El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concedió hoy una segunda prórroga para la investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez y otros cinco funcionarios con relación al despido de la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar.
Según confirmó el personal de prensa del PFEI a Metro, los fiscales solicitaron una segunda extensión para culminar la pesquisa contra la mandataria luego de que el plazo venciera ayer 3 de diciembre. El dúo de fiscales, Leticia Pabón y Miguel Colón, ahora tendrán hasta el 19 de enero de 2021 para presentar los resultados de la investigación.
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La investigación en contra de la gobernadora se centra en el despido de la entonces titular del Departamento de la Familia, Andújar luego de esta iniciar una pesquisa interna y separar de su cargo a la entonces administradora de ADSEF, Surima Quiñones. Tras la acción de Andújar, personal de La Fortaleza solicitó a la exfuncionaria a que revocara la destitución de Quiñones. El informe de Justicia al FEI planteaba que el despido de Andújar fue en represalia por iniciar una investigación sobre alegaciones de corrupción en la entrega de suministros en el área sur de la isla tras los terremotos de enero.
Ante esto, las acciones de Vázquez y otros cinco funcionarios estarían siendo examinadas como posibles violaciones al Código Anti-Corrupción.
Extiende plazo a pesquisa contra Sandra Torres
Por su parte, el PFEI también concedió una extensión para la investigación contra Sandra Torres, presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, por organizar actividades de recaudación de fondos para Ricardo Rosselló en horas laborales. Bajo estos hechos, el FEI también investiga a Katherine Erazo García, asesora de Torres.
Para esta pesquisa, los fiscales tendrán hasta el 25 de enero de 2021 para presentar los resultados.
El PFEI indicó que del Informe de Investigación Preliminar surge que supuestamente durante horas laborables Torres López le solicitó al señor Exel López Vélez, que organizara una actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección del entonces gobernador, Dr. Ricardo Rosselló Nevárez. Además, se aduce que lo instruyó a que vendiera las taquillas de dicha actividad entre los empleados de confianza de Ia JRT’, las empresas de telecomunicaciones reguladas por la JRT y los contratistas de dicha entidad gubernamental.
