Mientras en Puerto Rico sobran las emergencias y cada vez parece diezmarse más la fuerza laboral para atenderla, ayer los obreros del Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 vivieron otra difícil situación en su centro de trabajo.
De hecho, hubo quienes, consternados por su salud, se pararon y por un minuto pensaron irse, temiendo por su seguridad ante un brote de coronavirus que sabían que azotaba al Negociado. Sin embargo, se quedaron, buscando alguna manera para lidiar con esta situación incómoda sin afectar el servicio a la ciudadanía.
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Durante algunos minutos de incertidumbre, así quedó anoche una de las pantallas que indica el personal disponible para atender al público en un Centro de Recepción del 9-1-1:
Fue entonces, luego de las 8:00 P. M. que se resolvió la situación tras reuniones entre sindicalistas del Local 3010 la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico (CWA -Local 3010) y la directora de los Centros de Recepción de Llamadas del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 (NSE911), Arelis Santana.
“Como tal, el Centro de Hato Rey fue el último en cerrar anoche”, comenzó a relatar temprano esta mañana el vicepresidente de la CWA -Local 3010, Luis Rivera.
“Aproximadamente, a las 8:15 pm, los compañeros deciden no trabajar más, esto después de nosotros haber tenido varias reuniones telefónicas con la directora de los Centros de recepciones, Arelis Santana. Yo me reuní varias veces de forma telefónica durante el día de ayer con ella. Incluso, en una de las llamadas, hablamos tres personas: Aramis Cruz, presidente ejecutivo de la Loca, Arelis Santana y este servidor”, agregó.
“Le explicamos que desde que empezó la pandemia le habíamos dado opciones, temiendo que esto que finalmente pasó, fuese a suceder. Nosotros lo previmos. Y lo dijimos. Les pedimos que cuadraran una forma de que pudiéramos trabajar remoto por si pasaba esto. Le pedimos que se habilitara oro centro de emergencias remoto para 9-1-1, aunque fuese por celular. Se lo dijimos desde que empezó la pandemia nunca la agencia ha tomas cartas en este asunto”, explicó Rivera, quien labora como telecomunicador del 9-1-1 hace 20 años, además de ser sindicalista.
A pesar de que es una situación que el gremio intentó prevenir, ayer el Gobierno emitió declaraciones relámpago, informando que cerrarían los centros de llamada y que había otro número para llamar si usted tenía alguna urgencia. Sí, momentos de cuidado dentro de una escena, irónicamente, de emergencia, son los que ahorama mismo vive el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1, luego de que las propias autoridades confirmaran varios resultados positivos a Covid-19.
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“Esta noche se tomó la determinación de cerrar los Centros de Recepción de Llamadas del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 (NSE911) luego de que empleados de ambas instalaciones reportaran resultados positivos al COVID-19. Para garantizar la continuidad de las operaciones y que las emergencias sean atendidas correctamente, se utilizará el Despacho del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), conocido como Control Central, que opera 24 horas con personal debidamente adiestrado”, indicó Pedro Janer Román, en declaraciones oficiales escritas que se le hicieron llegar a los medios.
“Para informar situaciones de emergencia, deben llamar al 787-724-0124. El personal del Despacho canalizará las llamadas con las agencias de respuesta municipales o estatales correspondientes para cada emergencia. De igual forma, pueden llamar al 787-343-2020 para comunicarse directamente con la Policía”, se indicó.
“Los empleados que tuvieron o pudieron haber tenido contacto con las personas afectadas, fueron puestos en aislamiento y se realizarán las pruebas para detectar COVID-19 en los próximos días, como establecen los protocolos del Departamento de Salud. De otra parte, ambos edificios serán descontaminados y próximamente se informará la fecha en que reanudarán las operaciones”, añadió Janer Román en sus declaraciones.
El asunto causó furor anoche en las redes sociales y en los medios nacionales. Fuentes de este medio, no obstante, indican que “hace días” se conoce de la situación de los positivos a Covid-19.
¿Por la libre con el Covid-19?
“Había dos [positivos] en [el Centro de Recepción de Llamadas en] Guaynabo y dos más en [el Centro de Recepción de llamadas] de Hato Rey. Las dos personas con Covid-19”, dijo a Metro y El Calce anoche una fuente vinculada al Negociado del 9-1-1, en condición de anonimato.
“Hoy [ayer] en la tarde, ya Guaynabo estaba cerrado, pero no habían limpiado ni desinfectado”, señaló.
“Había conmoción entre los empleados porque no se sabía [ayer] si iban a cerrar también Hato Rey. Hoy [ayer] mismo regresó un empleado a trabajar luego de hacerse la prueba, sin saber si era positivo o negativo. La otra persona no fue a trabajar”, había dicho la fuente a este medio poco después de las siete de la noche de ayer, asegurando que “hasta la hora de hoy [ayer, pasadas las 7:00 P. M.] seguían los empleados trabajando su turno regular en Hato Rey”.
