huracanes que azotaron el Caribe y el sureste de EE UU, la compañía Quanta Services hizo una apuesta fuerte de cabildeo ante el Gobierno federal. De los $120,000 que había invertido en cabilderos en 2016, lo duplicó a casi $280,000 en 2019, según datos del Congreso recopilados por la entidad Open Secrets.
El CPI confrontó a Stensby con el dato de que la convocatoria de propuestas (RFP) para administrar la red eléctrica indica que los participantes no pueden cabildear simultáneamente respecto al mismo contrato.
“No sé sobre qué era ese cabildeo, si es que ocurrió”, dijo Stensby.
El CPI le mostró documentos que mostraban el cabildeo de Quanta. Hubo un largo silencio de su parte.
“No lo sé. Yo no estaba allí”.
Una portavoz de LUMA señaló posteriormente al CPI que Quanta mantiene regularmente a oficiales del Congreso y la Rama Ejecutiva “informados de proyectos importantes alrededor del mundo en los que estamos participando. Nuestra participación en la transformación de la AEE fue uno de los varios temas en los que mantuvimos a los oficiales del Gobierno federal informados”.
Dada la relación política entre EE. UU. y Puerto Rico, en la que todos los fondos de recuperación para el sistema eléctrico vienen de agencias federales, ¿no es el cabildeo y “estar en contacto con oficiales [del Congreso] una manera de influir en el proceso?, preguntó el CPI.
“Disculpa si ha habido una confusión o malentendido pero, para ser claros, cualquier contacto que los consultores tuvieron con oficiales federales fue para obtener datos solamente y para entender mejor la ruta de la recuperación de Puerto Rico. La búsqueda de datos fue para entender el plan del Gobierno federal y las inversiones contempladas en Puerto Rico. ‘Estar en contacto’ y ‘cabildeo’ son dos cosas diferentes y, para evitar cualquier duda, debe tenerse en cuenta que no ocurrió ningún cabildeo. La aserción o implicación de lo contrario sería incorrecto”, envió en un correo electrónico Jenna Jackson, portavoz de LUMA, luego de la entrevista con Stensby.
El CPI, no obstante, obtuvo la información de las bases de datos oficiales del Congreso, y las gestiones están descritas como “actividades de cabildeo”.
Una de las firmas que contrató Quanta para que le hiciera este trabajo en la capital estadounidense fue DMM Strategies, fundada por Daniel McCarthy, un republicano que trabajó en asesoría legislativa en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.
El representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres, indicó que este es un ejemplo de por qué las discusiones del contrato de LUMA se tenían que llevar a cabo abiertas al público.
“El Negociado de Energía no tuvo ese proceso abierto”, indicó Torres. “Es necesario tener esa discusión pública para aclarar todas las dudas del contrato, ahora incluyendo.
sus gestiones de cabildeo durante el proceso de licitación. Es importante que eso se haga público para que ese contrato sea legitimado”.
La misión de LUMA, según el contrato, es restaurar la frágil red eléctrica de la AEE. Como resultado, se supone que a los más de tres millones de residentes de la Isla no se les vaya la luz con tanta frecuencia ni por tanto tiempo, como ya sucedió cuando el huracán María causó hace tres años uno de los apagones más largos de la historia mundial.
La selección de la empresa fue anunciada en junio de 2020 —en medio de la pandemia— por la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, pero el futuro de la transacción está en juego en las próximas elecciones. Cuatro de los seis candidatos que compiten por la gobernación ― Juan Dalmau, Alexandra Lúgaro, Carlos Delgado y Eliezer Molina ― han asegurado que cancelarán ese contrato de resultar electos. Pedro Pierluisi y César Vazquez han dicho que no están de acuerdo con cancelarlo sino con modificarlo.
