El representante novoprogresista Nestor Alonso, quien fue arrestado por las autoridades federales la pasada semana, renunció hoy de manera inmediata a la Cámara de Representantes.
Según indicó en una carta enviada al presidente de este cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, el legislador indicó que su dimisión es “inmediata e irrevocable” y describió su decisión como una “difícil” luego de que la semana pasada un Gran Jurado Federal presentó una acusación contra el representante por supuestamente haber cometido los delitos de soborno, robo de fondos federales, comisiones ilegales y fraude electrónico de servicios honestos. “Ante los hechos que se han discutido públicamente, en los que hay una investigación federal en mi contra, he tomado esta difícil decisión, por el bienestar del cuerpo legislativo al que me he honrado en pertenecer.
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Alonso, aseguró en su escrito estar “tranquilo y en paz”, y que sus acciones solo han sido para servir al pueblo, como asegura haber estado haciendo desde 2017 cuando elegido por primera vez a un escaño legislativo por acumulación. En el escrito Alonso no hace alusión a su reelección al escaño legislativo el pasado martes 3 de noviembre. Sin embargo, Noé Marcano, secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó que el representante aún no ha presentado su renuncia para el escaño al cual fue reelegido debido a que la Comisión Estatal de Elecciones todavía no le ha certificado finalmente como vencedor. De acuerdo con la certificación preliminar del organismo electoral, Alonso alcanzó la décima posición entre los candidatos por acumulación, por lo que sería reelegido a dicho escaño de sostenerse los resultados luego del escrutinio general. Una vez la CEE entregue una certificación final de los resultados, Alonso podría presentar una segunda carta de renuncia a dicho escaño.
El jueves pasado, Alonso fue arrestado y acusado —dos días después de los comicios— de supuestamente haber participado en un esquema de robo, soborno y comisiones ilegales —también conocidas como ‘kickbacks’—. La fiscalía federal también presentó seis cargos por supuesto fraude electrónico de servicios honestos contra el legislador del PNP.
De acuerdo con la acusación federal, el esquema habría comenzado en abril de 2018, entre el representante novoprogresista y un empleado de su oficina, identificado únicamente como ‘Persona A’. Según el jefe de fiscales en la isla, Stephen Muldrow, el esquema consistió en que el legislador le inflaba el salario a este empleado y luego le requería que le enviara una porción de ese aumento. Muldrow dijo que la cifra total de fondos federales que habrían estado sujetos al esquema de fraude totalizan los $80,000, de los cuales al menos la mitad habrían alcanzado el bolsillo del legislador.
“De ser encontrado culpable, el acusado [Alonso] se enfrentaría a sentencias máximas de 10 años por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos”, señaló el jefe de fiscales en Puerto Rico la semana pasada.
Vea aquí la carta de renuncia:
