El comienzo de la reconstrucción de las obras de infraestructura esencial de mayor cuantía y envergadura — incluidos proyectos relacionados al suplido de agua, el servicio eléctrico, la educación y la recreación —, que se afectaron con el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017, podría tardar varios años más.
Hasta la fecha, sólo cuatro de los primeros 10 proyectos de recuperación que requieren mayor cantidad de fondos federales, cuentan con dinero obligado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los seis restantes se ubican en la etapa de formulación de proyectos ante la agencia federal, que es apenas el primero de 19 pasos de evaluación cuando se reclama una estructura que se haya afectado por una emergencia. Ese primer paso incluye la preparación de hojas de trabajo o project worksheets (PW), donde la entidad que reclama pérdidas a FEMA detalla los costos de la obra y el desglose de cualquier seguro aplicable. Completar toda la evaluación podría tardar meses e incluso años, reconocieron varios funcionarios del gobierno local y federal entrevistados por el CPI.
Estos diez proyectos que encabezan, por su cuantía, la lista de 5,207 reclamaciones que hasta el momento ha hecho el Gobierno de Puerto Rico por medio del programa de Asistencia Pública de FEMA, en las categorías de obra permanente, requieren de una evaluación basada en la Sección 428 de la Ley federal Stafford. Este proceso de evaluación alterno busca reducir al erario federal los costos destinados a restaurar infraestructura pública. Para la implementación de este procedimiento, FEMA desarrolla estimados para proyectos con costos fijos en colaboración con el Gobierno de Puerto Rico y con con las entidades solicitantes, que pueden ser agencias, entidades sin fines de lucro o municipios. Todas las reclamaciones bajo la Sección 428 obtendrían un 90% de aportación federal.
El proyecto que lidera la lista de las obras de infraestructura bajo la Sección 428 corresponde a un conjunto de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) — que incluye subestaciones, líneas de transmisión y distribución, edificios, embalses, entre otros —, que fueron consolidados en un solo proyecto de sobre $10,000 millones. Para este proyecto, FEMA obligó en septiembre de este año $9.4 mil millones.
Según Fernando Padilla, director ejecutivo de Proyectos y Asuntos Físicos en la AEE, la determinación de consolidar todos los activos afectados en un solo proyecto responde a que se pudieran “ejecutar las obras de una manera más resiliente y más confiable garantizando los estándares de códigos y seguridad para hacerlo en cumplimiento con los procesos de mitigación y con la estrategia de mitigación dentro del 428”.
Previo a la consolidación de proyectos, la reclamación de algunos de estos activos afectados de la AEE se había presentado ante FEMA de manera individual, incluso desde el año 2018. Padilla descartó que la consolidación suponga más atrasos. Sin embargo, reconoció que la reconstrucción de estas obras podría tardar hasta 10 años.
“Cualquier tipo de programa corre básicamente los mismos riesgos de obligación. La AEE viene obligada ahora a someter un plan de 10 años bajo la regulación (428), que es el que estamos trabajando ahora. Esperamos entregarlo a principios de diciembre”, dijo.
A pesar de que cuatro proyectos tienen dinero comprometido por FEMA — uno de ellos desde 2018 y los otros tres desde este año —, esto no asegura que las agencias recibirán el desembolso de estos fondos antes de que finalice el 2020. Una vez FEMA obliga fondos para un proyecto, la responsabilidad de desembolsar el dinero luego de que se completen los trabajos de construcción y se realicen evaluaciones e inspecciones de cumplimiento recae en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés).
En respuesta a preguntas del CPI, FEMA no precisó cuándo todos los proyectos bajo la Sección 428 completarán sus estimados de costos ni cuándo obtendrán la obligación de fondos, y se limitó a contestar que trabaja junto al Gobierno de Puerto Rico “para cumplir con la fecha límite de estimados de costos fijos de 428”, que es el 31 de diciembre de 2020.
Por su parte, el nuevo coordinador federal de Recuperación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, José Baquero Tirado, había dicho al CPI en septiembre que la meta de FEMA es llegar en diciembre de este año al 60% en fondos obligados para todos los proyectos que evalúa la agencia federal — incluídos los que se encuentran bajo la Sección 428. Estimó que se llegaría al 100% de las obligaciones de todos los proyectos reclamados en 2021.
El director ejecutivo del COR3, Ottmar Chávez Piñero, lanzó una proyección más conservadora al sostener que la obligación para todos los proyectos solo alcanzaría el 50% antes de fin de año. Aún así, coincidió con Baquero Tirado en que la totalidad de las obligaciones se alcanzaría en 2021, específicamente para verano. En una entrevista en septiembre, Chávez Piñero dijo al CPI que ya se habían obligado cerca de 3,000 proyectos de obra permanente. De esos, cerca de 2,021 eran proyectos pequeños y cerca de 960 eran proyectos grandes.
Los tropiezos de la reconstrucción bajo la Sección 428
El proceso de evaluación con la Sección 428, lejos de acelerar el desembolso de fondos, ha significado atrasos y lentitud para que se comiencen las obras de mayor alcance, según ha señalado el Gobierno de Puerto Rico en varias ocasiones, incluso al informar sobre el estatus de la recuperación ante el Congreso.
En 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Neváres manifestó ante el principal asesor en Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Douglas Fears, y el jefe de resiliencia y miembro del Consejo de Seguridad, Mark Harvey, la “necesidad de enmendar la Sección 428 de la Ley federal Stafford a fin de flexibilizar el uso de fondos federales asignados”.