Stensby indicó al CPI que LUMA está más que cualificada para operar en Puerto Rico. “Tenemos negocios en regiones vulnerables a huracanes en el sureste de Estados Unidos, y damos servicios de respuesta a emergencias en Mali, Afganistán, Kosovo y Bosnia. En muchas partes del mundo donde hay condiciones difíciles”, dijo el ingeniero y ejecutivo.
La canadiense Atco, otra de las empresas del consorcio, opera sistemas eléctricos y de telecomunicaciones aislados al norte de la provincia de Alberta, Canadá. Stensby habla de áreas donde la única manera de llevar el combustible para todo el año es por carreteras cubiertas de hielo, durante seis semanas del año.
“Estamos en tiempos de los cavernícolas”
José Rivera, un celador que repara líneas eléctricas de la AEE en la zona montañosa, advierte que, en estas jaldas del barrio Pellejas de Adjuntas, el trabajo no será fácil para LUMA. “Los mismos gringos dejaban el trabajo después del huracán María, porque decían que no eran condiciones adecuadas”, comenta.
Como parte de sus labores cotidianas, Rivera y el resto de la brigada de celadores abren camino “a machete por el monte”. Utilizan las brechas para llevar cables de hasta 1,500 pies de largo de un cerro al otro a falta de helicópteros. En ocasiones, debido a que los camiones de la AEE no llegan a lugares de difícil acceso, han tenido que amarrar transformadores de electricidad que pesan unas 300 libras a varas de bambú y cargarlos al hombro.
Su compañero de brigada, con 26 años de experiencia como celador, Julio Alvarado, asegura que el trabajo se hace más difícil por el abandono de la red. “Esto es otro mundo. Estamos en tiempos de los cavernícolas”. En Adjuntas, Utuado y Jayuya, los municipios en los que trabajan, hubo comunidades sin luz hasta casi un año después del huracán María.
La AEE dejará de existir tal cual ellos la han conocido hasta ahora.
Una de las condiciones del contrato para que LUMA comience a dar servicio es que la AEE se divida en dos compañías públicas. Una es GenCo, que administrará todas las plantas de generación de electricidad de Puerto Rico. La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) intenta desde agosto de 2020 conseguir una o varias entidades privadas o cooperativas para que manejen esos activos. La segunda corporación, GridCo, estará a cargo de la red de transmisión y distribución administrada por LUMA.
El consorcio no tiene claro cómo se dividirá la corporación pública entre GenCo y GridCo, ni quién rendirá cuentas por ello. Esa falta de claridad en el proceso puede retrasar el comienzo de las operaciones de LUMA, indicó la empresa en su informe de transición de agosto de 2020 al Negociado de Energía.
Las Alianzas Público Privadas, conocidas en inglés como P3, son una suerte de privatización light. Ayudan a los gobiernos a conseguir dinero, a darles algún servicio y a compartir el riesgo de las inversiones. También permiten que el Gobierno retenga la propiedad de los bienes, lo que posibilita que emita deuda, entre otras movidas fiscales.
LUMA llevará a cabo actividades que van más allá de administrar el sistema de transmisión y distribución. Ofrecerá también servicio al cliente y hará cobros, se encargará de asuntos administrativos como recursos humanos y planificación del sistema eléctrico, manejará asuntos operacionales de suplido y demanda de energía, coordinará el desarrollo de microredes y la generación con fuentes renovables, entre otros asuntos. Es decir, implantará parte de la nueva política pública energética. No habrá, por el momento, un sistema de competencia que provea varias alternativas a los consumidores. Esto resulta en que el sistema energético de Puerto Rico se haya movido de un monopolio público a un monopolio privado, según el abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en los casos de la quiebra de la corporación pública.
La empresa tiene la responsabilidad de despachar la energía que producen las plantas de generación públicas y privadas, según el contrato. Eso significa que, además de operar la red, LUMA tiene la llave de toda la energía generada en Puerto Rico, lo que se aparta de la norma de la industria.
“En muchas jurisdicciones de Estados Unidos, para garantizar un despacho de energía independiente y en beneficio de los consumidores, se usa un operador separado”, explicó Tomás Torres. “El operador independiente de energía debe implantarse en Puerto Rico, separado de LUMA”.
