La Juez Ilyana del C. Blanco Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa probable para arresto contra Tamagira Beltrán Mulero en los 52 cargos radicados por Fraude, Apropiación ilegal agravada, posesión de documentos falsos y apropiación ilegal de fondos públicos.
Para el período de los años 2015 al 2017 la imputada Beltrán Mulero mantuvo un esquema fraudulento por medio del cual se apropió de la cantidad de $35,919.87 de los pacientes de la oficina dental para la cual laboraba. Así lo dieron a conocer la Secretaria Interina del Departamento de Justicia, Inés del C. Carrau Martínez, la Fiscal de Distrito Interina de la Fiscalía de San Juan, María E. Hernández Medina y el Fiscal de la División de Delitos Económicos Alexis Carlo.
La imputada fungía como secretaria y, era la encargada de cobrar a los pacientes, custodiar el dinero, hacer los cuadres diarios y entregar el dinero a la Dra. Victoria Peralta, querellante en este caso, dentista de profesión y dueña de la oficina en San Juan. Beltrán Mulero cobraba en efectivo a los pacientes por concepto de los servicios prestados por la doctora y no los entregó. El referido esquema de la hoy imputada se resume a recibos alterados, doble facturación y además no reportaba las cantidades cobradas a los pacientes.
La investigación estuvo a cargo de las fiscales Leilani Dominicci-Vázquez y Brenda Rosado Aponte en coordinación con los agentes Beatriz Reyes Del Valle y Bienvenido Cirino Ayala del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Por otra parte, Beltrán Mulero presentó información fraudulenta en la Solicitud de Beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), mientras trabajaba para la doctora Victoria Peralta. A consecuencia de ello, recibió beneficios que no le correspondían y se apropió de $5,148.14 de fondos públicos, para el periodo de 2015 al 2017.
A Beltrán Mulero le radicaron cargos por violación al Artículo 182 – Apropiación Ilegal Agravada; violación al Artículo 217 – Posesión y Traspaso de Documentos Falsos; violación al Artículo 202 – Fraude; por violación al Artículo 182 – Apropiación Ilegal de Fondos Públicos.
La Jueza Blanco Maldonado le impuso una fianza global de $26,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).
La vista preliminar fue señalada para el 28 de diciembre de 2020.
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