Los legisladores peruanos destituyeron el lunes al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente” y lo acusaron de recibir sobornos, en un hecho que no ocurría hace dos décadas.
Con 105 votos a favor de la vacancia, 19 en contra y 4 abstenciones, el Congreso –elegido en enero para reemplazar al disuelto por Vizcarra en septiembre de 2019– sacó del poder al mandatario.
En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, los parlamentarios acusan a Vizcarra de recibir más de 630.000 dólares en sobornos por dos obras de infraestructura licitadas cuando Vizcarra era gobernador regional entre 2011 y 2014.
El futuro del país es incierto e incluso los expertos difieren sobre lo que debe ocurrir.
De un lado, el abogado Natale Amprimo afirma que Vizcarra debe entregar el poder al presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien debe convertirse en el nuevo mandatario.
De otro, el constitucionalista Omar Cairo afirma que Vizcarra debe seguir en el puesto y presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para “declarar nula la decisión del Congreso” debido a que el pedido de destitución no ha precisado ni detallado “en qué consiste la incapacidad moral permanente”, que imputan a Vizcarra.
Manuel Merino es un empresario agrícola de 57 años que representa en el Parlamento a la norteña región Tumbes, fronteriza con Ecuador.
Merino, que estudió Agronomía, ya ha sido congresista por Tumbes para los periodos 2001-2006 y 2011-2016 por el partido Acción Popular.
En septiembre, días antes del primer pedido de vacancia presidencial que resultó fallido, Merino consultó con los jefes militares para anunciarles que el Congreso iba a realizar un proceso de destitución. Días después, consultado por la prensa, dijo que sus llamadas eran para “tranquilizar” a los uniformados.
Los parlamentarios acusaron Vizcarra de haber recibido sobornos por otorgar la construcción de un proyecto de irrigación y de un hospital en la región de Moquegua donde fue gobernador.
Algunos legisladores que votaron por su destitución, como Cecilia García, del partido Podemos Perú, lo llamaron mentiroso que “no merece ni siquiera recibir la bendición de cada luz del amanecer”.
Erwin Tito, del partido Fuerza Popular que dirige la opositora Keiko Fujimori, comentó que el gobierno administró la pandemia de forma “genocida” con hospitales sin infraestructura, poco oxígeno y escasos medicamentos.
Vizcarra se defendió más temprano y dijo en el Congreso que un nuevo pedido de destitución en su contra está basado en declaraciones no corroboradas y que su salida podría llevar al caos a Perú.
Entre abucheos, Vizcarra les recordó a 68 de los 130 parlamentarios que también afrontan acusaciones por diversos delitos ante la fiscalía. “¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, les dijo.
Los legisladores apoyaron sus acusaciones en una investigación fiscal inconclusa en la cual gerentes de constructoras locales, que buscan purgar menos años de cárcel por sus delaciones, acusan a Vizcarra de recibir el dinero. Los aspirantes a colaboradores aún no han presentado pruebas concluyentes.
La “incapacidad moral permanente” es una causal confusa en la constitución que, según los expertos, es tan amplia que puede ser usada de acuerdo con la conveniencia de quien la plantee.
Vizcarra llegó al poder en 2018 en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. Kuczynski se convirtió en mandatario en 2016 con una bancada de 18 legisladores. Cuando Vizcarra subió al poder, la bancada oficialista dejó de apoyarlo. Con el cierre del Congreso en 2019 y el nuevo Parlamento, el presidente se quedó sin legisladores.
Desde 2017 se han acumulado cuatro intentos de destitución presidencial en el Parlamento: dos contra Kuczynski -que renunció a la presidencia en medio de uno de esos procesos- y otros dos contra Vizcarra.
El analista político Alonso Cárdenas comentó que ahora en Perú era más fácil destituir a un presidente que a un alcalde. “Si quieres sacar al alcalde de Lima necesitas poco más de un millón de firmas, si quieres sacar a un presidente solamente 87 votos en el Congreso”, dijo Cárdenas, profesor de gestión pública en la universidad jesuita Antonio Ruíz de Montoya.
Los últimos presidentes antes de Kuczynski -Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016)- tuvieron bancadas parlamentarias sólidas que impidieron a los opositores sumar 87 votos de los 130 que tiene el Parlamento y así pudieron concluir sus mandatos.
Todos ellos, incluido Kuczynski, fueron investigados por presunta corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. Toledo está preso en Estados Unidos esperando una extradición a Perú, García se suicidó minutos antes de ser detenido por la policía, mientras que Humala y Kuczynski se encuentran en prisión domiciliaria esperando ser enjuiciados.
La crisis política en Perú ocurre mientras la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado más de 922.333 contagiados y 34.879 fallecidos, según el centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins y uno de los más profundos impactos económicos a nivel global. El Banco Mundial ha pronosticado una caída de 12% del Producto Interno Bruto de Perú para este año.
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