LUMA no pondrá dinero, hay que pagarle
La AEE no necesita ser privada para dar un servicio resiliente, limpio y accesible al bolsillo, le dijo el CPI a José Ortiz, exdirector ejecutivo de la AEE, en una entrevista en diciembre de 2018. ¿Por qué entonces hay que contratar a una empresa para administrar el sistema eléctrico?
“Porque el Gobierno no tiene la capacidad fiscal para mantenerlo y llevarlo a como los estándares lo piden”, dijo entonces Ortiz.
En ese año, la administración del exgobernador Ricardo Rosselló aprobó la Ley Para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, que establece la política pública para privatizar la AEE. Ese Gobierno presentaba, desde sus inicios en 2017, a las alianzas público privadas con las empresas Metropistas y Aerostar como un ejemplo a seguir. Ante la falta de dinero gubernamental para hacer obras en las autopistas PR-22 y PR-5, así como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ambos consorcios han invertido más de $340 millones en fondos privados para mejorar esta infraestructura crítica, según un informe de la Cámara de Representantes.
Pero el acuerdo con LUMA no contempla que esta invertirá dinero. En el año fiscal 2021, será todo lo contrario: los pagos a la empresa durante la transición causarán un déficit de hasta $132 millones en la AEE, según el Plan Fiscal de la corporación pública aprobado por la Junta de Control Fiscal, el ente que manda sobre las finanzas de Puerto Rico. Ese monto corresponde a servicios y gastos reembolsables, según la AAPP.
Y LUMA puede solicitar al Negociado de Energía un aumento en la tarifa para costear ese déficit, según el contrato.
En este periodo de transición de LUMA, Stensby y sus empleados se están reuniendo con ejecutivos y trabajadores de la corporación pública para desarrollar la hoja de ruta para el manejo de la red eléctrica. “Estamos juntando en un solo plan los planes desesperados y desconectados que históricamente ha producido la AEE”, dijo Stensby. “Eso nos dirá dónde se gasta mejor cada dólar de la próxima inversión”.
La compañía está estableciendo todos los componentes de su modelo de negocio, desde la estructura organizacional, pasando por un sistema de contabilidad, hasta una página web en la que los clientes hagan preguntas o reporten algún apagón. “Estamos creando una nueva empresa”.
Luego de ese periodo de transición, la AEE pagará $105 millones anuales a LUMA por el servicio de operación y mantenimiento de la red durante quince años, más bonificaciones.
Considerando la experiencia de las inversiones de Aerostar y Metropistas, el Centro para una Nueva Economía considera que este pudo haber sido un mejor acuerdo. “A LUMA no se le está exigiendo un centavo en inversión de capital”, criticó Sergio Marxuach, director de política pública de ese think tank, alegando que todo gira en torno a que el Gobierno federal desembolse miles de millones de dólares y a que el ahorro de LUMA sea mayor de lo que los consumidores le pagarán. “Me preocupa la conclusión de los supuestos ahorros. El Gobierno no ha detallado bien cómo llega a ese cálculo. Ese es el corazón de la transacción. Si no hay ahorros y gastamos más en ellos, no tiene sentido”, explicó Marxuach.
En 2027, LUMA debe ahorrar, por ejemplo, $293 millones en gastos operacionales, administrativos y energía perdida, versus los $141 millones aproximadamente que recibirá como pago y bonificaciones en ese año, según la AAPP. Es decir, por cada dólar que la AEE gaste en LUMA en 2027, supuestamente se ahorrará dos.
Cuando la AAPP comenzó en 2018 el proceso para escoger a la compañía que administrará la red, no lo hizo buscando energía más barata, a pesar de los altos costos de la luz, sino la transformación de la corporación pública. “Lo más importante es darle el servicio de calidad al cliente y sacar la influencia política de un ente que da servicios esenciales”, dijo Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP.
