Este caso causó sorpresa entre los funcionarios en este departamento. Mujer aseguró ser la madre de más 170 niños para cobrar las ayudas alimentarias.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.
Entre estos hallazgos, en el municipio de Chimichagua en Cesar, una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en Fundación, en Magdalena, recibiendo raciones por todos.
“¿Qué hicieron y dónde están con las raciones que recibieron estas personas por ese número de menores? Por esto, desde la Contraloría General realizamos estas alertas, para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, aseguró la directora de la DIARI, María Fernanda Rangel.
“Esto tiene que parar. No pueden seguir los operadores proporcionándole las raciones a personas cuyos documentos de identidad indican que están reportadas como fallecidas”, afirmó también de forma tajante.
La entidad indicó que una vez fue declarada la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Programa Canastas Nutricionales contrató operadores para que suministraran raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registradas en el programa.
Desde esa fecha, la Contraloría identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes de menores que fueron reportados como fallecidos por la Registraduría Nacional.
Con este mismo seguimiento que realizó el Modelo de Analítica Descriptiva de la DIARI, se identificaron nueve menores cuyos números de identificación aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional como fallecidos, pero que en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF estarían siendo suplantados como beneficiarios, dado que su número de identificación esta registrado en las planillas, pero aparece asignado con otro nombre y apellidos.
La DIARI también generó 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a 12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.
La suma de esta alerta de la DIARI es de 2.241 millones aproximadamente, resaltó la Contraloría.
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