Una expresión similar hizo en 2019 Omar Marrero, en representación del Gobierno de Puerto Rico durante una vista pública en el Congreso, en la que reconoció que la implementación de la Sección 428 había atrasado el proceso de recuperación post huracán.
“Varias decisiones de agencias federales han ralentizado nuestra recuperación posterior al desastre en comparación con la recuperación de desastre en otras jurisdicciones. Estas acciones amenazan la oportunidad y ejecución exitosa de nuestro Plan de Recuperación. Entre ellos se encuentran inconsistencias en la orientación de FEMA con respecto a la implementación de la Sección 428 de Procedimientos Alternativos para Asistencia Pública de trabajo permanente”, expuso Marrero ante el subcomité de Medio Ambiente del Comité congresional de Supervisión y Reforma.
La Sección 428 se aplicaría a todos los proyectos de obra permanente bajo el programa de Asistencia Pública cuyo costo supere los $123,100. Según Marrero, el principal problema respecto a aplicar este proceso alterno de evaluación es que “nunca antes se había utilizado” en su totalidad para atender un desastre en alguna jurisdicción o territorio de Estados Unidos.
“Esperamos que FEMA responda nuestra solicitud de enmendar el acuerdo ‘FEMA-Estado’ para dar cuenta de la implementación de este nuevo programa [428]. Lo más importante es que esperamos asegurarnos de que Puerto Rico lidere su propia recuperación, tal como lo pueden hacer todos los demás estados de la unión, y tener la capacidad de decidir de manera individual si es mejor la asistencia pública tradicional o el proceso 428 para cada proyecto de recuperación”, sostuvo en su ponencia en 2019.
Pero no fue hasta enero de 2020 que FEMA hizo cambios a la implementación de esta Sección 428 en el proceso de recuperación en Puerto Rico. La agencia federal dijo que a partir de ese momento, se canalizaría la reconstrucción de estructuras municipales y algunos proyectos de infraestructura — como las carreteras — descritos como “no críticos” mediante la Sección 406. A diferencia de la 428, las obras que se atienden bajo la Sección 406 no requieren que el Gobierno federal y quien solicita el dinero de recuperación acuerden o fijen previamente el estimado de lo que costará el proyecto propuesto.
En contraste, la Sección 428 le exige a FEMA, a COR3 y a la agencia, municipio u organización sin fines de lucro que solicita el dinero, ponerse de acuerdo en el costo total que tendría la obra para la que se reclaman los fondos. Los proyectos que se evalúan con la Sección 406 tampoco tienen que cumplir con el requisito de que su estimado de costo supere los $123,100, como sí exige la Sección 428.
Los proyectos de mayor cuantía bajo la Sección 428
Luego de los proyectos consolidados de la AEE, el segundo proyecto entre los primeros 10 de mayor cuantía bajo la 428 corresponde a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por la cantidad de $4,000 millones. Al igual que la AEE, el de la AAA se formuló bajo la Estrategia de Obligación Acelerada (FAAST, en inglés) de FEMA, mas no cuenta con ninguna obligación de fondos hasta el momento.
La AAA también tiene otros cuatro proyectos que figuran en la lista de los primeros 10. De este grupo, solo uno ha recibido alguna obligación de fondos. Se trata de un proyecto de diseño y arquitectura para obras permanentes que recibió una obligación de $180 millones de FEMA en 2018.
El tercer proyecto de mayor cuantía bajo la Sección 428 que cuenta con dinero obligado corresponde a la reparación de escuelas y otros edificios del Departamento de Educación, para el que FEMA asignó unos $2 mil millones.
Otros proyectos entre esos primeros diez son de la Universidad de Puerto Rico, para sus recintos de Ciencias Médicas y Bayamón, para los que se reclaman $66.2 millones y $56.8 millones, respectivamente. Ninguno de estos proyectos ha recibido obligación de fondos, según la información provista por COR3.
Asimismo, entre los principales proyectos se ubica una reclamación consolidada de instalaciones recreativas formulada por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Aunque este proyecto es uno de los cuatro que ya recibió obligación de fondos por $88 millones, el hecho de que algunos municipios solicitaron fondos para las mismas instalaciones provocó un problema de duplicidad de reclamaciones, según reveló el DRD en agosto. Esta situación ha retrasado los procesos de subasta, y por ende, la reparación de estos espacios recreativos en 20 municipios. En octubre, el DRD anunció que solo había logrado acuerdos con siete de los 20 municipios implicados en este impasse por la duplicidad de reclamaciones.
El atraso en la obligación de fondos para los proyectos bajo la Sección 428 podría ser mayor si se toma en cuenta que aún quedan proyectos que todavía permanecen en la etapa de formulación en FEMA y no han comenzado el proceso de evaluación para, eventualmente, recibir alguna obligación de fondos. De acuerdo con Roberto Méndez, subdirector ejecutivo de COR3, la lista suministrada por la agencia varía constantemente, “ya que hay proyectos en las etapas de formulación (ajustes de seguros, etcétera), revisión y obligaciones bajo la iniciativa FAAST, que alterarán estas listas”.
Al momento, los 5,207 proyectos ya registrados en esa lista de las obras que requieren evaluación bajo la Sección 428 totalizan una reclamación de $23.7 mil millones en fondos de FEMA.
Víctor Rodríguez Velázquez y Rafael R. Díaz Torres son participantes de Report for America
Este proyecto de investigación es posible en parte con el apoyo de Facebook Journalism Project.
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión orginal AQUÍ