Stensby, por su parte, minimizó el gasto que tendrán que hacer los clientes de la AEE para pagarle los servicios, tomando en cuenta los beneficios que alegadamente producirá a cambio LUMA. “Cuando creemos un sistema eléctrico más confiable, eso va a generar un gran impacto económico para Puerto Rico que va a opacar la tarifa de 105 millones que mucha gente señala. Un sistema de electricidad sustentable y confiable es la base de la economía, no importa dónde en el mundo estés”.
La AEE emplea obreros probados y tiene la capacidad de aumentar su plantilla con ingenieros egresados del prestigioso Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. ¿El trabajo no se puede hacer con el talento de la corporación pública?, preguntó el CPI a Stensby.
“Este no es sólo un problema de ingeniería”, dijo. “Ustedes tienen una gran historia de tremenda infraestructura. Pero si miras los últimos quince años, ha habido problemas económicos y políticos que han dejado la construcción y el desarrollo de infraestructura un tanto estancada”.
Rescatar la electricidad en un bote de madera
Las decisiones sobre el futuro energético que se toman en San Juan parecen conversación de otro planeta para la brigada de celadores de la montaña. Van en dos camiones al barrio Pellejas de Adjuntas a reparar una línea que había dejado sin luz a nueve casas durante seis días.
La falta de materiales y la debilidad del sistema eléctrico aún se les parece a los días apocalípticos que siguieron al huracán María, cuando José Rivera pidió prestado a un vecino un bote que había construido con tablas. Remó hasta el medio de una boca del lago Caonillas para rescatar la punta de un cable sumergido. No había material nuevo para restaurar el sistema eléctrico y estaban poniendo parchos. Los mismos que ahora tendrá que arreglar LUMA.
Julio Alvarado dice que aún tiene que desenterrar líneas, hacer empates de restos de cables de cobre y recoger tornillos y pernos de algunos postes para hacer remiendo en otro lugar. “Esto es normal para nosotros”.
A esa normalidad de carencia se une la necesidad de mano de obra diestra. De los aproximadamente 30 celadores que había hace 25 años entre Utuado, Adjuntas y Jayuya, ahora quedan 12, según la UTIER. Hace seis meses les dijo adiós un colega que se mudó al estado de la Florida, después de trabajar un cuarto de siglo en la AEE. Allá le pagan el doble y aquí le quitaron beneficios, como cambios en las aportaciones al plan médico. Desde 2008, la corporación pública ha perdido el 40% de los trabajadores, principalmente los obreros altamente cualificados, según el plan fiscal de 2019.
“Los clientes se quejan por el mal servicio. Pero no es mal servicio. Es falta de personal”, opinó Julio Alvarado. También el problema se agrava con la falta de materiales de protección. Alvarado muestra un par de guantes para manejar las líneas eléctricas vivas: están caducos. La UTIER alega que la corporación pública dejó vencer la certificación de la máquina que revisa estos equipos, que evitan el peligro de que los celadores se electrocuten. Como consecuencia, sin guantes seguros, los celadores tienen que “matar” la línea para minimizar el riesgo de recibir un cantazo eléctrico. Pero eso implica que hay personas que se van a quedar sin luz. “¿Cómo es posible que la Autoridad, siendo un monopolio, se dejara caer?”, añadió. “Si la Autoridad se hubiera administrado bien, no hacía falta LUMA”.
La brigada culpa en parte al periodo de austeridad que implantó la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, cuando la AEE contrató a la empresa AlixPartners, de la consultora Lisa Donahue, que dejó a los empleados “al descubierto”, según José Rivera. “No había compra de materiales, quitaron beneficios, crearon la necesidad de privatización”.
Compromiso de fondos en tiempo de elecciones
Con la relación entre la AEE y LUMA, el Gobierno sigue siendo dueño de la infraestructura eléctrica, por lo que puede recibir fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).
