De cara a una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Daisy Calcaño, presentó hoy una lista de criterios con los cuales debe cumplir los candidatos y candidatas a dicha silla en el más alto foro judicial.
Durante una conferencia de prensa, la organización presentó una lista de recomendaciones y criterios que deben tener los aspirante a puestos judiciales y que deben ser tomados en consideración por la gobernadora Wanda Vázquez. La presidenta del organismo jurídico instó a la mandataria a realizar nombramientos a los tribunales del país al margen de consideraciones político-partidistas.
“En ese afán de atraer a la atención pública estas prácticas nocivas a la integridad de la Rama Judicial y conscientes de que pronto habrá de surgir una vacante al Tribunal Supremo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha preparado un documento que esboza los criterios que deben ser tomados en consideración para la selección y evaluación de aquellas personas que nos servirán desde la judicatura”, señaló Calcaño.
De esta forma, Calcaño recomendó que se evite la práctica de nombrar personas cercanos a una colectividad política o a políticos derrotados en pasadas elecciones. “El uso de puestos en la judicatura como recompensa a los acólitos políticos del partido de turno o como refugio para políticos derrotados socava grandemente la confianza en aquella rama del gobierno que se creó precisamente como una limitación a los excesos de los poderes ejecutivos y legislativos”, agregó.
De tal forma, el expresidente del organismo, Mark Antony Bimbela, presentó una lista de criterios que incluye conocimiento y dominio del derecho en su área de práctica; conocimiento y dominio de los principios generales del derecho sustantivo y procesal; publicaciones, escritos y alegatos jurídicos; capacidad analítica y aptitud intelectual y creativa; casos de importancia y notoriedad en los cuales haya participado, entre otros. Para la silla del Tribunal Supremo, Bimbela puntualizó que la persona que se designe deberá contar con requisitos adicionales como “conocimiento superior del derecho en general y del ordenamiento jurídico puertorriqueño, con particular énfasis en el conocimiento del derecho constitucional” e “imparcialidad e independencia de criterio, según definido en el Canon 8 de Ética Judicial”.
La gobernadora, antes que culmine su mandato, podría designar a una persona a la silla que desocupará la jueza asociada Anabelle Rodríguez en el Tribunal Supremo el próximo 24 de diciembre. En dicha fecha vencerá el término de Rodríguez como jueza del más alto foro judicial al cumplir sus 70 años, según los dispone la Constitución de Puerto Rico.
Bimbela, por su parte, no quiso opinar si el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz cumple con los criterios que delineó la colectividad y comentó que, de surgir como candidato, la comisión del Colegio de Abogados lo evaluará a la luz de los criterios que presentaron. Según ha trascendido, el líder senatorial podría ser considerado como un posible sustituto de Rodríguez en el Tribunal Supremo.
“Estos criterios permiten que cualquier persona pueda evaluar si los nombramientos que se hacen a la judicatura realmente son uno meritorio que cuenten y cumplen con todos estos criterios y que están ajenos a otras consideraciones que son las que llevan a la preocupación del pueblo y desconfianza”, dijo Bimbela.
Calcaño, además, opinó que el nombramiento para la silla del Tribunal Supremo deberá alcanzar el hemiciclo del Senado entre el 26 y el 31 de diciembre ya que es cuando surge la vacante en el foro judicial. Sin embargo, el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha apuntado a que la designación de un nuevo juez o jueza asociada podría ser evaluado antes del 24 de diciembre debido a que el retiro de Rodríguez responde a una fecha cierta dispuesta por ley.
Calcaño también mencionó que cabe la posibilidad que el Colegio de Abogados envíe una terna de candidatos y candidatas a la gobernadora para que sean considerados a la silla del Tribunal Supremo.