El Calce fue el primero en informar hace unas semanas de la incómoda situación de trabajo que aseguran vivir los obreros del NSE911, quienes entienden que esta dependencia se ha mostrado reacia a cumplir con la Ley 32-2020, firmada por la Gobernadora en marzo.
Lee estas primicias de agosto de El Calce, para que entiendas:
De hecho, el lunes 19 de octubre realizaron una manifestación en las inmediaciones del Centro de Recepción de Llamadas que ubica en Guaynabo, cerca del sector Monacillos.
“La Unión alega que la Gobernadora firmó la ley 32-2020 que protege los fondos 9-1-1 y a su vez bloquea, junto al DSP su implementación”, había indicado la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones de Puerto Rico, organización que representa a los trabajadores y trabajadoras del Negociado del Sistema 9-1-1, en un comunicado de prensa con fecha del 14 de octubre.
La Unión denunció que los fondos de ese negociado se encuentran en peligro y pone en riesgo el tiempo de respuesta de las ambulancias a la hora de ser activadas para atender las emergencias de los ciudadanos. Esto se debe a que “el 24 de marzo del 2020 la Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez firmó la Ley 32-2020 y semanas después emitiera una certificación de no cumplimiento con el plan fiscal poniendo la ley en suspenso”.
El sindicato informó que la Ley 32-2020, que fue presentada por ese gremio buscando proteger los fondos 9-1-1 para que sean utilizados única y exclusivamente para la atención de llamadas de emergencia tal como establece los estatutos federales El Negociado se nutre de fondos propios que provienen de la aportación de cada ciudadano a través de su factura de teléfono celular, teléfonos residenciales y comerciales, no dependiendo del fondo general del gobierno.
El presidente de la CWA- Local 3010 se manifiesta durante una protesta reciente:
“Nuestra Unión con el apoyo de los Senadores Henry Neumann y José Vargas-Vidot, presentamos lo que hoy es la Ley 32- 2020, para poder devolverle al 9-1-1 las herramientas que necesita y asegurarnos que se protejan los fondos, era necesario excluir al negociado de la Ley 26-2017, que es la Ley de cumplimiento con el Plan Fiscal. Como se ha explicado, los fondos 9-1-1 no se pueden usar para pagar deuda ni se pueden transferir al fondo general, no hace sentido aplicar medidas de austeridad en el 9-1-1 y lo que ha creado es un aumento en el tiempo de respuesta y la reducción de recursos para atender las emergencias del país”, sostuvo Aramis Cruz, Presidente del Sindicato.
Según la Unión, este proyecto se estuvo trabajando por dos años y en ningún momento la Gobernadora ni la Junta de Supervisión Fiscal indicaron que los mismos eran incompatibles con PROMESA o el Plan Fiscal. De hecho, cartas en poder de la Unión por parte de la Directora Ejecutiva de la Junta Natalie Jaresko claramente establecen que el uso de Fondos 9-1-1 se utilizaran para los propósitos establecidos en la Ley y el mejoramiento del Sistema.
Cruz informó que “el problema recae que, de momento, la Gobernadora Wanda Vázquez junto a la Comisionada Yazmín González, el secretario del Departamento de Seguridad Publica Pedro Janer y el Director de AFAF Omar Marrero, le someten una carta a la Junta informando que no pueden cumplir con la Ley 32-2020 pues es incompatible con el Plan Fiscal, pese a que el Gobierno les ha dado paso a otras medidas cuyo impacto en el fondo general es palpable. Todo, debido a que la Ley 32-2020 le hace imposible desviar fondos como se ha hecho en el pasado”.
La Unión le recordó al Gobierno que para los años 2014-2017 el 9-1-1 desvió mas de 24 millones de dólares para asuntos no relacionados a la atención de llamadas de emergencias. Esto causó un desbalance en sus finanzas y los municipios integrados ni agencias de respuesta recibieron las partidas presupuestarias que estaban destinadas para esos fines. Esto creó que el tiempo de respuesta aumentara a casi 35 minutos poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. También señaló que bajo esta administración se han desviado fondos, como la compara de un vehículo para el pasado Secretario de Seguridad Publica, Héctor Pesquera.
“La comisionada insiste en que fue la Junta de Supervisión Fiscal quien paralizó la Ley y eso no es correcto. La Junta claramente le pidió al Gobierno que justificara por qué la Ley 32-2020 pudiera ser aplicada cuando el impacto es de aumentar el presupuesto (con los fondos propios del 9-1-1) en aproximadamente $450,000 y el Gobierno decidió no justificar la Ley. De hecho, el 9-1-1 hoy día está buscando pagar con fondos del 9-1-1 gastos relacionados directamente con el DSP, lo que esta ley no permitiría. Como el DSP y la Comisionada González no pudieron enmendar la ley lo más fácil fue echarla a un lado. Y eso fue exactamente lo que hicieron estos funcionarios. Pensaron primero en sus agendas políticas y dejaron a un lado la seguridad del pueblo. No podemos permitir volver atrás. Tenemos que defender la Ley 32-2020 y no descansaremos hasta lograrlo”, sentenció Cruz-Domínguez.