El 18 de septiembre de 2020 ー a casi tres años del huracán María y a menos de dos meses de las elecciones presidenciales ー, el presidente Donald Trump hizo el anuncio. FEMA comprometió unos $9.5 mil millones para la restauración del sistema eléctrico de Puerto Rico, a casi 90 días después de que se hubiera firmado el contrato de LUMA.
Ahora, LUMA administrará esos fondos y gerenciará proyectos de recuperación que irán a subasta pública. Algunos de estos proyectos los llevarán a cabo otras empresas subcontratadas, que pueden ser algunas de las compañías del consorcio de LUMA, según la página 28 del acuerdo.
“Esto generará miles de empleos, no solo para los ingenieros sino para los puertorriqueños en cada sector de la industria eléctrica”, aseguró Stensby, refiriéndose a los trabajos directos e indirectos. “Los fondos traerán un gran impacto económico”.
Si LUMA no pone dinero y viene a administrar, ¿cuál es el riesgo que está asumiendo?, preguntó el CPI a Fontanés, quien firmó el contrato con la empresa.
“No es una alianza normal en el sentido de que hay un intercambio en el que el Gobierno coge dinero para pasarle los riesgos. Ellos tienen que cumplir con sus requisitos y, si no, hay consecuencias contractuales. Es un riesgo reputacional gigantesco para ellos. Es una organización que tiene consecuencias internacionales de no cumplir”.
Cuando se le pregunta a Agustín Irizarry, profesor de ingeniería eléctrica en el Recinto de Mayagüez de la UPR y exrepresentante de los consumidores en la AEE, él dice que el contrato con LUMA es de “cero riesgo” para la empresa. Su ganancia aumentará, por medio de bonificaciones, a medida que cumpla unas metas “bien flojas” que le pidieron, añadió.
En la AEE ocurre un promedio de cinco apagones al año, según el contrato. A LUMA se le pidió bajar esa cantidad a dos, en lugar de llevarlo a un apagón al año, que es el promedio en las compañías públicas en EE. UU., observó Irizarry.
El contrato indica que la AEE acumula once horas de apagones anuales. A LUMA se le pidió reducirlas a cinco. El promedio en las compañías eléctricas de EE. UU. es de una hora.
Mientras, el tiempo que toma restaurar la electricidad tras cada incidente es de poco más de dos horas. Pero a LUMA no se le exigió que lo mejorara.
“Oye, ya le estamos pagando para que aumente la confiabilidad, ¿por qué le tengo que pagar bonificaciones? Las metas ni siquiera nos llevan al promedio de la confiabilidad en EE. UU.”, añadió Irizarry.
Eso quiere decir que lo más importante que piden los consumidores, que la luz no se le vaya tantas veces ni por tanto tiempo, no está completamente asegurado con LUMA. “Yo no veo cómo este contrato es útil para nosotros. A mí me parece un robo”, dijo Irizarry.
El contrato con LUMA se enmarca en un proceso que la AEE comenzó hace veinte años con los contratos de compra de energía a plantas de generación privadas, entre las cuales se encuentra la carbonera AES, en Guayama, y Ecoeléctrica, en Peñuelas, que funciona con gas. También se hicieron polémicos y costosos contratos para proyectos privados de energía renovable en la administración del exgobernador Luis Fortuño, la mayoría fracasados.
La UTIER considera que Alix Partners, mediante recortes y toma de decisiones administrativas, creó las bases para la privatización que desembocó en la contratación de LUMA. Hoy, al interior de las determinaciones en la AEE se encuentra Filsinger Energy Partners, una de 30 firmas privadas y bufetes, la mayoría estadounidenses, que comenzaron a reemplazar a servidores públicos en altos puestos gerenciales, encontró el CPI. La privatización no comenzó con LUMA.
“Profunda experiencia”
LUMA muestra la existencia de puertas giratorias, como se conoce a la situación en la que un alto funcionario va a una empresa privada, produciendo conflictos o apariencia de conflictos de interés. Pamela Patenaude, quien hasta enero de 2019 ocupó la subsecretaría del HUD, ahora es ejecutiva de Innovative Emergency Management (IEM), una compañía de manejo de fondos federales que pertenece al consorcio de LUMA y que obtuvo dos contratos por $25 millones para proveer servicios administrativos al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico en el manejo de fondos de HUD.
La agencia federal en la que trabajaba Patenaude, además, aportará unos mil millones de dólares para complementar los fondos de FEMA en la AEE.
Stensby no considera que esto sea un conflicto. “Lo que veo es una profunda experiencia de IEM. En muchos casos, esa experiencia la crea con empleados que han tenido puestos previos en el Gobierno federal”.
La AEE malgastó su dinero de infraestructura
Antes de que el huracán María dañara casi la totalidad de la red eléctrica, la AEE ya arrastraba un espiral de malos manejos de las finanzas. La corporación pública tiene una deuda de $9 mil millones con sus bonistas y más de casi $5 mil millones con el plan de pensiones.
Los préstamos de las compañías eléctricas suelen invertirse en infraestructura. Pero la AEE sólo usó para obras capitales un 24% ($2.7 mil millones) de los $11.4 mil millones en bonos que emitió entre 2000 y 2012. El resto los gastó en operaciones, pagos a consultores, intereses y refinanciamiento de préstamos viejos, mientras obviaba la amortización de la deuda original, según un informe de 2015 de la Cámara de Representantes.
Ese patrón ocurrió bajo administraciones sucesivas del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La Oficina del Contralor, además, emitió una opinión adversa sobre el programa de mejoras capitales de la corporación pública. En un informe que analiza las operaciones entre 2010 y 2018, señala que la AEE gastó más de $192 millones en compra de terrenos y proyectos de infraestructura que no comenzaron o no fueron completados, o que no tenían ninguna utilidad.
Entre estos destacan más de $62 millones en la cancelación del polémico Gasoducto del Sur, propuesto por el exgobernador y hoy candidato a comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá (PPD), para llevar gas metano entre Peñuelas y Salinas. También están los $32 millones de la llamada Vía Verde, propuesto por el exgobernador Luis Fortuño (PNP), que buscaba transportar gas por tuberías, desde la costa sureña de Peñuelas, pasando por la zona montañosa, hasta Arecibo, en el norte, y de ahí hasta la capital.
Hay pagos de compras y servicios por unos $86 millones para que unidades en las centrales de Cambalache, San Juan, Palo Seco y Aguirre pudieran quemar gas. La auditoría del Contralor revela que la AEE incumplió con los principios de transparencia y rendición de cuentas sobre los contratos y enmiendas, y que luego de 78 años de haberse constituido como una corporación pública no cuenta con un manual de normas y procedimientos de contabilidad.
La corporación pública también enfrenta una grave inestabilidad administrativa. Desde 2017, ha tenido seis directores ejecutivos: Javier Quintana, Ricardo Ramos, Justo González, Walter Higgins, José Ortíz y Efrán Paredes.
“Sacar la política de la AEE y la continuidad gerencial tiene un valor económico que no se puede cuantificar. Eso es parte del retorno de inversión del servicio de LUMA”, continuó Fontanés. “Ahora con LUMA tenemos un contrato de quince años. Esa continuidad es esencial para que esos ahorros se vean”.
El futuro de las pensiones
Los celadores José Rivera y Julio Alvarado sienten el paso de los años. “Ya vamos arrastrando las botas”, dice Alvarado. “No te estoy hablando del trabajo en la loza [en la capital]. Aquí se sufre mucho, trabajamos con espuelas para subir a los postes”. Rivera levanta con dificultad el brazo derecho para mostrar que se lesionó el hombro en una caída por una jalda. Se supone que con LUMA mejoren las condiciones de trabajo, pues la empresa alega que va a incrementar la seguridad y que ofrecerá mejores equipos.
“Yo lo que necesito es estabilidad, beneficios y un retiro digno”, riposta Alvarado. “LUMA no hace falta. Lo que falta es que la AEE reclute personal y se administre como lo manda la ley… Lo que yo quiero es la Autoridad de siempre, pero con equipo. Con nuestro plan médico y beneficios, y que no nos asignen trabajo en exceso”.
El retiro digno del que habla Alvarado está por verse. La AEE no tiene dinero para costear $3.8 mil millones, o casi el 80% de su deuda con el plan de pensiones, el cual puede quedar insolvente en cinco años si no se hacen reformas, según el plan fiscal.
La corporación pública debe abonar $266 millones a las pensiones en 2020, pero las proyecciones del plan fiscal indican que la AEE sólo depositará $71 millones o el 27%.
Por eso Emmanuelli, el abogado de la UTIER, señala que el sindicato se opone a que LUMA cobre antes de que la AEE cumpla con el compromiso de abonar al plan de retiro, del que dependen unos 18,000 empleados.
La JCF sometió una moción para que la jueza Laura Taylor Swain, que dirige en el tribunal el proceso de la quiebra de la AEE bajo la ley PROMESA, considere que cualquier pago a LUMA durante el proceso de transición sea considerado un gasto administrativo que se tiene que pagar. La jueza le dio el visto bueno a esa moción este lunes, lo que significa que, si se aprueba el plan de ajuste de deudas de la corporación pública, LUMA cobraría antes que cualquier acreedor.
El consorcio ya comenzó a someter sus informes de gastos por los primeros tres meses de la transición, que ascienden a $26 millones. Entre estos se encuentran sobre $282,492 para gastos legales y $162,113 para “comunicaciones”, que fueron criticados por la UTIER, ya que LUMA debía generar ahorros.
PROMESA ordena que se financien adecuadamente los sistemas de retiro, recuerda Emmanuelli. Pero la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, indicó al CPI que las pensiones, junto con la deuda, son reclamaciones desde antes de la radicación de la quiebra, que van en el plan de ajuste, mientras que los pagos a LUMA son gastos administrativos que se tienen que sufragar y no se pueden poner en la misma canasta de las otras deudas.
LUMA no se hace responsable de ninguna deuda de la corporación pública. Los empleados que contrate podrán aportar al sistema de retiro actual de la la AEE. Los que quieran, y quienes lleven menos de diez años en la corporación pública, podrán aportar a un plan de pensiones que creará LUMA. Esta opción “va a desangrar el retiro actual, porque los que se muevan no van a aportar al sistema viejo, y lo va a desfalcar”, según Emmanuelli.
El consorcio rechaza el convenio colectivo con los trabajadores, según la página 29 del contrato. “Es una barbaridad porque la Ley 120 protege los derechos de los empleados”, indicó Emmanuelli. El acuerdo no validará derechos adquiridos como méritos, antigüedad en el puesto y servicio acumulado.
El traspaso de los empleados a LUMA también ha creado un ambiente de incertidumbre. El consorcio solo está obligado a entrevistar de buena fe a los trabajadores que ya están en la AEE pero no tiene obligación de contratarlos. La AEE aseguró a sus empleados que quienes no consigan o acepten un puesto en LUMA serán transferidos a otras agencias gubernamentales, siguiendo la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (Ley 8 de 2017).
La brigada que trabaja en la montaña dice que ya los están desplazando desde antes de LUMA. La AEE ha subcontratado a empresas para trabajos que antes ellos hacían, como podar las ramas que interfieren con las líneas. La UTIER sostiene que estas cobran $51,240 por cada milla de desganche. El sindicato asegura que los trabajadores públicos de la AEE pueden hacerlo por $6,972, casi siete veces menos.
“Por eso es el malestar. Se le revienta la hiel a cualquiera”, se lamenta José Rivera, y un compañero de brigada le sigue: “si hay dinero para pagar esos contratos, ¿dónde está la quiebra de la Autoridad?”
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ. Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com
